Edna Lorena Fuerte
2015-11-09
El objetivo del desarrollo local es construir las capacidades institucionales y productivas de un territorio definido, con frecuencia esto se refiere a una región o municipalidad, a fin de mejorar su futuro económico y la calidad de vida de sus habitantes.
Esta definición nace de un consenso entre diversas instituciones globales tales como el Banco Mundial, Naciones Unidas, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y CAF –Banco de Desarrollo de América Latina–, así como de académicos y profesionales con experiencia en el área.
Hay reconocimiento cada vez más puntual de que el desarrollo local hace una contribución importante a la mejora del desempeño económico nacional y ofrece beneficios de largo alcance.
De hecho, en los últimos años, este tipo de desarrollo ha ganado una importancia crítica debido a la creciente competencia global, la movilidad poblacional, los avances tecnológicos y las consecuentes diferencias espaciales y desequilibrios territoriales.
Y es que un desarrollo local efectivo puede contribuir a la reducción de disparidades; generar empleos y multiplicar empresas; aumentar la inversión total del sector privado; mejorar los flujos de información con los inversionistas, además de aumentar la coherencia y confianza de la estrategia económica local.
Estas transformaciones suelen incluir incentivos para el desarrollo de la mano de obra, como pueden ser el mejoramiento de la productividad de la infraestructura, el atractivo del ambiente empresarial y la calidad de vida disponible. Nuestro país aún está en el proceso de reconocer las capacidades institucionales de las regiones y municipios.
En los gobiernos locales el esfuerzo de descentralización y democratización del poder está en un proceso que no acaba de consolidarse al punto de que los gobiernos locales puedan ajustar los núcleos de su economía local y rediseñen oferta y estrategia basada en el conocimiento.
En este contexto es relevante la publicación que hace unos días hizo, en esta nuestra casa editorial, Martín Orquiz, quien de manera puntual retoma las evidencias que ha publicado la SEP respecto del bajo nivel de inglés que tenemos como habitantes de Juárez y que influye en el bienestar económico de cada trabajador y del conjunto.
Es indudable que la visión centralista de las políticas públicas educativas apenas da un vistazo a la frontera y a la importancia de un segundo idioma como algo fundamental y no accesorio.
Por supuesto, los gobiernos locales, el nuestro en particular, de cualesquier color, no ha tomado este elemento como herramienta de desarrollo integral, sigue siendo una variable para los que pueden costear el aprendizaje del inglés y no un factor de peso que puede utilizarse para obtener más apoyos federales e incluso internacionales, simple y llanamente por nuestra posición geográfica y por supuesto, lo que aportamos al PIB nacional.
Es momento de políticas públicas locales que propicien transformaciones productivas que involucren esfuerzos explícitos para reposicionar la economía local dentro de los mercados internacionales y, así, impulsar una mejor inserción productiva y un mayor bienestar y armonía en los ciudadanos.