Hipócritas y escapistas

Luis Javier Valero/Analista político

Lanzado el cascabel por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sorprendió (o quizá, no) la respuesta de las “buenas conciencias” acerca de la supuesta “legalización” de la mariguana, que en realidad es el otorgamiento del amparo a la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Tolerante y Responsable (Smart), que en 2013 solicitó a la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) un permiso para ejercer derechos correlativos al autoconsumo de mariguana.
La presidencia de la República se apresuró a “precisar” que lo aprobado por la SCJN no se trataba, en modo alguno, de la legalización de esta droga.
Pero en ningún momento, lanzó la idea de que podrían considerar la puesta en vigor de diversas medidas para prevenir las adicciones o para el establecimiento de un programa nacional de atención a los adictos.
Incapaces de apreciar la tragedia que ocurre frente a nuestros ojos, los integrantes del grupo gobernante; pero no sólo, también una buena parte de la clase gobernante y de la sociedad, no atinan a proponer o aprobar estrategias que nos lleven a la disminución, tajante, de la violencia generada en el país, no por el consumo de las drogas, sino por el trasiego de ellas, pues la mayoría de los jóvenes involucrados en las drogas mueren, no porque sean consumidores, sino por ser traficantes de una actividad que es, finalmente, para ellos y sus patrones, solamente un negocio.
Hipócritas, no reconocen tal realidad y nos espetan discursos y discursos acerca del combate al narcotráfico y de la recuperación de los “valores”, cuando en realidad no les importa la suerte de millones de jóvenes -la absoluta mayoría, pobres- que, o mueren en las calles y rancherías de todo México, o viven, recluidos en los penales.
Y son escapistas, porque ante tal realidad, lo único que atinan a realizar son reformas para acrecentar las penas a los traficantes de drogas y a promover y aprobar, año tras año, mayores presupuestos para aumentar las policías y comprar más y más mortíferos armamentos, sin que el problema se atenúe, por lo menos.
Pero no en todos los rubros de este género crecen los presupuestos. De acuerdo con el proyecto de inversión presentado por la Secretaría de la Defensa Nacional ante la Secretaría de Hacienda, solicitó mil 827 millones de pesos para el 2016 a fin de comprar cinco radares tridimensionales de largo alcance, Ground Master-400, debido a que “carece de radares terrestres para monitorear vuelos ilícitos en el norte del país, y el equipo con el que cuenta sólo cubre 32% del territorio nacional”. (Nota de Reforma, 20/IX/15).
¡Afirma que en la parte norte de la República Mexicana no existen “medios de detección que coadyuven a dicha vigilancia, reflejando que existan gran cantidad de tráficos ilícitos que llevan a cabo sobrevuelos en esa porción del país”, indica el Comandante de la Fuerza Aérea Mexicana, Carlos Antonio Rodríguez Munguía, en la justificación del proyecto. (Idem).
Entre las entidades que se beneficiarían de tal adquisición se encuentra Chihuahua. En el norte del país, dicen los militares, para cubrir la vigilancia, dependen de la información de EU.
Ante el alud de opiniones desatadas por la resolución de la SCJN, no se advirtió que los promoventes del amparo, además de no ser consumidores de la mariguana, son integrantes de organizaciones que han clamado por el urgente cambio, drástico, en el combate al narcotráfico; es un fracaso la política gubernamental, sostienen.
No han detenido el flujo, a pesar de las enormes fortunas públicas gastadas en ese combate, y las consecuencias de esa manera de combatir al narcotráfico ha generado más violencia.
La resolución dará pie al establecimiento de un gran debate, que puede llevar, por lo menos, a combatir una buena cantidad de los mitos atribuidos, en general, al consumo de drogas, y en particular, al de la mariguana.
Es que desde la óptica oficial es más fácil atribuir al consumo de drogas los elevados niveles de delincuencia, que a los profundos desequilibrios sociales y a la extendida pobreza en el país.
Algo de eso anotó en su proyecto de resolución el Ministro de la SCJN, Arturo Zaldívar, al sostener, por ejemplo, que “la mariguana por sí misma no induce a la comisión de delitos violentos, sino todo lo contrario; inhibe los impulsos de agresión del usuario, pues en general produce estados de letargo, somnolencia y timidez… De acuerdo con la información disponible, en México sólo el 10% de las personas que cometieron algún delito lo hicieron bajo el influjo de alguna droga, y de éstos sólo el 11% había consumido mariguana”. (Nota de Reforma, 19/X/15).
Y lo precisa al sostener que aunque la tasa de consumo de mariguana es mayor entre las personas que han delinquido, “ello probablemente se deba a que la comisión de delitos y el consumo de mariguana tienen como origen las mismas causas sociales.
Por lo demás, es evidente que si algunos consumidores enfrentan cargos penales es precisamente porque el consumo de mariguana también está penalizado”. (Idem).
Si bien el proyecto de Zaldívar no minimiza los daños que puede ocasionar la mariguana en el consumidor mayor de edad, entiende que la decisión sobre su uso sólo le corresponde tomarla a cada individuo.
Ya desde el año pasado, el Consejo Editorial del influyente periódico The New York Times decía que “creemos que la evidencia es abrumadora de que la adicción y la dependencia (a la mariguana) son problemas relativamente menores, sobre todo en comparación con el alcohol y el tabaco.
El uso moderado de marihuana no parece representar un riesgo para los adultos sanos. Las afirmaciones de que la marihuana es una puerta de entrada a drogas más peligrosas son tan fantasiosas como las imágenes ‘Reefer Madness’ del asesinato, la violación y el suicidio”. (NYT, 27/VII/14).
Otro mito es el del incremento en el consumo de drogas. La Encuesta Nacional de Adicciones reveló que se ha detenido el aumento en el consumo de droga y ha crecido el del alcohol en adolescentes. (Nota de Reforma, 29/X/12).
Si bien en el período previo anterior 2002-2008 se había duplicado el consumo de estupefacientes, “de .7 por ciento a 1.4 por ciento, entre 2008 y 2011 el indicador se estabilizó en 1.5 por ciento”. (Idem).
La política contra las drogas la dicta el gobierno norteamericano. La más reciente información, fruto de una investigación periodística, demuestra que a lo largo de la historia, la DEA ha negociado con los narcos en México a espaldas del gobierno. (Nota de El Universal, 6/I/14).
Y es un completo fracaso el combate gubernamental al tráfico de estupefacientes: “En los dos años completos que han transcurrido del mandato del presidente Enrique Peña Nieto han ocurrido 42,732 homicidios dolosos, cantidad que supera, en promedio, al del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa”. (Nota de Alejandro Salmón, ahoramismo.mx, 20/VII/15).
Juárez dejó de ser la meca de las ejecuciones, pero Parral se ubicó entre  los municipios con mayor tasa de homicidios en el 2014. Fue el 4to. más violento de México, con una tasa de 50.5 por cada 100 mil habitantes, según el Estudio del Observatorio de Seguridad Pública y Justicia Penal. (Nota de la Redacción, El Diario, 14/V/15).
Por desgracia no estuvo solo, en el tercer lugar está Juárez con 28.88 por cada 100 mil habitantes, Cuauhtémoc en el lugar 29 con 22.28, Chihuahua capital en el 33 con 21.19 y Delicias en el 118 con 8.87. Por otra parte, se ubicó a la capital del estado, Juárez y Parral con alto índice de violaciones y agresiones sexuales. (Idem).
Las evidencias del fracaso las aportan distintas fuentes. A principios del año pasado, el Jefe de la Región Militar 11, General Cuauhtémoc Antúnez, sostuvo que “El problema de la siembra y comercialización de droga en la zona serrana de Chihuahua no tiene solución”. Dijo que “se han logrado avances en el combate a los grupos del crimen organizado, pero la realidad es que la siembra de droga tiene décadas y no podrá ser erradicado”. (Nota de Orlando Chávez Echavarría, El Diario, 11/II/14).
Cosa semejante declararía Adam Isacson, director del Programa de Política de Seguridad Regional de la Oficina de Washington sobre América Latina (WOLA), al sostener que pese al blindaje de la frontera de EU, aumenta 800% el cruce de droga, en contraste, paradójicamente, con el del flujo de migrantes. (Nota de La Jornada, 11/IX/12).
Ello, a pesar de contar con una flota de cuatro aviones no tripulados, o de que se haya incrementado hasta en cinco veces el número de agentes de la CIA, el FBI y la DEA.
Y una que duele extraordinariamente. De acuerdo con el fiscal general, Jorge Enrique González Nicolás, están sin resolver 9 mil homicidios cometidos entre el 2007 y el 2010 (Nota de Heriberto Barrientos, El Diario, 11/VII/15), simplemente porque las dependencias encargadas de la procuración de justicia fueron avasalladas por la oleada homicida.
Esa es la veta de la utilidad de la legalización del tráfico de mariguana, el de la disminución de la violencia generada; otra es la de la del libre desarrollo de la personalidad, referente a “entre otras, la libertad de contraer matrimonio o no hacerlo; de procrear hijos y cuántos, así como en qué momento de su vida, o bien, decidir no tenerlos; de escoger su apariencia personal; su profesión o actividad laboral; y, por supuesto, la libre opción sexual, pues todos estos aspectos, evidentemente, son parte de la manera en que el individuo desea proyectarse y vivir su vida y que, por tanto, sólo él puede decidir en forma autónoma”. (De la resolución).
O de la defensa de los derechos, efectuada por el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, presidente de la Primera Sala, cuando sostuvo: ‘‘Lo que no permite nuestra Constitución es hacer nugatorio un derecho humano, como lo es el libre desarrollo de la personalidad, de la dignidad, la intimidad y la libertad de conciencia, por lo que es inconstitucional la prohibición absoluta del consumo de la mariguana…”.
Es, apenas, el inicio del debate, de ahí que parezca pertinente el señalamiento de César Gaviria, el ex presidente colombiano: “Hemos abandonado en manos criminales un mercado de 300 mil millones de dólares. Hay que acabar con la prohibición, el Estado debe regular el mercado de la droga”. (El Universal, 7/XI15).