El debate por la mariguana

Javier Cuéllar/Analista político

La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió esta semana un fallo que otorgó un amparo para que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) otorgue un permiso para sembrar, cultivar, preparar, acondicionar, poseer, transportar y consumir mariguana a integrantes de la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante (SMART).
Por el momento, sólo cuatro individuos tendrán ese derecho. Los que demandaron el amparo de la justicia federal ante la SCJN son: Josefina Ricaño Nava, Armando Santacruz González, José Pablo Girault Ruiz y Juan Francisco Torres Landa.
A partir de la histórica sentencia de la Corte, la Cofepris deberá expedirles a ellos el permiso que les había negado para realizar todo el trasiego de la mariguana, pero no para el comercio. Sin embargo, para que los amparados puedan operar, la autoridad sanitaria deberá expedir ciertas reglas. En vista de que no existe legislación alguna al respecto en el país, el órgano del Ejecutivo tendrá que dictar las medidas regulatorias de acuerdo a sus facultades. Conseguir la semilla para sembrarla será fácil aunque no legal, pero creo que esto está implícito en el beneficio de cultivar la controvertida planta.
Lo importante de esta sentencia de la Corte radica en que, por fin, el gran debate nacional sobre la legalización de las drogas ha comenzado en nuestra sociedad mexicana, que siempre ha estado sujeta a lo que ordenen las autoridades norteamericanas sobre el trasiego de las drogas. Aún ahora que el consumo de la yerba está legalizado en por lo menos 24 estados de la Unión Americana y todo el proceso de cultivo, hasta el consumo con fines recreativos, se encuentra autorizado.
Este esquema permisivo en el vecino país ha constituido una gigantesca fuente de ingresos para los ciudadanos que se han dedicado al negocio legítimo de las drogas y una fuente muy grande de entradas fiscales para el gobierno, a un grado que nunca imaginaron.

***

¿Qué sigue? Lo bueno del fallo de la Corte mexicana es que no adoptó el hipócrita pretexto de autorizar el trasiego de la droga para fines medicinales, le entró de lleno al consumo por diversión o simple vicio, llamando a las cosas por su nombre. Nuestras autoridades tienen décadas acatando el modelo prohibicionista por dos razones: una, porque el gobierno de Estados Unidos así se los ha ordenado por la autoridad que les da el que somos el patio trasero de Norteamérica; y dos, porque en el esbozo prohibicionista las autoridades mexicanas han encontrado un medio efectivo para extorsionar sistemáticamente a la población mexicana afecta a ese trasiego.
Todo el mundo sabe que gracias al esquema prohibicionista se forma el mayor porcentaje del llamado presupuesto negro que es la fuente de riqueza ilícita más abundante del mundillo político y policíaco mexicano, que llegan a obtener sus sueldos e ingresos por corrupción de la guerra contra las drogas.
En estas dos vertientes, prohibicionista y permisiva fingida, nuestro país ha sufrido la ola de violencia y convulsiones más sanguinaria que registre nuestra historia durante el último siglo y la situación de zozobra y confusión de nuestro tiempo, y si hemos de estar a lo aseverado por José Gil Olmos en la revista Proceso tenemos que: “aunque la aprobación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no implica la comercialización y distribución, detrás de esta decisión hay un tema muy importante que es empezar a poner fin al poder económico del crimen organizado, que ya se ha fundido con el poder político, trayendo consigo tragedias como la muerte violenta de más de 150 mil personas, 30 mil desaparecidos y medio millón de desplazados, que son consecuencia directa del negocio ilícito de las drogas”.
De esos muertos, más de 11 mil corresponden sólo a Ciudad Juárez. Además están unos 250 mil exiliados y miles de desaparecidos que nos dejó esa guerra violenta entre el 2008 y 2012 en esta región. Total, un verdadero holocausto. Los muertos y la criminalidad en general siguen una línea ascendente en algunas regiones como Michoacán, Guerrero, así como la Ciudad de México y a los adictos se les está dando una atención nula.
Lo que podemos esperar es que, al estilo clásico de nuestras autoridades, se venga en forma inmediata un alud de demandas de amparo que pronto se llegue a establecer una jurisprudencia, que siga la misma línea del concedido a los integrantes SMART, al que nos estamos refiriendo, pero hasta que la legislación no avance en el camino recto de legalizar todo el proceso de la mariguana, desde su siembra hasta su consumo, y que la ciudadanía afecta al enervante siga siendo presa fácil, ahora más abundante, de la extorsión policiaca y administrativa como lo ha venido siendo hasta ahora.
Y es que, nuestras autoridades, no van a renunciar fácilmente al gordo filón de dinero que para ellas representa el esquema prohibicionista administrativo que se creará a raíz del amparo concedido. ¡¿Los de la Cofepris serán ahora los nuevos ricos?!

***
¿A quién beneficial la prohibición? El trasiego de la mariguana y de la droga en general, hasta ahora ha sido el activo económico que ha permitido que el crimen organizado atesore las fabulosas sumas de dinero que actualmente recibe. Por esa nueva fuente de corrupción, extorsiones y abusos que se crea, es que resulta urgente que el Senado y la Cámara de Diputados legislen rápidamente para expedir las normas legales claras que le permita a la comunidad adicta satisfacer su vicio libre de extorsiones policiacas y que ya no, al ser detenido un ciudadano pueda salir de prisión en tres días y mediante una jugosa mordida del tamaño que sea. Nada de eso, lo que se requiere es que el consumidor o cultivador personal ni tan siquiera pueda ser detenido y tenga que corromper a las policías en todos sus niveles. Con la legalización se les acabará este negocio y su fuente de ingresos. Pero si el pueblo mexicano ha padecido dolorosamente el flagelo de los narcotraficantes, no menos cierto es que lo más duro de este holocausto lo ha sufrido de parte de las autoridades policiacas de todos los niveles que han saqueado y extorsionado a la ciudadanía con más dureza y crueldad desde su sitial de autoridad cuando, supuestamente, debieran ser los guardianes de la ley y el orden.
La historia nos muestra que algunos de los individuos que buscan ingresar a los cuerpos policiacos lo hacen impulsados por la seguridad de hacerse inmensamente ricos a base de estas extorsiones a la ciudadanía. En este punto paradójicamente los viciosos y sus familias ocupan el triste papel de víctimas del crimen organizado, de las policías y de su desagradable vicio.
Bueno, pues esto es lo que se debe evitar pues bástale al desgraciado y a su familia la pena del suplicio que su conducta dependiente del enervante les atrae, sin la necesidad de la violencia, las extorsiones y los maltratos que les infieren todos los criminales y sus socios los policías.
¿O dígame usted quien paga las abusivas mordidas que las policías exigen a los viciosos para dejarlos en libertad? ¡Pues sus familias!
Por eso Leo Zuckerman nos dice que para que (las cooperativas o sociedades de cultivo y consumo responsable de la mariguana) puedan operar, la autoridad sanitaria deberá expedir ciertas reglas. En vista de que no existe legislación alguna al respecto, el órgano del Ejecutivo tendrá que dictar las medidas regulatorias de acuerdo a sus facultades. Pero lo que en realidad es importante en lo que viene es que el Poder Legislativo tome cartas en el asunto y legisle al respecto. Si la prohibición de la cannabis contemplada en la Ley General de Salud es anticonstitucional, porque lesiona el ejercicio del libre albedrío, pues éste ordenamiento jurídico debe reformarse.

***
¿Que sólo los caminos queden sin sembrar?
Y, si el consumo de la mariguana ya está permitido para cuatro personas en el país, pues hay que legislar en qué condiciones y con qué modelo lo podrán hacer. Es evidente, por ejemplo, que debe prohibirse su consumo y suministro a menores de edad (como el alcohol) y en lugares públicos cerrados (como el tabaco). Es también indiscutible, como está enfatizado en el proyecto de sentencia del ministro Arturo Zaldívar, que la comercialización de la yerba quede prohibida: que el modelo permitido es de clubes de autoproducción y autoconsumo, como ya existen en España, en los Estados Unidos y en otros países.
Tal vez deba convocarse a un gran plebiscito nacional para que sea la ciudadanía la que apruebe la reglamentación y la legalización de la mariguana, porque por ahora, y aún que esta permisividad, se convierta en jurisprudencia obligatoria, nadie puede todavía correr a sembrar su pequeño jardín de cannabis porque será victima de la ira de la competencia del crimen organizado y la codicia insaciable de las policías.
Habrán de esperar y seguir afectos a su proveedor autorizado actual.
Es previsible que como fruto primario de este amparo concedido, muchos jóvenes y viejos tengan la posibilidad de salir más pronto de la prisión que actualmente sufren porque sus familiares no pudieron pagar la mordida policiaca, debido al cambio de criterio y eso además de justo debe darnos la posibilidad de inscribirlos en un centro de rehabilitación como debió de haber sido desde un principio, esto aliviará en grave hacinamiento que existe en nuestras cárceles.
Hasta ahora, los partidos de izquierda, que son especialistas en plantear normas permisivas exóticas como los matrimonios entre personas del mismo sexo, el aborto, la eutanasia etcétera, han encabezado la cruzada por la legalización de la mariguana, pero para que este debate nacional tenga éxito, el que nunca se dio con la fracasada guerra contra casi todos los narcos, deben no sólo todos los partidos, sino la sociedad en general. El debate ya comenzó.