Respuestas que los comisionados ignoraron

Jorge Fernández Menéndez

Distrito Federal- El Ejército ha sufrido, en lo que va de esta administración, más de 940 agresiones, y Tlatlaya fue una más de ellas.

El alto comisionado para los derechos humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, concluyó su visita a nuestro país con un informe en el que sostuvo, como su punto más relevante, que el Ejército se tiene que retirar de las calles, además de hacer suyo el controvertido informe preliminar que presentó en días pasados la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El 8 de julio pasado publicamos una larga entrevista que le hicimos al secretario de la Defensa, el general Salvador Cienfuegos, sobre estos y otros temas, porque, hay que decirlo, tanto el alto comisionado como los miembros de la CIDH continúan una línea discursiva en la que distintos grupos que participan también de esas instituciones, sobre todo en la Comisión Interamericana, han insistido en el pasado. Esto fue lo que nos dijo en julio pasado el secretario de la Defensa Nacional.

“Si me ordenaran que mañana a las seis de la mañana no haya un soldado en las calles, si ahorita me lo dijeran, mañana no habría en las calles un solo soldado, pero si eso ocurriera yo me lo imagino como aquella película Un día sin mexicanos. Yo me pregunto quién tomaría la decisión de que las Fuerzas Armadas regresen a sus cuarteles ante la exigencia de la sociedad de que sigamos estando en las calles para protegerlos.

“Hemos logrado desarticular —sostuvo— los grandes cárteles, que se van fragmentando y convirtiéndose en bandas que pelean entre sí y que extorsionan, roban, secuestran, matan… Eso es lo que le molesta al ciudadano… que se metan a su casa, que le roben su vehículo, que le secuestren a un familiar, que lo extorsionen en su negocio” y para combatir esos delitos se requiere reconstruir a las policías, pero lamentaba no ver que “se avance a la velocidad que, por lo menos nosotros, quisiéramos”. Si no tenemos policías, insiste, “ningún concepto va a funcionar”.

Se extrañaba de que no se puedan sacar adelante leyes para regular la participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad interior y que haya quienes piensen que, si se aprueban esas leyes, el Ejército no querrá regresar de las calles a los cuarteles.

Sobre Ayotzinapa, el general destacaba en la entrevista que no era su responsabilidad salir de los cuarteles aquella noche del 26 de septiembre, como no habían salido en más de cien movilizaciones que habían hecho esos jóvenes en Tixtla, en Chilpancingo, en Iguala con anterioridad. Recordó que los responsables de los hechos están detenidos y siendo procesados, que penalmente no hay responsabilidad alguna de la institución militar, insistió en que los cuarteles del Ejército mexicano están abiertos todos los días para la sociedad, pero sostuvo que, ante quienes quieren ir a esos cuarteles a supuestamente investigar sobre ese capítulo, “no estamos dispuestos a permitirlo, es un señalamiento que no es propio para nosotros porque no hemos cometido nada… todos los que han tenido que ver con esto no tienen posibilidad de señalar la más mínima participación del Ejército”.

En el caso Tlatlaya, el general Cienfuegos recordaba que el Ejército ha sufrido, en lo que va de esta administración, más de 940 agresiones, y Tlatlaya fue una más de ellas. “Yo he insistido en que es importante, urgente, que se lleve a cabo el juicio y si nosotros somos responsables, que cada quien reciba el castigo que le corresponda, pero si no lo son, que se diga claramente que los soldados son inocentes” (como ha ocurrido por lo pronto con cuatro de ellos esta misma semana). Hasta allí la larga entrevista con el general Cienfuegos, publicada en Excélsior el 8 y 9 de julio y transmitida un día antes en televisión en el programa Todo Personal de Proyecto 40. La respuesta se había presentado antes de que el alto comisionado y la CIDH dieran a conocer sus informes. Ambos ignoraron esas respuestas.

Por cierto, la CIDH tiene una tarea urgente que asumir en la capital del país y en su ciudad más cercana: los homicidios causados por el enfrentamiento entre bandas de narcomenudeo, por la proliferación de armas y por la violencia familiar se han disparado. En lo que va del año, en la capital han habido 120 ajusticiamientos y en la ciudad más cercana, suman ya, en lo que va del año 257. Pero no se equivoque usted, no estamos hablando de México sino de Estados Unidos, de su capital, Washington DC, y de Baltimore. Sólo para comparar: DC y Baltimore son ciudades del tamaño de Saltillo, Coahuila. En ese estado, que estuvo tan azotado por la violencia, en los primeros diez meses del año pasado hubo 364 homicidios, de los cuales 196 fueron por ajustes de cuentas entre grupos criminales. O sea que en todo Coahuila, incluyendo Saltillo y Torreón, ha habido menos homicidios causados por la violencia del narcotráfico que en las ciudades de Washington y Baltimore. Ojalá la CIDH tome cartas en el asunto y exija una investigación in situ al gobierno de Estados Unidos: ahí lo tienen fácil, Washington DC es donde viven los comisionados.