La Columna

De Los Reporteros

-Cerrado en materia penal el caso Dunas con el pago de indemnización a familia de la única víctima fatal; queda abierto para establecer responsabilidad de autoridades, pero sería de tipo administrativo y en la FGE ven improbable que se finquen cargos a funcionario alguno

-A diferencia de lo ocurrido aquí, en Chihuahua la herida por el AeroShow sigue abierta; víctimas y sus familiares siguen sin recibir justicia, porque se antepusieron intereses políticos

Un Tribunal de Garantía aprobó ayer el sobreseimiento parcial del proceso penal iniciado contra el piloto que presuntamente provocó la muerte de una asistente al espectáculo de arrancones realizado en las Dunas de Samalayuca, al embestirla con un vehículo alterado, para cuestiones prácticas ese caso está prácticamente cerrado luego de que los familiares de la única víctima fatal llegaran a un acuerdo con los presuntos responsables –particulares y autoridades– para otorgarles el perdón total por el delito de homicidio imprudencial.

Hubo de por medio una indemnización de 350 mil 500 pesos, equivalentes a 5 mil días de salario mínimo.

El delito de lesiones no tiene mayor impacto en el caso, porque se trata de las denominadas “no menos no” –no ponen en riesgo la vida y no tardan más de 15 días en sanar–, y además existe el compromiso de cubrir los gastos médicos que la atención de estas genere, al igual que para la reparación de los daños materiales causados.

Aunque se informó que el próximo 19 de octubre se llevará a cabo una audiencia de formulación de cargos en contra del organizador del espectáculo, Gilberto Galván, alias El Kochiloco, y el funcionario ejidal Javier Jiménez Moreno, la realidad es que será mero trámite, porque desde el punto de vista penal ya no hay delito qué perseguir.

El expediente continúa abierto para determinar si hubo responsabilidad por parte de alguna autoridad, ya sea por omisión o alguna otra causal, y el delito a investigar es Ejercicio Indebido del Servicio Público, pero de acuerdo con la Fiscalía General del Estado esa responsabilidad ya no sería de tipo penal sino administrativa.

Consideran en esa dependencia que la probabilidad de que se finquen cargos contra algún funcionario son mínimas, debido a que el perdón otorgado incluye a las autoridades, y la responsabilidad se establece en razón del daño causado, que en este caso sería el homicidio imprudencial de Laura Micaela Minjárez Vázquez, que ya fue sobreseído.

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Quienes por diversas razones dimensionaron el caso Dunas al nivel del AeroShow, seguramente no estarán de acuerdo en la manera en que se llegó a la conclusión legal del incidente en Samalayuca, sobre todo porque en Chihuahua la herida continúa abierta luego de dos años y las víctimas siguen esperando justicia.

De las personas sujetas a proceso sólo el chofer, Panchito, ha recibido formal sentencia y el comandante Domínguez, titular de Protección Civil, fue absuelto legalmente de la demanda penal. El resto, Javier Torres Cardona, Guillermo Ávila, Eliot Castillo, el empresario organizador del Aeroshow, y Luis Felipe Valdez, representante legal de la A.C. que participó como coorganizadora, siguen sujetos a un proceso empantanado.

Si el interés de las autoridades competentes fuese administrar justicia, los casos particulares de todos los involucrados estarían resueltos. No se pide que todos sean declarados sumariamente culpables, simplemente un dictamen judicial que defina de manera clara y sin ambigüedades su estatus jurídico en torno al caso.

La ausencia de resoluciones judiciales definitivas, luego de dos años, explica el hecho de que, a diferencia de lo que sucedió ayer en esta frontera, las víctimas no hayan recibido una indemnización. Allá piden que sea el Gobierno Municipal quien se responsabilice de ello, pero el alcalde Javier Garfio alega que no puede hacerlo debido a que ninguna autoridad ha mandatado al ayuntamiento a que las indemnice.

Es un hecho que en todo el proceso han privado los intereses políticos sobre los de la justicia. Si desde un primer momento hubiesen concentrado los esfuerzos en atender el caso desde el punto de vista legal, con todas sus aristas, ahora no estaría reducido a la inhabilitación o no del exalcalde Marco Adán Quezada.

Las actuaciones judiciales en torno al AeroShow estuvieron determinadas, según personas cercanas al caso, en razón de las fechas político-electorales, por ello se alargaron los juicios, negándoles a las víctimas y sus familiares la justicia que merecen.

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Preocupados por la suspensión de espectáculos masivos en la zona de las Dunas, representantes de los ejidos Villa Luz y San Isidro, acudieron la mañana de ayer a entrevistarse con el alcalde Enrique Serrano Escobar, no lo encontraron, pero fueron atendidos por el secretario del Ayuntamiento Jorge Mario Quintana Silveyra.

Héctor Hernández, presidente del comisariado ejidal de San Isidro llevaba la voz cantante por parte de los ejidatarios, aunque también lo acompañaron Javier Meléndez, ex presidente seccional de Samalayuca y representantes del ejido Villa Luz.

Antes de entrar con Quintana, Hernández declaró a Los Reporteros que iban en son de diálogo, que su interés es saber qué espectáculos están prohibidos momentáneamente y cuáles pueden seguir realizándose. “Porque cada semana se realizan eventos ya sea en el Valle o en Samalayuca que pudieran considerarse masivos, y no queremos que se suspendan porque no se nos otorga el permiso correspondiente”, dijo.

El secretario del ayuntamiento les dijo que cualesquier espectáculo se puede realizar siempre y cuando cumplan con los requisitos que establecen los diversos reglamentos, ya sea de comercio, protección civil, etc. “Si cumplen con lo que marca la norma se reanuda el otorgamiento de permisos, así de sencillo”, les comentó el funcionario.

Cuando salieron, los ejidatarios dijeron que no quieren estar en la ilegalidad, pero necesitan saber sobre qué bases legales deben trabajar y si no hay apertura por parte del Gobierno para darles oportunidad de seguir trabajando en el desarrollo de espectáculos, que consideran sanos y que sirven para atraer turismo, no descartan ir a los amparos y manifestaciones, pero creen que el presidente municipal sabrá apoyarlos.

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El pasado domingo se realizó el Congreso Estatal de Morena (Movimiento de Regeneración Nacional) en la ciudad de Chihuahua, en la cual participaron delegados de los nueve distritos electorales del estado, electos por voto directo una semana antes en asamblea distritales.

En ese evento se eligió a la mesa directiva del Consejo Estatal de ese organismo político, y como nuevo presidente fue elegido profesor Martín Chaparro, quien sustituye en el cargo de Víctor Quintana Silveyra.

Juan Carlos Loera de la Rosa quedó en la Secretaría general, mientras que a Andrés Domínguez corresponde la Secretaría de Organización; en la Secretaría de Finanzas fue elegida Ana Estrada, y Jorge Medina en la Secretaría de Asuntos Indígenas y Campesinos, todos ellos con residencia en esta frontera.

El sector juvenil estará representando principalmente por militantes que residen en la capital del Estado, como Fernando Duarte, Secretaría de Jóvenes; Osmand González, Secretaría de Trabajo; Zyanya Sandoval, Secretaría de Comunicación; Fernando Félix, Secretaría de Derechos Humanos y Sociales, y Ximena Reyes García en la Secretaría de Formación Política.

La Secretaría de Arte y Cultura correspondió a Ruth Grajeda, de Cuauhtémoc, mientras que la Secretaría de Mujeres a Mary Tere Meraz, de Casas Grandes. Se eligió además una Comisión de Ética Partidaria, integrada por militantes de diferentes municipios.

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Ayer comentamos en este espacio que el Fraccionamiento Eco 2000 es tierra de nadie, que son pocos los vecinos que viven dentro de la legalidad, los cuales están hartos de vivir en riesgo por las conexiones irregulares a la red de energía eléctrica y a la de agua potable.

Habrá que agregar que ese desarrollo habitacional está considerado como el tercer deudor de impuesto predial por la Administración Municipal, solo después de Ferromex y de la colonia La Cuesta, con un adeudo de 2 mil 29 millones de pesos porque la gran mayoría de los residentes de ese lugar no paga ese concepto desde hace muchos años.

No obstante toda esa serie de irregularidades, que subsidiamos el resto de los habitantes de este municipio, no hay autoridad que se atreva a poner orden, al menos hasta la fecha.