La Columna

De Los Reporteros

-Realizan aspirantes a la candidatura del PRI a gobernador acciones desesperadas para llamar la atención; mientras que Serrano emprende una batalla inútil en contra de la película “Sicario”, el alcalde Chihuahua Javier Garfio se promociona en la revista Forbes

-Líder de los regidores panistas se convierten en factor de división; llevan queja en su contra al Comité Directivo Municipal por marginar a dos regidores en la firma de un punto de acuerdo para que se investigue caso Dunas

Los aspirantes a la candidatura del PRI a la gubernatura de Chihuahua ya no saben cómo llamar la atención.

Mientras que el alcalde Enrique Serrano Escobar se enfrasca en una lucha inútil por defender los daños que supuestamente provoca a la imagen de Ciudad Juárez la proyección de la película “Sicario” que protagoniza el portorriqueño Vinicio del Toro, el edil de la ciudad de Chihuahua se anuncia en la revista Forbes.

La del juarense es una batalla perdida de origen, porque la película ni siquiera ha estrenado, la reacción de la administración municipal es exagerada, ya que se basa en el tráiler de promoción del film, que dura –el más largo– 2:36 minutos, y la verdad no es material suficiente como para deducir que Juárez es proyectada “como una ciudad peligros, sin ley ni orden”.

En una carta pública que dirige al director, productor y reparto, la autoridad municipal acepta que vivimos episodios oscuros, pero actualmente vivimos tiempos mejores. Sin embargo, el tráiler no establece si se narran esos episodios oscuros o si la historia está situada en los tiempos actuales, por lo que no es suficiente para manifestarse como lo está haciendo la administración serranista, mucho menos como para interponer una demanda por daño moral, que costaría mucho dinero y cuyas posibilidades de ganar son casi nulas, siendo que se trata de ficción, que si bien puede estar basada en hechos reales, sigue siendo la interpretación del escritor y el director de la película.

Como distractor para otras problemáticas que enfrenta el gobierno municipal, puede funcionar, pero a qué costo. Mejor que así deje las cosas, porque esa campaña moralista para lo único que servirá es para llevar más gente a las salas de cine en donde se exhiba “Sicario”.

No me imagino al gobierno federal o al presidente de la República, demandando a los productores de “La Dictadura Perfecta” por considerar que daña su reputación.

En cuanto al alcalde Javier Garfio, qué le puede redituar promocionar su persona en una revista, como Forbes, cuya audiencia es una élite muy reducida que muchas de las veces ni siquiera se interesa por la política doméstica.

Cuánto costaría esa promoción es una incógnita, pero gente del círculo cercano al edil capitalino asegura que no es nada barato.

Como sea el gasto ya se hizo, y en la publicación Chihuahua es colocada como una de las ciudades más competitivas del país.

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La presentación de un punto de acuerdo por parte del coordinador de la bancada del PAN para solicitar que la Contraloría Municipal investigue el accidente en la competencia de arrancones en las dunas de Samalayuca, dejó entrever la división que aparentemente promueve el coordinador de esa fracción edilicia, Sergio Nevárez Rodríguez.

En el documento presentado por el líder de los regidores albicelestes se instruye a la Contralora Municipal Blanca Estela Martínez Moreno para que inicie una investigación con el fin de determinar las responsabilidades que por omisión o comisión, pudieron haber incurrido los funcionarios responsables de las dependencias encargadas de llevar a cabo las acciones de protección civil necesarias en el evento de concentración masiva denominado Sand Drags Dunas 2015.

Hasta ahí todo bien, el punto fue aprobado por unanimidad. La cuestión es que al observar quienes firmaron el oficio, solo aparecen las firmas de cuatro de los seis regidores panistas, no está la rúbrica ni de Evangelina Mercado Aguirre ni de José Luis “El Pastor” Aguilar.

Ambos manifestaron su molestia por ese hecho, ya que sí estaban enterados de que se elaboraba el documento y les habían dicho que se los pasarían para que lo firmaran, pero ello nunca ocurrió.

Al menos Mercado ya presentó una queja formal ante el Comité Directivo Municipal de Acción Nacional, al considerar que lo sucedido podría sugerir que ella no está de acuerdo con los lineamientos de su partido, o que no participa de las decisiones que se toman en el seno de la bancada, y todo por un acto de mala fe por parte del coordinador de la fracción, que al parecer ha devenido en un factor de división luego de estos hechos.

Por otro lado, trascendió que los ediles panistas habían acordado presentar un exhorto al alcalde Enrique Serrano Escobar para que solicitara licencia a su cargo, pero sin explicación alguna ese punto no llegó a la sesión de Cabildo, lo cual despertó sospechas en el sentido de que Nevárez pudo haberlo negociado con el presidente municipal.

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Siempre que ocurre un tiroteo de los que cada vez son más comunes en alguna población de los Estados Unidos, como el del pasado jueves en una escuela de Roseburg, Oregon, donde 9 personas murieron y siete resultaron lesionadas, la paranoia se apodera de los ciudadanos a lo largo y ancho de esa nación.

Eso ocurrió ayer en la vecina ciudad de El Paso poco después del mediodía, cuando las autoridades cerraron de emergencia el campus noroeste del Community College, la preparatoria Canutillo, la Northwest Early College High y las oficinas centrales del Distrito Escolar de Canutillo, luego de que se reportara la presencia de un hombre armado en el primero de los planteles antes citados.

Afortunadamente no pasó a mayores, ni siquiera se pudo comprobar la veracidad del reporte, pero el miedo se apoderó de miles de personas.

En ese contexto, es difícil concebir que el vecino estado de Texas aprobara la ley SB11 –conocida como “Campus Carry Law” en inglés– que autoriza a las personas a portar armas ocultas en el interior de los campus universitarios a partir del pasado 1 de septiembre. Y Texas no está sólo en esa absurda disposición legal, se unió a otras seis estados que previamente legalizaron las armas ocultas en las instituciones de educación superior: Colorado, Idaho, Mississippi, Oregon, Utah y Wisconsin.

Tal parece que las constantes masacres en sitios públicos con la utilización de armas de fuego no hace mella en las autoridades, cuya responsabilidad, ante todo, es brindar seguridad a los ciudadanos, pero esa seguridad no la brinda la indiscriminada portación de pistolas y rifles, la realidad nos muestra que es todo lo contrario. ¿Cuándo aprenderán?

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Aunque el gobernador César Duarte Jáquez bien podría estar ajeno al reconocimiento que el rector, maestros y alumnos de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez entregaron en mayo pasado al ex presidente Luis Echeverría Álvarez en su casa de la ciudad de México, él es el blanco de la crítica que la publicación en línea Reporte Índigo hace de esa acción, debido a que su hermano, Ricardo Duarte Jáquez está al frente de esa institución educativa.

Parafraseando el famoso estribillo de “2 de octubre no se olvida es de lucha compartida” la nota en comento es titulada: “La UACJ sí olvida” y reprueba que habiendo sido Echeverría históricamente señalado como uno de los principales responsables de la masacre de estudiantes del 2 de octubre de 1968, maestros y líderes universitarios le hicieran tal reconocimiento.

Además, se asegura en el escrito que el gobernador Duarte también estuvo presente en la casa de Echeverría y que tanto la universidad como el Gobierno del Estado intentaron ocultar el hecho, borrando comentarios de las redes sociales y evitando una versión oficial de la visita al ex Presidente de la República.

Curiosamente la misma publicación menciona la emisión de un comunicado oficial de la UACJ del 24 de junio del presente año en el que da cuenta de la entrega del reconocimiento y de que éste fue aprobado por unanimidad por el Consejo universitario. La cuestión es que en ese comunicado y en ningún otro escrito al respecto se menciona al gobernador, por lo que el involucramiento aparenta ser por puritita mala leche.

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El fraccionamiento Eco 2000 parece tierra de nadie. Al menos 6 de cada 10 vecinos están conectados ilegalmente a la red de agua potable o a la de energía eléctrica o a ambas, y tal parece que no hay quien meta orden en ese lugar.

Los residentes que sí están conectados a esos servicios de manera legal, y que pagan por ellos, dicen que constantemente denuncian a sus vecinos “colgados” antes la Junta Municipal de Agua y Saneamiento y la Comisión Federal de Electricidad, por los riesgos que representan para ellos y sus familias las conexiones ilegales, sobre todo las de la luz, ya que hay cables por todos lados y sin el aislamiento adecuado y temen que se pueda presentar un accidente de consecuencias fatales, ya sea por electrocutamiento o que se genere un incendio.

Mientras que las conexiones a la red de agua potable las hacen las personas a como se les da entender y presentan seria deficiencias, por lo que son constantes las fugas y los acumulamientos del líquido, que luego se pudre y apesta a rayos, y sirve como criadero de moscos y otras alimañas.

El hartazgo de los vecinos cumplidos es tal, que ya están pensando en organizarse para acudir ante el presidente municipal a solicitarle su intervención para solucionar esa situación que, aseguran, es verdaderamente insoportable.