Jesús Antonio Camarillo
2015-09-04“Ando listo pa’l combate, traigo el mejor armamento, son más de seiscientas gentes, las que navego en el ruedo, las traigo con antitanques, también con bazukas, chalecos y cuernos, pa’pegarles en la madre yo no tengo tregua ni soy traicionero…”, canta la agrupación “Voz de mando”, en un corrido que ubica a su personaje dentro de las huestes de “El Mayo”.
El grupo y su corrido me hubieran pasado desapercibidos si no es por la noticia de que “Voz de Mando” se presentará dentro de la celebración del “Grito”. En un evento organizado por el Municipio, la agrupación tendrá la consigna de no entonar “narcocorridos”, prohibición moral que el Ayuntamiento buscará tenga su correlato jurídico luego de la sesión de Cabildo a celebrarse en los momentos en que este artículo se escribe.
En una evidente paradoja, el Municipio presentará como una de las cartas fuertes de los eventos patrioteros de septiembre a un conjunto que hace de los narcocorridos pieza clave de su repertorio y casi a la par trabajará, a nivel reglamentario, en la conformación de prohibiciones y multas exacerbadas para quien se atreva a difundir en eventos públicos canciones que aludan o hagan apología de la cultura del narco.
Suena ya a cliché sostener que esas medidas reglamentarias serán anticonstitucionales por vulnerar la libertad de expresión. Asimismo, resultan contrarias al orden constitucional, por su evidente desproporción, las multas estratosféricas que se intentarán imponer a los organizadores de las fiestas “apologéticamente incorrectas”, pero vale la pena citarlo dadas las reiteradas intenciones de muchos municipios y entidades federativas del país.
En todos estos pueblos, ranchos y ciudades siempre se intenta recurrir al expediente más fácil: la censura. Taparnos los oídos para no dejarnos “corromper” y entregarnos a los peores y malosos caminos. La irrupción de la autoridad política en su faceta de “padre de familia” que debe indicar a sus “no-emancipados” el verdadero trayecto del bien.
Y es que más allá de la disputa sobre si la medida está dentro de los linderos de la constitucionalidad y de la legalidad, los efectos de esas restricciones impactan la autonomía de las personas. Esa capacidad que les permite fijar sus propios planes de vida, dentro de los parámetros que la propia libertad civil le concede como ámbitos de franquía.
Ahí está la figura paterna de la autoridad, en este caso encarnada en el Ayuntamiento, queriendo meter su cuchara en una decisión que es eminentemente individual y que por más que se perciba insultante a las buenas conciencias, debe respetarse. Siendo el Estado el que debe velar por ese respeto irrestricto, lo que hace es desplegar acciones contrarias, marcadamente restrictivas y onerosas.
Si el Congreso de la Unión y las legislaturas estatales están impedidos para legislar en esos ámbitos, menos competencia tendrán los ayuntamientos, acostumbrados a emitir reglamentos que únicamente toman en cuenta posturas moralistas pero sin analizar los problemas de fondo.
Las narcocumbias, los narcoboleros, los narcotangos y los narcocorridos –no entiendo porque se habrán de discriminar los otros géneros– suelen ser molestos y de mal gusto para mucha gente. Otros más se transforman y se convierten, por unos minutos, en el personaje de la canción. Pero echarle la culpa a las letras de estas “melodías” de la conversión de un inocente al más temible traficante, es francamente excesivo. El germen, así como el motor del narco y del crimen en general, está en otra parte. Todos los sabemos. Pero lo más fácil es censurar. Por ende, desde mi teclado, propongo que censuremos a la censura. Así, por decreto.
Fin del corrido.