Opinion

La Columna

De Los Reporteros

2015-09-04

-Muy activas las senadoras chihuahuense que pretenden la candidatura a gobernador por el PRI. Graciela Ortiz sostuvo reuniones diversas en Juárez, mientras que Lilia Merodio hizo lo propio en la ciudad capital

-Impugna el PAN la reforma constitucional en materia electoral para el estado de Chihuahua y la redistritación del estado aprobada por el Instituto Nacional Electoral

Las dos aspirantes mujeres que pretenden la candidatura del PRI a la gubernatura anduvieron ayer por tierras chihuahuenses. La senadora Graciela Ortiz González anduvo en Juárez, mientras que su compañera en la Cámara alta, Lilia Merodio Reza estuvo en la ciudad capital.

Ambas han incrementado sus visitas a la entidad sosteniendo reuniones con grupos muy diversos. Ortiz González ha encontrado una buena veta para recorrer el estado con la estafeta de la promoción de las reformas estructurales, debido al interés que existe por parte de los representantes de los diversos sectores de la sociedad chihuahuense y la serie de inquietudes que genera la aplicación de las mismas, qué alcance van a tener y cómo les van a impactar, entre otros. Y claro, esa exposición le ayuda en sus aspiraciones político-electorales.

Merodio por su parte, se reunió este viernes con integrantes del Colegio de Ingenieros Civiles de Chihuahua, quienes se comprometió a trabajar en conjunto para llevar al Congreso de la Unión iniciativas y gestiones en beneficio de ese gremio y de los habitantes del estado en general. Un día antes se reunió con un grupo de activistas en pro de los derechos de las mujeres y posteriormente sostuvo una charla con micro y pequeños empresarios.

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La definición del escenario político que regirá la elección de 2016, en la que se elegirá al titular del Ejecutivo estatal, alcaldes, síndicos e integrantes de los ayuntamientos, podría cambiar si el PAN tiene éxito en los recursos presentados ayer ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TRIFE).

En el primer caso, el dirigente estatal de Acción Nacional, Mario Vázquez Robles, presentó un recurso de inconstitucionalidad en contra de la reforma constitucional en materia electoral para Chihuahua al considerar que se presentaron una serie de violaciones al debido proceso legislativo.

Según el líder albiceleste, los cambios a la Constitución de Chihuahua debieron ser publicados en el periódico oficial del Estado hasta después de agotarse el plazo que la ley otorga a la ciudadanía para solicitar y que se determine la procedencia de un reférendum, el cual aún no caduca.

En lo específico, el recurso presentado por el panista va en contra de la ampliación de número de diputados en el Congreso local; en cuanto a las candidaturas independientes, señala que la norma local de Chihuahua trasgrede lo dispuesto por la norma federal al endurecer los requisitos que deben cumplir los ciudadanos participar en los proceso electorales bajo esa figura.

También pretenden que se elimine la disposición que incrementó de 3 a 2 por ciento de la votación emitida, el mínimo de sufragios que se les exigen a los partidos para conservar su registro y posibilidad de acceso a curules en el Congreso local.

El otro recurso es contra la redistritación como fue aprobada por el Instituto Nacional Electoral, porque desde el PAN consideran que el nuevo mapa electoral favorece al PRI.

Argumentan que ellos presentaron una mejor opción, que genera menos costos, pero no fue tomada en cuenta.

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La procuradora general de la República Arely Gómez González había anunciado que removería a todos los titulares de las delegaciones estatales de esa dependencia a su cargo. Finalmente solo lo hizo en 22 de las 32 existentes, pero Chihuahua sí estuvo contemplada en esos cambios.

Edgar Pineda Ramírez es quien llega a la delegación de la PGR a esta entidad en sustitución de César Augusto Peniche Espejel.

En enero de 2010 en los tiempos en que el panista chihuahuense Arturo Chávez Chávez era el titular de la PGR y Michoacán era gobernado por el perredista Leonel Godoy Rangel, Pineda Ramírez fue designado delegado estatal de esa corporación en aquella entidad, pero su ingreso a esa dependencia federal dista de 1992.

Entre los cargos que ha desempeñado se encuentran el de agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Delegación estatal de la PGR en el Estado de México y a la Unidad Especializada contra el Lavado de Dinero, además fue director de Supervisión y Evaluación de Amparo Foráneo; director general adjunto de la Coordinación General de Delegaciones, entre otros. Es maestro en Ciencias Penales por el Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM.

Su carta de presentación es buena, lo cierto es que si la procuradora general quiere hacer realidad los ejes rectores de su gestión –procurar justicia con eficiencia y eficacia, para abatir la impunidad; respeto pleno a los derechos humanos de las partes en el proceso de investigación y persecución de los delitos; transparencia y rendición de cuentas; y la efectiva implementación de Nuevo Sistema de Justicia Penal, que operará en todo el país el 18 de junio de 2016–, debe darle manga ancha al nuevo delegado en Chihuahua para que realice una verdadera purga de agentes del Ministerio Público adscritos a la oficina en esta frontera, porque titulares van y titulares vienen y la bola de verdaderos delincuentes que se encuentran enquistados aquí tienen tal control que son los dueños y señores de la transa, cualesquier ciudadano que haya tenido la desventura de caer en sus garras puede dar constancia de ello.

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Después de varios meses de disputa y lucha de intereses, este viernes en sesión de Cabildo se dio en cesión el terreno que buscaban Policía Municipal, Uach y Canaco.

La negociación se gestó desde Oficialía Mayor en donde al titular Francisco Vélez, ya lo conocen como “El Bombero”, porque se la pasa apagando fuegos que encienden otras dependencias.

Trascendió que bastó una serie de llamadas a los involucrados para llegar al arreglo. Por una parte, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal cedió a la petición del Ayuntamiento para desistirse en su solicitud, por el bien de los intereses de la Ciudad, mientras que la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UACH aceptó compartir espacios de estacionamiento con los comerciantes organizados. Total que Alejandro Ramírez, presidente de Canaco, el director de la FCPyS, Eloy Díaz Unzueta y César Muñoz Morales de la Policía Municipal, quedaron complacidos y todos contentos.

El predio de mil 82 metros cuadrados se ubica en la avenida Henry Dunant número 4505 y Manuel Díaz, a espaldas de la sede del organismo empresarial.

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Por cierto, nos enteramos que en la Secretaría de Seguridad Pública Municipal trabajan a todo vapor para tener lista la ceremonia de graduación de más de 900 agentes que ya terminaron de cursar la preparatoria. El evento está programado para el miércoles de la semana entrante en el gimnasio del Colegio de Bachilleres, en el Parque Central.

De hecho, ayer llegó al despacho del alcalde Enrique Serrano Escobar la confirmación de que el titular del Ejecutivo federal enviará a esa ceremonia como su representante al maestro Álvaro Vizcaíno Zamora, coordinador del Sistema de Desarrollo Policial a nivel nacional.

Dicen que el presidente está muy satisfecho con los resultados obtenidos, ya que de un total de 1,100 policías que iniciaron el curso, 950 llegan a la ceremonia. Sin duda, una meta importante en materia de capacitación y profesionalización de los elementos preventivos, que buena falta les hace.

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Algo se tiene que hacer para evitar que las agresiones a los agentes de la Dirección de Tránsito continúen presentándose, porque en el grado que se le pierde el respeto a las autoridades en ese mismo nivel resulta perjudicada la sociedad en general.

Luego de casos tan graves como el de los agentes que fueron agredidos por un grupo de seis sujetos que los despojaron de su patrulla luego de “rescatar” a un individuo que había chocado mientras se encontraba en estado de ebriedad, ayer se conoció otro caso en el que un conductor golpeó a un agente de Vialidad por no estar de acuerdo con la infracción impuesta. Afortunadamente en este caso el responsable fue consignado ante el Ministerio Público como probable responsable del delito de lesiones. Apenas a cuatro días de iniciado septiembre, ya son tres los choferes que terminaron encarcelados por el delito de resistencia a particulares y faltar al respeto de la autoridad. El tema no es para tomarlo a guasa, es serio y se le debe poner remedio, pero para ello se requiere que los ciudadanos asuman su responsabilidad cuando violan los reglamentos, pero también que el trato de los agentes sea correcto al momento de imponer una multa.

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Los Reporteros pretendían abordar el tema de la propuesta de algunos integrantes del Ayuntamiento, apoyados por el propio alcalde Enrique Serrano, de prohibir la presentación de artistas que interpreten narcocorridos, pero el artículo contenido en esta misma página, firmado por el Doctor en Derecho Jesús Antonio Camarillo, ya dio cuenta de ello y de una manera muy puntual. Sólo podemos comentar que los organizadores de la ceremonia de El Grito le metieron un gol al presidente municipal, ya que el grupo estelar esa noche será uno de los protagonistas principales de esa corriente musical.

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