Sergio Conde Varela
2015-09-03Francamente la política aplicada en nuestro país produce una serie de preguntas que, al no tener respuestas, causan justificada preocupación.
Para muchos mexicanos, chihuahuenses y juarenses es impactante por qué el Presidente Peña Nieto, cuyo partido es el PRI, designa como Secretario de Desarrollo Social al economista y abogado José Antonio Meade Kuribreña, cargo que bien llevado debe producir a quien lo ejerce buenos dividendos políticos con el pueblo, ese pueblo que en su mayoría sufre angustias manifiestas por no poder llevar una vida digna sino una existencia lamentablemente, regulada por el desabasto alimentario que padecen 55 millones de mexicanos, y es testigo del hecho anotado.
El currículo de Kuribreña muestra que es un economista informado con experiencia en las áreas financieras y que tuvo los cargos de Secretario de Energía y de Hacienda en el gobierno de Felipe Calderón. En el gobierno de Vicente Fox ocupó el cargo de Director de Banrural.
Hasta estos días no han dado a conocer ni los gobiernos panistas ni el actual priista, las razones del arco iris de nombramientos que le fueron entregados a este profesional.
El hoy Ministro de la Suprema Corte Eduardo Medina Mora es otro caso similar. Fue Secretario de Seguridad Pública con Felipe Calderón y embajador de ese gobierno en el Reino Unido desde 2009. Sin embargo, la propuesta para llegar la Corte salió de Los Pinos, avalada por el priista, hoy Presidente, Enrique Peña Nieto, quien aparentemente no tomó en cuenta que el indicado ministro no tenía antecedentes de currículo en la Judicatura.
Nuestros tiempos exigen que se tenga conocimiento de lo que es un funcionario público. Además que dicha persona separe el encargo gubernamental de las actividades estrictamente privadas, debe saber que la corrupción es un mal agravado para cualquier nación del mundo y con mayor razón en la nuestra. También que evite la extorsión y se contente con su paga, la cual no debe producir escándalo por estar abultada en demasía.
Nuestro pueblo conoce a fondo las respuestas a las promesas que se le han hecho y sabe a ciencia cierta que éstas no se han cumplido. Se publicitan las promesas pero no se dan las respuestas y eso produce en la gente un ambiente de cansancio, de molestia y de rechazo. Desde luego, esto influye en la apatía para participar en los procesos electorales, cuyos índices de concurrencia cívica son escasos, a pesar del descomunal gasto en propaganda inútil y poco práctica.
Ojalá y se reflexione que son pocas las respuestas a graves problemas. Ayotzinapa es uno de ellos. Los 43 normalistas desaparecidos no solo representan un hecho doloroso para los padres de esos jóvenes sino para muchas personas de todos los continentes en que se dio a conocer la noticia. Igualmente, la masacre de Apatzingán el 6 de enero del corriente año es un crimen de lesa humanidad, según el Estatuto de Roma, con repercusiones también a nivel mundial.
Estamos en tiempo para que los funcionarios gubernamentales den respuestas a las preguntas que hacemos los mexicanos, no solo con palabras sino con acciones contundentes que promuevan el respeto por la justicia y por la vida humana. No podemos seguir con líneas políticas verbales sin asiento real, se requieren soluciones de fondo y forma para que la vida administrativa de México y de ciudades como la nuestra, caminen por senderos serios, ajenos a la demagogia y acertados, con soluciones profesionales a los problemas que las aquejan, que estabilicen las estructuras sociales de los moradores de estas tierras.
Las preguntas deben abarcar también sueldos y trabajos de funcionarios de legisladores, los cuales deben saber que sus sueldos son elevadísimos En todo ello se requieren respuestas. Nada más, nada menos.