Yuriria Sierra
Analista político
Tuvieron que pasar varios meses. El Presidente tuvo que ordenar una investigación que, por la forma en que la ley lo dispone, tuvo que realizarse a través de una instancia de su mismo gobierno.
El viernes, Enrique Peña Nieto ofrecía disculpas por todo (la indignación, la sospecha, el enojo) lo que se originó a raíz de la Casa Blanca, la de Malinalco e Ixtapan de la Sal. Aunque tardó, por fin hubo un “acuse de recibo” (acaso EPN quiso esperarse hasta que concluyera la investigación, aunque el costo de esa espera fuera una merma en sus índices de aprobación y en el mensaje que mandábamos al mundo).
Dicen que más vale tarde que nunca. Pero (hay que decirlo) el preámbulo a la disculpa fue muy desafortunado: una conferencia de prensa que duró años y con sabor a “choro mareador” del secretario de la Función Pública.
Ocho meses del anuncio de que sería Virgilio Andrade el encargado de realizar las investigaciones para aclarar los conflictos de interés que se acusaron en notas periodísticas, y con el que se reactivó la operación de una secretaría que se había anunciado desaparecería, tenemos un veredicto.
Aunque me cuesta trabajo pensar que lo visto fue algo que si quiera se acerca a una conferencia de prensa en donde quien está por ofrecerla entiende que los expectantes saben y conocen el tema a tratar.
Pasaban los minutos y el titular de la SFP no paraba de dar definiciones y ejemplos.
Como una clase en la que primero se nos explicó qué era lo que se nos iba a aclarar.
Como si ninguno de los reporteros presentes, o quienes lo seguimos vía streaming, supiera de qué se trataría todo.
Minutos valiosos en donde se explicó qué es un conflicto de interés según lo que se describe en las leyes, y cuáles son sus consecuencias.
Desde ahí pudimos comenzar con suspicacias. Demasiado rollo previo a las conclusiones sólo quería decir una cosa: se nos estaba preparando el piso para el discurso que se respaldaría en esa ley explicada tan detalladamente en una suerte de conferencia que fue una suerte de cátedra. Una presentación que comenzó a ser un suplicio. Tanto antecedente para comenzar a desglosar conclusiones que la gran mayoría ya habíamos adivinado.
Y porque los expertos en la materia lo dijeron desde el principio: atendiendo a las leyes mexicanas ni el presidente ni el secretario de Hacienda incurrieron en conflictos de interés, porque nuestras leyes son muy deficientes al respecto.
La tragedia de la transparencia mexicana resumida y respaldada en sus mismas leyes: no hacer nada bueno que parezca malo. Vaya recoveco legal, porque si aquello se hace, de todos modos está la ley respaldando con sus múltiples vacíos.
Y es ahí, pienso, donde debemos detenernos hacerlo: mejorar nuestras leyes para asegurar que cualquier conflicto sea resuelto bajo una reglamentación que asegure que no quedará nada al aire. Ahí debió comenzar todo.
Las leyes están puestas así, así fueron escritas y así hay que observarlas. Si hoy hacemos rabieta por este caso, también haremos tamaño berrinche cuando a Elba Esther Gordillo le sea concedida la prisión domiciliaria (y si no se la conceden tendríamos que hacer berrinche porque la ley no sería observada). Ni modo.
Lo mismo ocurrió con Florence Cassez, las fallas en el debido proceso hicieron que a la francesa se le dejara en libertad. Así dice la ley y así se cumplió. O cuando a Sandino Bucio se le detuvo y luego salió en libertad porque se violentó el debido proceso.
Así lo dice la ley, si queremos ser un país en donde ésta se aplique con todo rigor y sin privilegio alguno, debemos comenzar a acostumbrarnos a este tipo de resoluciones.
Porque así iremos construyendo, también, un camino que conduzca a un verdadero Estado de derecho, que sirve de antecedente para mejorar las leyes que hoy tenemos.
A ver, nuevos diputados, después de esto, ¿cuáles serán sus aportaciones para enriquecer y mejorar todo lo que tenemos en las leyes en cuestiones de transparencia? ¿O este caso no ha servido de nada? Pedir disculpas, por fin, es un buen primer paso.