Luis Javier Valero
Analista político
Los juntaron, y bien. Para la sesión extraordinaria del 14 de agosto pasado, el Congreso del Estado programó la discusión y aprobación de un conjunto de asuntos que, por separado, merecerían, no sólo el análisis sino hasta el rechazo, del total o de algunas porciones de las iniciativas aprobadas, o, incluso, más tiempo para que la sociedad chihuahuense las procesara.
Por su impacto en la vida futura cercana de los chihuahuenses, el accidente del Aero Show -y la posibilidad de fincarle sanciones al ex alcalde y aspirante a la gubernatura, Marco Adán Quezada- opacó al resto de los asuntos.
Uno de ellos, el de la creación del fideicomiso de los puentes fronterizos, por sus características, alcances y beneficios, además de que entre sus facultades incluye la contratación de financiamientos, a través de la bursatilización, amén de los alcances que los diputados le aprobaron, hace que sus facultades rebasen las del ayuntamiento de Juárez y en la práctica se pueda erigir en un nuevo poder público.
La iniciativa del gobernador César Duarte para crear el “Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua” fue aprobada prácticamente por unanimidad. Tendrá a su cargo la operación de los puentes internacionales de Zaragoza-Ysleta, Reforma, y Paso del Norte, ubicados en Ciudad Juárez, así como el Guadalupe-Tornillo – que aún está por entrar en operaciones– y los ingresos generados servirán, según reza la iniciativa de marras, “para financiar y administrar la rehabilitación o desarrollo de infraestructura en beneficio de la población de Ciudad Juárez”.
Los puentes fronterizos están actualmente concesionados por el Gobierno federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y aun cuando el Estado de Chihuahua no ha recibido de la administración federal la concesión, Duarte la da como un hecho, de ahí la celeridad (¿Será la única?) para aprobar el fideicomiso, suponen, el promovente y los legisladores que el Gobierno federal lo hará.
Hasta ahí todo bien, es en las funciones y fines del fideicomiso en donde se prenden las luces de alerta.
El Fideicomiso tendría los siguientes fines: Destinar sus recursos a la rehabilitación y desarrollo de infraestructura en Ciudad Juárez, a través de asociaciones con la iniciativa privada; determinar los proyectos de rehabilitación o desarrollo de infraestructura en Ciudad Juárez a los que se destinarán los flujos obtenidos.
Y si tales facultades, por encima de las municipales, son preocupantes, las siguientes no lo son menos: “Llevar a cabo por conducto de terceros, la rehabilitación o desarrollo de proyectos de infraestructura, así como licitar en términos de las leyes de la materia contratos de servicios, obra pública o asociaciones público privadas para dichos efectos”, y por si fuera poco, contratar o emitir deuda respaldada por los flujos derivados de la nueva concesión de los puentes fronterizos.
Y la más importante, “Contratar o emitir deuda respaldada por los flujos derivados de la Concesión de los Puentes Fronterizos. Podrá realizar la bursatilización de los ingresos derivados de la explotación de cada uno de los Puentes Fronterizos, ya sea en conjunto o de cada Puente Fronterizo en lo particular.
El producto resultante de la bursatilización respectiva deberá integrarse al patrimonio fideicomitido y se destinará al pago de nuevos proyectos en Ciudad Juárez, aprobados por el Comité Técnico”.
Convertido en un nuevo super ente público, el nuevo fideicomiso, podrá, “Según se requiera, celebrar convenios de coordinación con los gobiernos federal y municipal para el desarrollo de proyectos en Ciudad Juárez, Chihuahua, que por sus características sean del ámbito estatal o municipal”. Es decir, la autoridad municipal desaparece, el gobierno del estado, mediante este fideicomiso, le quita a aquella, la potestad de la obra a celebrar en la frontera “más bonita de México”.
No es todo, la conformación del Comité Técnico -el órgano dirigente del fideicomiso- estará conformado por el gobernador del estado o quien él designe; un Secretario Técnico, designado por el mandatario; un representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; un representante de la SCT; El Secretario de Hacienda de Gobierno del Estado; un representante de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas estatal; un representante de la Secretaría de Economía del Estado; ¡¡¡Dos!!! Representantes del ayuntamiento de Juárez; un representante por cada acreedor del Fideicomiso; ¡¡¡Dos!!! representantes de la Sociedad Civil de Ciudad Juárez, pero designados por el Comité Técnico y dos diputados locales.
Lo anterior es como si, usando un símil, Juárez fuera una zona petrolera y quienes definieran qué se hace con los ingresos petroleros fueran representantes de otras entidades públicas.
Más aún, los ingresos anuales de los puentes fronterizos rondan los 250 millones de pesos y ya se habla de que el gobierno estatal solicitaría un financiamiento, a través de la bursatilización, de mil 500 millones de pesos.
De darse esta eventualidad, significaría que la sociedad juarense tendría, prácticamente, una nula participación en la definición de la infraestructura a construir, pues a pesar de que existe toda una regulación -el Plan Municipal de Desarrollo y otras normas- y una instancia encargada de la planeación -el IMPLAN- éstas no están contempladas en la definición del gasto por los ingresos de los puentes fronterizos.
Salvo el diputado panista, Rogelio Loya, nadie alzó su voz para defender al ayuntamiento juarense. El proyecto fue defendido por el también juarense, Daniel Murguía y el presidente del Congreso, diputado de Movimiento Ciudadano, Fernando Reyes, es el que mejor defendió la postura gubernamental, dijo que el fideicomiso sería administrado “por quien lo gestionó”.
¡Válgame!
El gobernador Duarte, para enfrentar las críticas hacia este fideicomiso, elogió la decisión del Presidente Peña Nieto para entregar la concesión, “algo que faltó en las dos administraciones federales previas”, dijo, pero no abordó el hecho de que, siendo recursos generados en la frontera, debiesen ser ejercidos por la instancia municipal, para oponer una postura contraria a la prevaleciente en la actual administración federal, la de centralizar -o querer hacerlo- absolutamente todas las esferas de la vida pública.
En tal postura se ubicó, por ejemplo, el vicepresidente de prensa del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas de Juárez (IMEF), Miguel Díaz Marín, quien declaró que lo idóneo sería que el 100 por ciento de esos recursos se quedaran en Juárez: “Existe un centralismo feroz en esta administración, y el Gobierno controla la vida de los municipios, sus finanzas, todos los proyectos y hasta los puestos de cada funcionario; por el momento hay demasiado que no es sano, porque no se le da la autonomía que los municipios requieren para que manejen la riqueza que generan”.
Este asunto, y el de la iniciativa del Presidente Peña Nieto para normar las deudas de municipios y estados, puso de nueva cuenta al día la discusión acerca del monto de la deuda de Chihuahua.
Y no sólo, sin también de la pertinencia del endeudamiento.
Este, por sí no es malo, siempre y cuando se cumplan con varios parámetros, el principal, el que no afecte la capacidad de pago; luego, el que los destinos del endeudamiento sean los requeridos y, tres, que los niveles de endeudamiento no afecten las posibilidades de desarrollo de la entidad debido a la falta de fuentes de ingreso, o propias, o porque estuvieren comprometidas las participaciones federales y que las siguientes administraciones estatales pudieran quedar atadas de manos ante los niveles de endeudamiento.
En ese sentido, prácticamente todos los medios de comunicación, incluidos los especializados en finanzas, y la mayoría de los analistas que abordaron el tema, ubicaron la deuda de Chihuahua entre las más altas del país, gracias a que la deuda “carretera” fue incluida, en esos análisis, precisamente como deuda.
No entremos a la discusión semántica, vayamos a la realidad.
Durante los próximos 30 años (o quizá un poco menos) los gobiernos estatales de Chihuahua no accederán al ingreso del peaje de las carreteras concesionadas al Estado, alrededor de 2 mil millones de pesos al año.
De aprobarse la bursatilización de los puentes fronterizos, durante el plazo pactado dejarán de percibirse los 250 millones de pesos anuales; además, de pagarle a los tenedores de los bonos el capital prestado a Chihuahua, deberemos pagarles las más atractivas tasas de interés del mercado, por eso los compran.
¿Qué no están comprometidas las finanzas de Chihuahua por ello? Por supuesto que sí, dejaremos de percibir aquellos montos porque los pedimos ahora, para gastarlos ahora.
De ahí que la cuestión en estos días sea la pertinencia de solicitar nuevos empréstitos, financiamientos, endeudamiento, o como se les quiera llamar; estamos a un año de que nuevos gobiernos asuman la conducción de la sociedad chihuahuense ¿Es conveniente elevar el nivel de endeudamiento?
Sólo para ubicar parte del problema, el municipio de Juárez deberá pagar, en el curso de 30 años, la deuda adquirida para las obras del Plan de Movilidad Urbana, son cientos de millones de pesos que anualmente entregarán las siguientes administraciones municipales juarenses.
¿Valía la pena, ante la realidad de las obras construidas hasta ahora?
¿Por qué no se le apostó, como en otros casos, a la capacidad gestionadora del gobernador Duarte, que tanto le elogian sus panegiristas, y obtener recursos federales para el PMU?
Así, a falta de otros argumentos, más allá de que el gestor es el que debe administrar los recursos, el hecho de que se hable, ya, de una bursatilización de los puentes fronterizos, motiva a la desconfianza y a que se intuya un nuevo episodio de endeudamiento sobre los ingresos del Gobierno de Chihuahua y que, para lograrlo, se golpee al municipalismo.