Una decisión que marcará el resto de este sexenio

Leo Zuckermann

Una decisión que marcará el resto de este sexenio

Distrito Federal- En los próximos días, el presidente Peña tomará una decisión que determinará el futuro de lo que resta de su sexenio. Me refiero al paquete económico para 2016 que incluye la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos. Ahí veremos hasta qué punto la actual administración está comprometida con la estabilidad y el crecimiento de la economía nacional.

Los ingresos públicos bajarán de manera considerable para 2016, producto de la caída en la renta petrolera que, a su vez, es producto de una baja del precio y de la producción del crudo. El gobierno ha podido capotear el temporal durante 2015 ya que compró coberturas financieras para asegurar un precio de barril de 76 dólares, muy por encima de la cotización actual (38 dólares). Pero en 2016 ya no se contará con estas coberturas tan altas. De acuerdo a El Economista, el gobierno ya comenzó a adquirir las coberturas para el año que entra: “Las opciones dan el derecho a vender a 48 dólares por barril si los precios caen bajo esa cuota y tienen vencimiento en noviembre del 2016”. La misma fuente afirma que la prima por este seguro costó unos seis dólares por barril. Si es cierta esta noticia, esto quiere decir que el gobierno podría presupuestar sus ingresos con un barril a 42 dólares (precio asegurado menos la prima). Estamos hablando de una caída del 40% de los precios entre 2015 y 2016. A eso hay que sumar la disminución de la producción de crudo que actualmente anda por ahí de 2.2 millones de barriles diarios en promedio, lo mismo que producíamos a principios de los ochentas.

La disminución de la renta petrolera podría ser compensada con una mayor contratación de deuda pública. El problema es que el gobierno le metió duro a la tarjeta de crédito durante los últimos tres años de Calderón y los tres primeros de Peña. Desgraciadamente se endeudaron cuando el país no lo necesitaba, creyendo en el argumento keynesiano de que el aumento en el gasto público tendría un efecto multiplicador sobre el crecimiento económico. Pero la receta de Keynes a lo mejor funciona en los países donde los gobiernos gastan bien, no en México donde el dinero público generalmente acaba en gasto corriente, burocracia, dispendios, abusos, por no hablar de actos de corrupción.

El hecho es que, a partir de 2009, México abandonó su regla de déficit cero en las finanzas públicas y, cada año, comenzó a presentar un déficit que tuvo que cubrirse con deuda. Al cerrar este año, se calcula que la deuda pública durante los tres primeros años de Peña, medida en los saldos de requerimientos financieros del sector público, habrá crecido en un monto equivalente a siete puntos del Producto Interno Bruto (PIB). De esta forma, en 2015 acabaremos con una deuda pública de 45% como proporción del PIB.

Ciertamente estamos lejos de otros países como Estados Unidos (110%) o Alemania (76%). Pero esas naciones tienen una fortaleza económica que les permite endeudarse a esos niveles. No así México, donde hemos llegado al límite para que el país no pierda credibilidad entre sus acreedores. Aumentar más la deuda generaría mucho nerviosismo en los mercados internacionales.

La pérdida de ingresos públicos no puede, entonces, compensarse con un mayor endeudamiento. Queda recortar el gasto. ¿Cuánto? Por lo menos lo equivalente a la caída en los ingresos petroleros que son muchos miles de millones de pesos.

Además, el secretario de Hacienda ha informado que, por instrucciones del Presidente, podrían echar para atrás algunas disposiciones de la Reforma Fiscal de 2014. Esto sería una buena noticia para el sector privado pero generaría una caída adicional en los ingresos públicos que tendría que reflejarse en un recorte mayor.

La pregunta es si el gobierno va a meter la tijera de verdad al gasto corriente y superfluo en su famoso Presupuesto Base Cero. Si se atreviera, por ejemplo, a despedir burócratas que sobran en tantas dependencias. Eso sería lo correcto y enviaría la señal de que este gobierno va en serio con un ajuste para no poner en peligro ni la estabilidad ni el escaso crecimiento económico. Otra alternativa es que se vayan por la fácil, recortando las inversiones públicas que, a diferencia de los empleados, ni votan ni protestan en las calles. Esta opción ayudaría a la estabilidad, pero no al de por sí lento crecimiento. Y hay una tercera alternativa, la peor de todas: cambios mínimos, cosméticos, que no resuelvan la actual crisis profunda en las finanzas públicas.

Pronto nos enteraremos por cuál opción se inclinó Peña. Lo que está en juego es mucho.

Twitter: @leozuckermann