Luis Alfonso Arenal Blasco
2015-08-19Gracias a la cobertura de El Diario de Juárez nos enteramos de la irrupción de varios tianguistas a la presidencia municipal este martes. A primera vista parece ser la consecuencia de una negociación mal manejada, cosa que cada una de las partes puede aclarar. La avenida Miguel de la Madrid acababa de ser rehabilitada como parte del Programa de Movilidad Urbana (PMU) y ya no era conveniente permitir que volvieran a instalarse comerciantes informales en la zona.
La autoridad municipal alega que se causaban molestias a los vecinos y se entorpecía la circulación. Los comerciantes informales alegan que tenían su permiso municipal vigente hasta el mes de diciembre de este año. Todo esto se desprende de las recientes notas de El Diario de Juárez sobre el incidente que tuvo lugar en la Unidad Administrativa Municipal “Benito Juárez”.
Nos enteramos también de que Movicom, la empresa relacionada con la construcción de las obras que integran el PMU, señaló que los daños que “están ocasionando los comerciantes al clavar estacas para sus carpas en banquetas y camellones, serían cargados al Gobierno local… de no retirar el mercado”.
Toda actividad de este tipo causa molestias a los vecinos y personas que tienen que circular por estas vialidades. Pero también lo es que la economía informal ha constituido una válvula de escape para las presiones que el gobierno pudiera enfrentar si no se soluciona debidamente el problema del desempleo.
Comparando nuestro índice de desempleo con otras naciones, la tasa es relativamente baja, incluso llegó a estar al 5% cuando en España la tenían en 25% durante la crisis financiera internacional más reciente. El detalle es que se estima que la economía informal en nuestro país es de cerca del 25%, de acuerdo a la página de la CIA. El comercio informal ha constituido un recurso para muchas familias, que es por mucho algo preferible que la delincuencia.
Pero también es cierto que la economía informal (o subterránea) ahuyenta inversiones que pudieran generar mejores empleos. Máximo cuando ese comercio informal se dedica a vender piratería. La autoridad debe poner en la balanza cuántas familias se pueden “beneficiar” de un permiso municipal para ejercer el comercio en la vía pública y cuántos empleos se perderán por esa misma actividad. También debe analizar cómo evolucionarían los índices de delincuencia si el gobierno decidiera súbitamente cancelar este tipo de permisos.
Los comerciantes, de acuerdo a las notas periodísticas, acudieron a la protección de la justicia federal pero sólo obtuvieron una suspensión provisional. Se antoja difícil que un juez pueda otorgar un amparo a cualquier persona para usufructuar en su beneficio un espacio de la vía pública, pero eso nos lo pueden aclarar nuestros amigos abogados. Si acaso, que se les reintegre lo que hubiesen pagado por concepto de permisos municipales por lo que resta del año.
La autoridad municipal ahora les buscará un espacio para ejercer el comercio dentro de unas mesas de negociación que están por iniciar, pero los comerciantes informales ya habían rechazado una oferta anterior. La política es finalmente una conciliación de intereses, es negociar por definición. Y en el tema del comercio informal son muchos los intereses en juego, algunos realmente legítimos. Se deben conciliar cuestiones de transporte, de vialidad, de plusvalía de la zona, de cumplimiento del Estado de Derecho, de subsistencia familiar, de mantenimiento urbano, etc.
Mientras se resuelven las negociaciones entre el gobierno municipal, comerciantes informales y demás actores involucrados, como sociedad debemos impulsar soluciones de raíz a esta problemática: una verdadera reforma fiscal que incentive la generación de empleos y que todos cumplamos con nuestra carga fiscal de manera equitativa. Y también una reglamentación municipal que le permita actuar a la autoridad.