El Chapo, de día de campo

Raymundo Riva Palacio

Distrito Federal- Dijo el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, con toda energía: es falso que el gobierno sea pasivo en la investigación la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán. Por qué lo dijo, es un misterio tan grande como el paradero actual del criminal. Pero si fue un acto reflejo a cinco semanas de la evasión del jefe del Cártel del Pacífico e inventor del Cártel Jalisco Nueva Generación, es fallido, porque la Procuraduría General de la República, que lleva a cabo la investigación, si no es pasiva está demostrando ser incompetente. La procuradora caramelo, Arely Gómez, a la luz del principal caso en sus manos, no sirve para ese cargo.

Treinta y nueve días después de la fuga, las investigaciones no han producido, después del frenesí mediático de la primera semana, nada. Los dos elementos más novedosos los han aportado Reforma y La Jornada. El primero, el miércoles, que el gobierno ya identificó a los probables cómplices de la fuga, quienes compraron el arma que se encontró en el perímetro del penal del Altiplano y dos motocicletas en donde comenzó el túnel. El segundo, el 10 de agosto, donde se informó que la PGR indaga los vínculos de los abogados de El Chapo con los de Rubén Oseguera, El Menchito, hijo del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Los detalles de los avances de la investigación son una broma. La PGR ha enfocado sus investigaciones en la paja del ojo ajeno. Se busca en el entorno de Guzmán, para encontrar la ecuación de la fuga, como si realmente en los cómplices estuviera su coeficiente. Ninguno de los altos mandos de la Secretaría de Gobernación responsables de los reclusorios y los sistemas de seguridad e inteligencia, han sido llamados a declarar. Inexplicablemente, la procuradora no ha citado al comisionado nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, y al director del CISEN, Eugenio Imaz, para que acudan al ministerio público federal en calidad de testigos.

Rubido es una pieza clave. Podría aclarar por qué después de que su antecesor Manuel Mondragón, desmanteló sistemáticamente protocolos, métodos y procedimientos de seguridad en los reclusorios, no los corrigió. También explicar por qué no reforzó los accesos al penal que relajó Mondragón y restauró sistemas de contrainteligencia –como el audio en todo el sistema de video vigilancia–, que apagó su antecesor. Importante sería saber las razones por las que perdió tantos amparos presentados por El Chapo Guzmán, que lo lleno de privilegios en la cárcel, o cómo justifica que a todos los criminales de alta peligrosidad los mantuviera juntos en lugar de dispersarlos o enviarlos a diferentes cárceles.

El comisionado tiene mucho que explicar ante la PGR y que de sus declaraciones deriven nuevas líneas de investigación que permitan establecer las eventuales responsabilidades políticas por la fuga, y las responsabilidades penales. Imaz tiene un papel similar. Preguntas para él serían: ¿Por qué fallaron los sistemas de inteligencia en el perímetro del penal de El Altiplano? y ¿Cuáles son las razones por las que la contrainteligencia que debía hacer el CISEN nunca se enteró de los planes de Guzmán? Sus agentes soslayaron la construcción en 90 días de una casa a un kilómetro y medio del penal, que es donde se inició el túnel, y en alguna área de ese organismo se hizo caso omiso de las dos alertas que la DEA le transmitió con información sobre los planes de la fuga. La ventanilla única para la relación con Estados Unidos en materia de seguridad, encargada a él, no sirvió.

El hecho que ninguno de los dos haya sido llamado a declarar sugiere que están protegiéndolos. La procuradora Gómez los mantiene blindados e inoculados. Si no hay declaración de las máximas figuras responsables de evitar que El Chapo Guzmán se escapara no podrá iniciarse la línea de investigación que determine si dentro de las más altas esferas del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto hubo complicidades que ayudaron en la fuga. Todo el esquema de investigación que está haciendo la PGR está acotado y parecería que quisieran limitarlo, como máximo nivel de responsabilidad federal, en el sistema de reclusorios.

A menos de 48 horas de que se anunció la fuga, el secretario Osorio Chong cesó a Juan Ignacio Hernández Mora, comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social; a Celina Oseguera, coordinadora General de Centros Federales, y al director del Altiplano, Valentín Cárdenas. Carne para la jauría. Ni Hernández Mora ni Oseguera tenían autoridad para hacer nada sin la autorización de Rubido. El caso de Cárdenas es peor. Nadie en el penal tenía la responsabilidad absoluta. Un comité técnico integrado por más de una docena de directores y coordinadores tomaba las decisiones que, además, tenían que ser autorizadas por los subalternos de Rubido.

La toma de decisión final no se encontraba en los penales, sino en la Secretaría de Gobernación. Cuando se escapó por primera vez El Chapo Guzmán, el presidente Vicente Fox cesó al subsecretario de Seguridad Pública, Jorge Tello Peón –por responsable político, no culpable–, y se investigó a más de 100 personas, de las cuales 73 purgan sus condenas. Fox demostró que las cosas no podían seguir como si no hubiera pasado nada. Hoy prevalece la impunidad. Ni el secretario o el presidente deben sorprenderse que acusen al gobierno de cómplice de la fuga. La pasividad con sus subalternos, que no la tuvo Fox con los suyos, ha puesto al presidente Peña Nieto varias veces en la picota pública en el último año. Ya sabe cuál es el camino al Infierno político, pero insiste, una vez más, en caminarlo.

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