La peor crisis de Peña (II)

Raymundo Riva Palacio

Distrito Federal- Al hablar ante el consejo directivo de BlackRock –que administra activos en más de 100 países– el miércoles pasado, el presidente Enrique Peña Nieto afirmó que la relación con el gobierno de Estados Unidos transitaba por uno de sus mejores momentos. Ese mismo día, la PGR distribuyó una fotografía del jefe de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, tras reunirse en Texas con “altos funcionarios” del FBI, la DEA, el Servicio de Inmigración y Aduanas, y de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, para hablar sobre las acciones para recapturar a Joaquín El Chapo Guzmán. Las imágenes son el claroscuro del sexenio: mucha propaganda aquí, mucho desdén allá.

El discurso del presidente no se sostiene, y la fotografía es prueba de ello. En el pasado, los actos para mostrar la cooperación bilateral los encabezaban los secretarios de Estado. Hoy, en una oficina regional en Texas, un tercer nivel de policías recibió al segundo nivel de la PGR. La “ventanilla única” que estableció el gobierno de Peña Nieto en la cooperación con Estados Unidos, se atascó. El director del CISEN, Eugenio Imaz, encargado de la ventanilla, no aparece por ningún lado. Zerón también es un cero a la izquierda. Para efectos prácticos no puede recibir inteligencia sensitiva de Washington por carecer del doble vetting, que es una investigación para ver si pueden confiar en esa persona.

La “ventanilla única” buscó cerrar el derecho de picaporte y los privilegios extraordinarios que gozaron las agencias de inteligencia en el gobierno anterior, pero el diseño del gobierno lo colocó en el extremo. Nombró al frente del combate contra la delincuencia a funcionarios sobre los que hay sospechas de corrupción en Estados Unidos, que se incrementaron cuando detuvieron en el gobierno los controles de confianza. En la PGR se enfriaron las relaciones con la Embajada, y del primer comisionado nacional de Seguridad (CNS), Manuel Mondragón, sólo había comentarios peyorativos.

El cambio en el discurso oficial no ayudó. El 6 de diciembre de 2012, de regreso de Monterrey, Peña Nieto definió que más que una política de combate a la delincuencia con armas y policías, se enfocaría a la prevención y reconstrucción del tejido social. Es decir, no más persecución de cárteles. Los siguientes ocho meses, consistente con la orden, Mondragón replegó a la Policía Federal, y dejó de enfrentar criminales. ¿El resultado? La Familia Michoacana renació en Los Caballeros Templarios; Los Zetas, que prácticamente no tenían droga, se reabastecieron. La violencia no bajó en términos cuantitativos, pero mediante nuevos parámetros para medirla –todos los muertos en una averiguación previa se contaban como uno y no en forma individual–, se maquillaron las cifras.

Los cárteles se fortalecieron y, en lugar de corregir el rumbo, el gobierno se enredó más. Optó por aliarse de facto con el Cártel Jalisco Nueva Generación al aceptar, fomentar y armar a los grupos de autodefensa civil en Michoacán, para enfrentar a Los Templarios. Peña Nieto le pidió al presidente Barack Obama cambiar el énfasis de la Iniciativa Mérida, y que en lugar de equipo, armas y helicópteros, se enfocara al fortalecimiento del estado de Derecho. Las cosas ya habían cambiado.

La ex subsecretaria de Estado para Latinoamérica, Bárbara Jacobson, próxima embajadora en México, molesta por la forma como habían descarrilado la cooperación, le pidió a Obama que redujera a la mitad el presupuesto de la Iniciativa Mérida. La DEA estaba escandalizada por el desmantelamiento de Plataforma México. El entonces procurador Jesús Murillo Karam decidió que todos sus subprocuradores fueran exentos de los controles de confianza y el polígrafo. Mondragón hizo lo mismo en la CNS. Sin esos controles, la información de inteligencia de Washington bajó aún más en su calidad.

El caso paradigmático de esa crisis en la cooperación, y la molestia estadounidense fue precisamente la captura de El Chapo Guzmán. La investigación bilateral llevaba siete años y el teléfono de su segunda esposa, por el cual detectaron su posición en Mazatlán, estaba interceptado desde 2011, cuando dio a luz a gemelas en Los Ángeles, en espera de un error. Cuando Guzmán lo cometió, la DEA lo ubicó en Sinaloa e informó a México, pero una filtración a la prensa de fotos de la nuera de Guzmán en Cancún –que sólo tenía la PGR y la CNS–, tomado como un intento de aviso a El Chapo, aumentó la molestia y precipitó su captura con la ayuda de la Marina.

La información de la captura la dio a conocer el gobierno de Estados Unidos en Washington; el presidente Peña Nieto fue informado cuando todo ya se había consumado. Desde el principio dejó claro Washington quién tenía información y quién no. Cuando se volvió a fugar, filtraron a la prensa que habían enviado dos alertas al gobierno de Peña Nieto, que no les hicieron caso. El tono de la acidez en Washington lo dio Jacobson en su confirmación como embajadora el 16 de julio en el Senado: “Estamos increíblemente frustrados y desilusionados” por la fuga.

La fotografía de Zerón en Texas es la imagen viva de cómo la relación bilateral en materia de seguridad está reducida al ámbito policial. La arquitectura de Peña Nieto y su equipo de esa política de seguridad y cooperación con Estados Unidos, los tiene ahora en desventaja en la cacería contra El Chapo Guzmán, y merced de Washington. Pero eso querían. Estas son las consecuencias.

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