Tabula rasa

María Amparo Casar

Distrito Federal- Tabula rasa, página en limpio, pizarra en blanco. Escribir la historia de nuevo. Partir de la nada es una oportunidad para hacer bien las cosas desde el principio. Se antoja como fórmula para enmendar errores. Comenzar sin las ataduras del pasado es, casi siempre, una idea atractiva. También suele ser ilusoria y ficticia.

Así precisamente, como tabula rasa se ha difundido la idea del Presupuesto Base Cero. Se está prometiendo más de lo que se puede y se quiere dar. De acuerdo a los expertos, en el corto plazo –de un año a otro– el margen de maniobra alcanza apenas 6% y, según la Auditoría Superior de la Federación (ASF), los “gastos ineludibles” representan 77% del gasto.

Recortar 22% de los programas por no cumplir con sus objetivos o presentar duplicidades no es, ni por asomo, el inicio de un Presupuesto Base Cero. A lo más, es un muy tímido intento para racionalizar el gasto, aunque, como han demostrado los expertos del Foro Diagnóstico de las Finanzas Públicas (CIDE), en los últimos años se ha disminuido el número de programas, pero el gasto ha crecido.

Para acercarse a algo más parecido al concepto de Presupuesto Base Cero habría que modificar innumerables leyes que militan a favor de la inercia presupuestal e impiden recortar gastos, y no se ha escuchado a ningún funcionario hablar de esto.

Lo que parece urgente discutir es si es necesario recortar el gasto o racionalizarlo. Lo digo porque, si hacemos memoria, encontramos que el llamado Presupuesto Base Cero se anunció poco antes de otra notificación: el recorte de 135 mil millones de pesos como consecuencia del desplome de los precios del petróleo, la mayor volatilidad de los mercados financieros y el compromiso de seguir reduciendo el déficit fiscal. Se vale entonces preguntarse si se está ante la intención de un Presupuesto Base Cero o de una estrategia de venta para un recorte que Hacienda ya había programado. Y si de recortes se trata, además de la desaparición de programas sociales que han mostrado su carácter regresivo, su franca inutilidad para disminuir la pobreza o sus tintes políticos, sería recomendable ir a buscar a otros lugares.

Van algunos para que el recorte de los 135 mil millones no afecte o afecte menos a los ciudadanos de a pie, especialmente a aquellos que, según el reporte de Coneval, han visto mermados sus ingresos en los últimos dos años.

Recuperación de los ocho mil millones de pesos de fondos federales que algunos gobiernos estatales (Michoacán, Guerrero, Colima, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz) desviaron a rubros distintos a los que estaban destinados y que simularon reintegrar.

Reducción o eliminación de los más de dos mil 300 millones de asignaciones a grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados y mil 200 en la de Senadores. Podrían eliminarse también los casi 11 mil millones de pesos del llamado “fondo para moches”, ése que dan a diputados para “pavimentación y desarrollo municipal, cultura e infraestructura deportiva” y cuya utilización es discrecional e incierta.

Desaparición de los institutos electorales locales, que costaron este año cinco mil 300 millones de pesos.

Recuperación de, al menos, 12 mil 800 millones de pagos por obras no realizadas y entrega extemporánea de trabajos por parte de contratistas de la Línea 12 del Metro, sin que se aplicara la penalización correspondiente.

Rescate de los mil 800 millones de pesos de las cuentas bancarias de la Sección 22 de la CNTE, que quedaron congeladas.

Los 43 mil millones de pesos que el fisco dejó de percibir por el fenómeno de la piratería, según un estudio del CIDAC y la American Chamber of Commerce of México.

El decomiso del licor que se comercia ilegalmente y que genera aproximadamente 21 mil millones de pesos en ventas, además de los seis mil 300 millones de pesos que, por ese concepto, dejan de recaudarse.

La recuperación de los sobrecostos del Circuito Exterior Mexiquense (OHL) y que, hasta el momento, alcanzan alrededor de 13 mil 500 millones de pesos.

Hasta aquí hemos contabilizado 83 mil 200 millones de pesos, algo más de la mitad del recorte planteado.

Y sé que no pinta, pero no habría estado mal que los consejeros del INE hubiesen votado a favor de que los partidos políticos regresaran los más de 300 millones de pesos de recursos de campaña no gastados. Como dijo el consejero Benito Nacif: “Si el INE continúa con la tradición de permitir que los partidos políticos conserven el financiamiento de campaña no utilizado, consentirá que se destinen a un fin distinto a aquel para el cual se le otorgaron a los partidos políticos”.

Una reingeniería presupuestal, con el foco de la corrupción en la mira y el establecimiento de garantías para que los recursos previstos en el presupuesto lleguen a su destino, sería más productivo que el mal llamado Presupuesto Base Cero. Recortar la corrupción puede rendir, además del anhelado u obligado ahorro, cierta legitimidad a un gobierno, a una clase política y a un sistema que mucho lo necesitan.

 Twitter: @amparocasar