Javier Cuéllar
Analista político
El Ejército Mexicano ha sido considerado siempre como el defensor más insigne de nuestra patria y por su noble disciplina ha recibido muchos honores y menciones importantes que trasfunden incluso a nuestro Himno Nacional porque “más si osare un extraño enemigo profanar con su planta tu suelo, piensa oh patria querida que el cielo, un soldado en cada hijo te dio”. No es raro pues, que los mexicanos identifiquemos a la patria con el ejército, idea que también tienen casi todos los pueblos del planeta.
Pero en contrapartida, para muchos la posesión del mando del ejército es indispensable para gobernar siguiendo la sentencia de León Tolstói que nos dice: “El ejército ha sido siempre la base del poder, y lo sigue siendo. El poder está siempre en manos de los que tienen el mando del ejército”. Y sin embargo, no podemos dejar de advertir que con el irresistible poder que tiene un ejército le es muy fácil caer en la tentación de los abusos.
Por eso es muy importante mantener un instituto armado ideológicamente sano y al margen de ese cáncer que corroe nuestro país: la corrupción. No obstante, para los enemigos de la nación mexicana y del régimen constitucional que actualmente nos gobierna, resulta de gran importancia divorciar al pueblo de sus militares porque eso les allanaría su acceso al poder por la vía de un golpe de estado o de una rebelión armada.
Todos los gobiernos saben muy bien que mantener un ejército leal, disciplinado y bien avituallado es de vital importancia para su supervivencia, no en vano Tucídides, historiador y guerrero ateniense considerado el padre de la historiografía científica, apuntaba: “La fortaleza de un ejército estriba en la disciplina rigurosa y en la obediencia inflexible a sus oficiales”. Y creo que nunca en la historia de México habíamos tenido un instituto armado tan bien pertrechado como en la actualidad, por mucho que advirtamos que nuestro país no se encuentra envuelto en guerra alguna. Sin embargo, son enormes las cantidades de recursos que se destinan a ese propósito.
Aunque los pormenores de los ejercicios militares se mantienen en un relativo secreto, ha trascendido que el Ejército Mexicano cuenta con un aproximado de 300 mil efectivos y que en el año 2014, la Sedena ejerció un presupuesto de 65 mil 236 millones 949 mil 977 pesos. Y en este 2015, se le aprobaron 71 mil millones, sólo a la Secretaría de la Defensa Nacional. Y a la Marina otros 27 mil millones. Cantidades nada austeras dado el hecho de que el país no se encuentra en guerra ni amenazado por ejército extraño alguno, además de ser una nación con sus finanzas públicas al borde de la bancarrota.
Así las cosas, tenemos que de acuerdo con su más sana génesis, cualquier instituto armado debe estar constituido para la protección de las instituciones del estado, según lo afirmó palmariamente el político argentino Leandro Antonio Alen: “El ejército está constituido para defender las leyes y las instituciones, no para servir de pedestal a las tiranías”. De ahí que las cuestiones que deben encomendarse a la milicia deben enmarcarse en una cuestión de seguridad y soberanía nacional y no en problemas de naturaleza policiaca/delincuencial. Para ello el estado cuenta con otro tipo de gendarmerías que deben estar entrenadas para desarrollar su actividad bajo la guía de la investigación policiaca y no de la represión irracional.
¿Cuál es la diferencia entre un policía y un soldado? En mi concepto, mucha. Partiendo de una raíz formativa, tenemos que toda persona tiene una natural resistencia a matar y esta verdad es conocida por todos los ejércitos. Están conscientes de que un soldado que no mata no les sirve de gran cosa y es por eso que a sus reclutas les aplican una serie de programas de entrenamiento que tienen como objetivo vencer esa resistencia natural al homicidio. Y sin embargo, los policías no tienen ese tratamiento psicológico, conservan su instinto natural de respeto a la vida humana en casi todos los casos.
Por ese simple hecho es muy peligroso involucrar a los militares en problemas de carácter civil-policiaco-criminal, porque su respuesta hacia la problemática casi siempre será brutal y es fuente de serios conflictos al vulnerar innecesariamente derechos humanos fundamentales, como el derecho a la vida.
Sin embargo, ante un recrudecimiento de la inseguridad por la perniciosa acción de las bandas criminales de narcotraficantes, el estado se ha visto tentado cada vez más a sacar a la tropa de sus cuarteles y lanzarla al combate de la criminalidad con los resultados de barbarie de casos tan sonados como el de Tlatlaya, en el Estado de México, donde el 30 de junio de 2014 veintidós personas fueron abatidas por el ejército, de las cuales 11 fueron fusiladas y otras cinco murieron realizando “maniobras instintivas de defensa”, mientras que el resto de los asesinados no se menciona que hubieran disparado contra los militares. Fue así un episodio de brutalidad que aun ahora no se puede resolver. Pero no es el único, recientemente en el municipio de Calera de Rosales, Zacatecas, el 7 de junio pasado, siete personas fueron apresadas en sus hogares por fuerzas militares del 97° Batallón de Infantería y aparecieron después asesinados, imputándose este crimen al ejército; por lo menos cuatro militares ya se encuentran presos por esos hechos, pero en realidad se han dado otros eventos con saldo mórbido que dejan muy mal parado a nuestro instituto armado.
Enrique Peña Nieto debe evitar caer en la tentación de endosar al ejército la solución de la problemática del narcotráfico y debe regresar la tropa a sus cuarteles, reforzando los cuerpos policiacos para que tengan la capacidad suficiente de enfrentar este problema de delincuencia. Más investigación, más actividad detectivesca, más inteligencia policial es lo que hace falta y el ejercito sólo usarlo en caso de golpes duros bien planeados contra el aparato criminal organizado. Pero no más. El ejército no está entrenado para labores de investigación policiaca, sólo para matar a la más leve orden o situación de peligro, incluida la venganza.
Para empeorar la situación, en el estado actual de cosas involucrar al ejército en estos problemas es exponerlo a una corrupción rampante que menudea en ese ambiente. No hay peor cosa que un mando castrense corrompido debido al inmenso poder que detenta. Puede incluso volverse contra el propio estado. Esto nos implicaría caer en el peligro que quiere conjurarse, sería poner en manos inapropiadas el arma con que pueden acabarlos. Lo menos sería entonces el desprestigio de las fuerzas armadas que las ponen en situación de divorcio con el pueblo. Como se vea, los costos de la opción militar son altísimos y ya arrancado el proceso, se convierten en un callejón sin salida. Mejor no entrarle.
El duartismo hacia la eternidad
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) se encuentra inmerso en el proceso interno para elegir al presidente del Comité Ejecutivo Nacional en el próximo mes de agosto. Se menciona con insistencia la posibilidad de que el gobernador César Duarte pudiera ocupar esa posición, dados los magníficos resultados electorales obtenidos en las pasadas elecciones federales donde el partido tricolor obtuvo la victoria en ocho de los nueve distritos en disputa en Chihuahua, lo cual es una inmejorable carta de presentación a nivel nacional.
Esta eventualidad influirá profundamente en la designación del abanderado del PRI a la gubernatura de Chihuahua a realizarse el próximo año y dejaría prácticamente fuera de toda esperanza a todos los precandidatos, menos a Enrique Serrano Escobar, actual presidente municipal de Ciudad Juárez, que a todas luces es el aspirante en el que nuestro primer mandatario estatal tiene puestas todas sus complacencias por ser su amigo más querido.
Sólo así se explican las declaraciones de la senadora Lilia Merodio, quien está exigiendo reglas claras y suelo parejo para poder efectuar su promoción en busca de la ansiada candidatura. Anhelada por todos los militantes tricolores dada la certeza de triunfo que les proporcionan los pasados comicios que siempre han sido considerados como una especie de final anticipada.
Nadie duda de la capacidad de todos los aspirantes, alguno de los cuales detenta un arraigo popular muy marcado pero en las actuales circunstancias y dada la fortuna política de nuestro gobernador, tal parece que habrá duartismo para rato.
De inundaciones… y colectores
Preocupante que en las vísperas de la temporada de lluvias y con la existencia probada de muchos daños en los colectores citadinos, la JMAS no cuente con recursos suficientes para conjurar ese peligro que tiene convertidas muchas vialidades fronterizas en verdaderas trampas mortales.
Protección Civil ya ha alertado sobre ese inconveniente y también sobre el azolvamiento de diques y obras de contención de aguas broncas, pero parece que hasta ahora ninguna autoridad se ha resuelto a enfrentar los problemas de inundaciones y hundimientos que tenemos a la vuelta de la esquina. Los resultados pueden ser catastróficos.
Recordaremos nuevamente los aluviones del 2006. De hecho, el gran pozo de absorción del Parque Central no ha sido reparado en modo alguno.