Luis Javier Valero Flores
Analista
Sólo eso nos faltaba. La reforma electoral aprobada recientemente por el Congreso de Chihuahua (la que incluye reformas constitucionales y la ley electoral) no ha sido publicada en el Periódico Oficial del Estado. Las autoridades pertinentes han dicho que lo harán ¡hasta agosto!
Plagada, no sólo de temas evidentemente cuestionables y de otros sospechosos de ser inconstitucionales; pero todos cargados de una intensa regresión democrática-electoral, cuenta, además, con otro aspecto, aparentemente de menor importancia, pero igualmente demostrativo del desaseo jurídico y legislativo con el que fue aprobada.
Aún no era aprobada la reforma constitucional –porque aún no la aprobaba la mayoría calificada de los municipios– y ya el Congreso había aprobado la ley electoral, apoyada en aquellas reformas constitucionales.
Ahora quieren agregarle un pequeño añadido: posponer la publicación de la reforma –ambas– a fin de que los recursos de impugnación, que deba resolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y lo haga después del 15 de agosto, no tengan efecto en el proceso electoral que deberá iniciar en los últimos meses de este año y culminar con las elecciones y calificación de ellas, del año próximo.
Es de tal grado el desaseo, que el partido Movimiento Ciudadano (MC) –cuyo principal dirigente sigue siendo el ex priista y ex secretario particular del presidente Luis Echeverría, Dante Delgado– ha solicitado a la SCJN que le pida al Gobierno de Chihuahua el decreto electoral, lo que puede influir –en algo– para que se apresure la publicación de la mentada reforma.
Es de no entenderse que en la entidad gobernada por quien pretende arribar a la administración federal, o a la dirigencia nacional de su partido, se realicen cosas propias del pasado remoto, de cuando el PRI era el cuasi partido de Estado; más, cuando es moneda corriente saber de los elevados niveles de subordinación de los otros poderes al ejecutivo de Chihuahua.
No hay asunto resuelto por el Congreso, de una mediana importancia en adelante, que el gobernador Duarte no lo resuelva directamente, mucho menos uno del calado de la reforma electoral. Ni más ni menos que el entramado legal del cual surgirá el sucesor del ballezano. Forzosamente debió estar enterado de todos los aspectos, incluso los más nimios.
Bueno, pues una chicanada como la que se perfila, develaría –y de concretarse la salida de Duarte, tema al que regresaremos el domingo– nítidamente cuán comprometidos están los priistas, de Peña Nieto hacia abajo, con las reformas democráticas y con el Estado de Derecho.
Dos son los aspectos más cuestionados. El de la candidaturas independientes y el de las coaliciones. Tal como se aprobó el tema de las alianzas –casi textual a la vigente en las elecciones del 2013– le permitirá al PRI seguir manteniendo artificialmente la “pluralidad política”, aspectos que ilustran el modo en el que el partido en el gobierno –país y entidad– tratará el fenómeno de las candidaturas independientes y en general el derecho de los mexicanos a ser votados.
Nada que enturbie el férreo control ejercido por los partidos sobre la sociedad mexicana.
No se trata de asuntos menores, el Congreso de Chihuahua aprobó, además, la reelección inmediata por un período a quienes resulten electos a las alcaldías y las diputaciones en 2016, pero no agregó una sola letra a la ley electoral que reglamente la actuación de quienes busquen la reelección en 2018 (recordemos que alcaldes y diputados, por esta ocasión, sólo durarán en su encargo dos años) sobre todo en los asuntos del manejo de los recursos públicos y los controles y sanciones que debieran imponérseles a quienes incurrieran en ilícitos de ese rubro.
Podrá mantenerse una controversia sobre lo realizado por César Duarte en obra pública, pero en cuanto al modelo político y la división de poderes lo hecho por su gobierno es una franca regresión, a la que ahora deberemos agregar el intento de sacar adelante la reforma electoral, por encima de las determinaciones de la SCJN.
Podrán llevarse una desagradable sorpresa pues el tribunal puede determinar que sus resoluciones deberán acatarse en virtud de que afectan de manera determinante el proceso electoral del año próximo.