Nos pertenece

Sergio Sarmiento

Distrito Federal— El secretario general de la sección 22 ha puesto el dedo en la llaga al señalar el tema fundamental del conflicto en Oaxaca. Se trata, efectivamente, de una disputa sobre una propiedad. Sólo que la propiedad es el sistema de educación pública de Oaxaca.
Yo sé que la misma observación parece absurda. Uno pensaría que la educación pública es por definición propiedad del público, o sea de los ciudadanos, los cuales ejercen el control sobre ella a través de instituciones públicas.
En nuestro país, sin embargo, las cosas son muy distintas a lo que deberían ser. Con mucha frecuencia grupos de poder toman control sobre bienes que deberían ser públicos –como calles, aceras o escuelas– y los utilizan para su beneficio.
En Oaxaca estamos viendo una lucha por el control no sólo de las escuelas sino de todo el sistema de educación pública. Cuando los líderes de la sección 22 afirman que los maestros de la sección 59 no pueden dar clase en “sus” escuelas, no están haciendo más que recalcar su convicción de que las escuelas públicas de Oaxaca tienen un propietario: ellos mismos. Cuando sostienen que el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca sólo puede contratar a maestros aprobados por la sección, como los graduados de las escuelas normales que ésta controla, y que únicamente pueden ascender a puestos de supervisión o dirección aquellos candidatos que el sindicato quiera, están ratificando su convicción de que la sección es la propietaria del sistema de educación pública del estado.
Cuando Rubén Núñez, secretario general de la sección 22, señaló este 21 de julio que el gobierno no iba a quitar a los maestros “lo que les pertenece”, añadió lo siguiente: “Vamos a exigir el respeto a nuestras conquistas laborales”. Efectivamente, la sección 22 ha obtenido el control del sistema educativo de Oaxaca a través de movilizaciones y paros, que son las armas tradicionales de los sindicatos en sus luchas laborales. El problema es que los gobiernos responsables de salvaguardar los derechos de los verdaderos dueños de la educación, los ciudadanos, mostraron cobardía ante los líderes sindicales y entregaron algo que no tenían derecho a dar a nadie: el control del sistema educativo.
El sindicato magisterial ha logrado muchas conquistas laborales que el resto de los mexicanos no tenemos. Los maestros sindicalizados, por ejemplo, no pueden perder su plaza ni ser despedidos, aunque no tengan conocimientos o capacidad para enseñar.
Los demás mexicanos tenemos derecho a recibir una indemnización si somos despedidos de un empleo, pero no a mantener una plaza aunque seamos incapaces de cumplir con ella.
Las autoridades oaxaqueñas y federales están respetando las “conquistas laborales” a pesar de que el costo lo pagan los ciudadanos. Ningún maestro podrá perder su empleo, aunque no sepa enseñar. Los miles de maestros comisionados a puestos sindicales, políticos o burocráticos podrán mantener sus plazas, siempre y cuando den clases. Lo que se está rechazando es que la sección 22 mantenga la propiedad y el control del sistema educativo del estado.
Muchos de los grandes conflictos de la humanidad pueden explicarse por razones económicas. La propiedad de bienes ha sido uno de los grandes factores en estas disputas. Una de las formas de reducir los conflictos es tener derechos claros de propiedad y límites muy definidos entre propiedad pública y privada.
La sección 22 ha declarado en múltiples ocasiones que está en contra de la “privatización de la educación pública”. Yo coincido. La educación pública de Oaxaca ciertamente no puede ser propiedad de un sindicato.

Militares como policías
“Por más que algunos se empeñen en manchar los esfuerzos del ejército –dijo el presidente Enrique Peña Nieto el 21 de julio– es de reconocer su incansable e inagotada labor”. Quizá. Pero casos como los de Tlatlaya, Zacatecas y Ostula señalan que el uso de las fuerzas armadas como policías en la guerra contra las drogas está generando abusos y pérdida de credibilidad.