Luis Suárez Marcial
Analista
Apartir de la segunda década del siglo XXI, Ciudad Juárez ha entrado en una verdadera crisis de valores. Los niños que vivieron de manera directa la violencia, ahora son adolescentes o jóvenes; están llenos de rencor contra las autoridades. Para ellos resulta más atractivo ingresar a las filas de la delincuencia que respetar las instituciones. El anonimato de la delincuencia les ayuda a cobrar venganza y equivocadamente creen encontrarle un sentido a sus vidas.
Les tocó experimentar el horror de la masacre de Salvárcar, las ejecuciones en los centros de rehabilitación, fueron testigos del coche-bomba (en la calle 16 de Septiembre), los feminicidios, el cobro de piso, las desapariciones forzadas, las fosas clandestinas, las ejecuciones relacionadas con el tráfico de drogas, los múltiples asesinatos de niños y mujeres por sus parejas, y una larga lista de etcéteras, que le dieron en su momento el deshonroso título a nuestra comunidad como “la ciudad mas violenta del mundo”.
Ahora nuestras autoridades se esfuerzan por maquillar los índices de violencia, quieren hacernos creer que todo va bien. Hacen comparaciones con los años anteriores a su gobierno, con el bimestre, el trimestre o el semestre del año pasado. Lo cierto es que ya no saben con qué datos comparar las estadísticas actuales, pero cada nuevo acontecimiento demuestra la inconsistencia del discurso político.
Los hechos violentos en el Valle de Juárez, en Anapra, en el centro de la ciudad o en las colonias periféricas nos demuestran que la inseguridad sigue. Un solo acontecimiento debería ser preocupante para el Estado, pero nuestra población ha experimentado y soportado miles de hechos violentos, y la cuenta aún no se detiene.
A nivel nacional la situación no ha mejorado, cada vez está peor. El presidente Enrique Peña Nieto, con su equipo de colaboradores aún no termina de resolver los hechos violentos de Tlatlaya, de los 43 normalistas, las demandas planteadas por los maestros de la CNTE, los miles de secuestros, miles de desapariciones forzadas, los funcionarios públicos que forman parte del crimen organizado, la Reforma Educativa y la Evaluación de los maestros, y ya tiene nuevos asuntos por resolver. La SEP, por ejemplo, sigue imponiendo a los maestros una Evaluación como parte de la Reforma Educativa pero, en realidad es una reforma laboral. El objetivo es recortar el presupuesto como lo está haciendo Grecia.
Los trabajadores de base son los que tradicionalmente pagan los errores que cometen el Estado y los legisladores.
El presidente Peña Nieto necesita hacer una verdadera evaluación de sus colaboradores, pues ha quedado demostrado una vez más, que la incapacidad y la corrupción han predominado en muchos integrantes de su equipo.
La fuga de El Chapo Guzmán del penal del Altiplano (uno de los de más alta seguridad a nivel nacional), ha ridiculizado a las autoridades carcelarias y le ha demostrado al gobierno que con dinero puede comprar la discreción de los custodios. Que puede conseguir los planos del penal, contratar expertos en hacer túneles. Que puede burlar cámaras, sensores, y todos los protocolos de entradas y salidas del penal.
Cuando los funcionarios federales llegaron al penal del Altiplano, se quedaron perplejos –con ojos de plato–, no daban crédito a lo que veían, solo podían admirar la alta tecnología que utilizaron para construir el túnel, y la gran habilidad de los delincuentes para evadir la justicia. Sin embargo, la sorpresa y lo imprevisto no los exonera de la responsabilidad, ante el presidente Peña Nieto, ni ante el pueblo de México. Algunos funcionarios pueden pagar con su vida política y burocrática sus descuidos y omisiones.
Ciudad Juárez vive con justa razón un estado de angustia y de miedo por los efectos que pueda traer a esta frontera la libertad de Guzmán Loera.
Lo cierto es que una vez más El Chapo Guzmán ha dejado al Estado Mexicano enredado en una cultura de la ilegalidad y en otra batalla perdida.