Sergio Sarmiento
2015-07-20
Distrito Federal— Nuevamente México vivió un fin de semana de violencia. El sábado 18 de julio once hombres murieron y cinco más resultaron heridos en un enfrentamiento entre grupos armados en San Dimas, Durango. En Aquila, Michoacán, un grupo de autodefensas que realizaba un bloqueo de una carretera en protesta por la detención de su líder, Semeí Verdía Zepeda, fue atacado al parecer por policías federales o militares causando la muerte de un niño de 12 años e hiriendo a varias personas más, entre ellas una niña de seis años. También este fin de semana aparecieron en Zacatecas los cadáveres de siete personas con huellas de tortura y tiro de gracia: los jornaleros que, según sus familiares, fueron secuestrados hace unos días por militares.
Las estadísticas oficiales señalan que en México ha habido una disminución de la violencia. Ayer el INEGI dio a conocer su informe anual sobre homicidios dolosos. En 2011, dice el instituto, se registró el máximo número en la historia, con 27 mil 213 muertes, que representan 24 por cada 100 mil habitantes. Sin embargo, en 2014, después de una disminución gradual, la cifra fue de 19 mil 669 o 16 por cada 100 mil habitantes, 27.7 por ciento menos.
Yo no sé si estas cifras son veraces. Algunos afirman que las autoridades han clasificado un creciente número de homicidios como culposos en vez de dolosos, lo cual reduce los resultados. De lo que no hay duda es que estas estadísticas ayudaron a crear la idea de que los tiempos de la violencia habían quedado atrás.
La información, sin embargo, es testaruda. Casos como el de Tlatlaya del 30 de junio de 2014 y el de Iguala de la noche del 26 al 27 de septiembre recordaron a propios y extraños que los abusos de las autoridades y la violencia relacionada con el narco no han desaparecido. Lo recalcó la batalla de La Ruana del 16 de diciembre de 2014, en que dos grupos de autodefensa, el de Hipólito Mora y el de Antonio Torres González, alias El Americano, se enfrentaron a tiros y dejaron a 11 muertos, entre ellos Manuel, hijo de Hipólito. Lo confirmó la incursión en mayo de este 2015 de un grupo de decenas de supuestos policías comunitarios en Chilapa, Guerrero, que tomaron la presidencia municipal y el control del pueblo sin que ninguna autoridad se atreviera a intervenir y que después de una semana se retiraron, pero no sin antes secuestrar a varias personas. Lo demostró una vez más la segunda fuga del Chapo Guzmán del Altiplano, prueba de que el crimen organizado tiene el poder de corromper a cualquiera.
El caso de Aquila es indicativo de los errores del gobierno. El grupo de autodefensa de Semeí, creado bajo el sistema de usos y costumbres, fue armado por las autoridades federales, según Germán Ramírez Sánchez, quien se dice representante de la policía comunitaria de Ostula. Pero esas autoridades detuvieron después a Semeí por la portación de las armas.
La legalización de las autodefensas no ha servido más que para multiplicar los grupos armados en Guerrero y Michoacán. Supongo que algunos son de gente bien intencionada, pero otros son los mismos criminales de siempre, sólo que ahora amparados por la autoridad. No se puede justificar que el ejército o la policía hayan disparado contra el grupo de Semeí, pero el que éste mantuviera un plantón en una carretera revela que está tomando medidas contra la sociedad.
Es posible que el número de homicidios esté cayendo. Pero la información cotidiana nos recuerda que la violencia de la guerra contra el narco sigue siendo epidémica. Aquila, San Dimas y Zacatecas son los últimos episodios de una pesadilla interminable.
Lorena liberada
Lorena González, ex agente de la Policía Federal, fue finalmente liberada por los tribunales. La Procuraduría capitalina la acusó del secuestro de Fernando, el hijo de Alejandro Martí, a pesar de que no se encontraba en México en ese momento, de que todas las pruebas la exculpaban y de que otra mujer estaba presa y confesa por el mismo crimen. Pasó siete años en la cárcel hasta que se reconoció su inocencia.