De los reporteros
2015-07-20
Ayer que el director de Obras Públicas, Manuel Ortega Rodríguez anunció su despedida, el comentario entre el primer círculo del gabinete municipal fue que el alcalde Enrique Serrano se había tardado para darle las gracias.
Ortega es parte del equipo que junto a Serrano trabajó en la administración de Jaime Bermúdez Cuarón pero siempre se comentó que ya se movía a otro ritmo y en los distintos frentes de construcción dejaba mal parada a la Administración. Claro que lo más visible fue el Plan de Movilidad Urbana, el paquete de edificaciones que fue herencia de la anterior administración y que desde su planeación se convirtió en un enorme nudo difícil de destrabar y que luego sufrieron todos los ciudadanos durante su ejecución simultánea en varias vialidades que por meses lucieron despanzurradas y bloqueadas.
Fuera de los trabajos del PMU Ortega no tuvo mucho qué hacer porque presupuesto no ha habido, pero aún en las pequeñas inversiones que se pudieron ejecutar sin el crédito que se pagará durante 20 años, fueron cosa cotidiana los yerros, los retrasos y la falta de supervisión.
Las banquetas, alcantarillas y fachadas deterioradas en la recién remozada avenida Juárez son ejemplo de ello. En su momento ni siquiera se dio cuenta cuando ahí fueron “ahogadas” con concreto las fosas de los árboles ubicadas en las banquetas, y así con un sinfín de detalles. A ver quién llega ahora a ese cargo que más que nunca es clave, por el cierre que planea darle el presidente municipal a su gestión, sobre todo cuando ya se sabe que trae proyecto político en la mira.
Del equipo de veteranos que trabajaron con Bermúdez, Ortega ya es la segunda baja. También tronó en su cargo como director de Desarrollo Urbano el arquitecto Eduardo Varela Díaz quien sigue cobrando en la Administración municipal pero desde la comodidad de asesor para el proyecto del Centro Histórico, otro de los grandes pendientes que nomás no camina porque suficiencia financiera no hay.
Sobre un posible sucesor de Ortega ayer se comentaba que bien podrían haber otros enroques para dejar ahí a Eleno Villalba, el actual director de Desarrollo Urbano, aunque tampoco faltaron comentarios en el sentido de que, por el contrario, el alcalde ya no halla qué hacer con él por su tendencia a hablar de más y su marcado protagonismo.
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La salida de Ortega coincide con el cierre del calendario (mil veces modificado para dejar terminar a Movicom) de ejecución del PMU que se supone estará al 100 para el 31 de julio, aunque falta todavía que se revisen los trabajos antes de ser aceptados por la Administración municipal.
O sea que viene una parte clave en el esquema que se inauguró con el PMU, el primer paquete de obras construidas bajo la nueva Ley de Proyectos de Inversión a Largo Plazo del Estado de Chihuahua. Si no está bien hecho, el Gobierno local no tiene por qué dar el aval para que a la constructora el banco le siga liberando el crédito solicitado y tampoco tiene por qué seguir cumpliendo con los pagos mensuales que conforme al contrato debe estar realizando para terminar de pagar en 20 años los poco más de 2 mil millones de pesos que a todos los juarenses les costó ese plan.
Así que no es cualquier cosa lo que falta, menos cuando los nuevos esquemas plantean además que la constructora debe hacerse cargo del mantenimiento de las obras, que se supone es otro plus de los llamados PPS’s o Proyectos de Prestación de Servicios.
El próximo director de esa dependencia deberá lidiar todavía con esos esquemas, además de encabezar los nuevos proyectos que la ciudad aún sigue esperando y cuyos montos de inversión se han anunciado aquí varias veces aunque no han llegado.
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Hablando de edificaciones públicas y de supervisión, llamó la atención que ayer el alcalde Enrique Serrano anduviera en esos menesteres pero en Chihuahua capital, justo cuando acá se despedía Manuel Ortega de Los Reporteros.
Pues resulta que el presidente municipal amplió un día más su viaje (a la Secretaría del Ayuntamiento notificó que se ausentaba desde el jueves en la tarde hasta el domingo) que inició en el Distrito Federal y siguió por Parral.
Igual que el gobernador César Duarte, se puso mezclilla y zapato casual porque, con una comitiva que resultó muy política, se dio una vuelta por las obras de restauración del Palacio de Gobierno y la etapa final de construcción de la Ciudad Judicial.
El grupo dio la nota política del día porque Duarte juntó en el recorrido otra vez al alcalde de Chihuahua Javier Garfio y al ex alcalde fronterizo y hoy coordinador de Políticas Públicas, Héctor ‘Teto’ Murguía, ambos suspirantes por la gubernatura, igual que Serrano. Y hasta una cuarta carta estaba en esa baraja: el presidente del Tribunal Superior del Estado de Chihuahua, José Miguel Salcido Romero.
Otro juarense (de orígenes más bien parralenses) que se dejó ver en el evento fue el subsecretario de Obras Públicas de Gobierno del Estado en la Zona Norte, Everardo Medina, quien también trae su propio proyecto político aquí, aunque se deje ver poco, seguramente porque no tiene mucho trabajo que supervisar en Juárez. Medina está comisionado para sacar adelante la construcción del edificio del Poder Judicial que ha sufrido sus propios atorones.
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De distintas maneras se ha visto que en el Poder Judicial no tienen prisa para llenar de manera definitiva los huecos en las plazas de jueces que operan el sistema penal, allá por la Ciudad Judicial con todo y el cuestionamiento que se genera en torno a la improvisación y falta de independencia de los que tienen cargos provisionales.
Pero resulta que no sólo hay rezago en la selección y nombramiento de jueces orales o de los Tribunales de Garantía, por las mismas andan en cuanto a algunos jueces civiles y familiares, los que actualmente tienen miles de expedientes sobre sus escritorios en el edificio que el Poder Judicial tiene en el Eje Vial Juan Gabriel, enseguida de la Fiscalía Zona Norte.
Por si fuera poco, tampoco están completos con los nombramientos definitivos en los juzgados para adolescentes infractores y en los juzgados para Ejecución de Penas.
Y todavía hay más: en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua de plano hay pendientes que parece que se les olvidaron o no quieren acordarse de ellos.
Ahí está el caso de la sala penal regional que fue terminada desde el 2013 pero no se ha puesto en funcionamiento aunque es necesaria para garantizar una justicia expedita.
El edificio se concluyó pero lo que se atoró fue el procedimiento de designación del nuevo magistrado y eso viene desde 2010, o sea que ya tiene cinco años congelado.
Fue en agosto de ese año cuando el entonces Supremo Tribunal de Justicia del Estado (aún no cambiaba de nombre) integró la terna que envió al Congreso del Estado con los nombres de los siguientes aspirantes a magistrado para manejar esa nueva sala: la jueza oral Catalina Ruiz Pacheco, el secretario proyectista Gustavo Muñoz Gamboa, y el ex juez Octavo de lo Penal, Roberto Rivera Ochoa, con trayectoria como abogado de la Defensoría Pública Federal.
Cuando se integró la terna, entre representantes de los tres poderes hubo mucha suspicacia porque en ella se incluyó a Gustavo Muñoz Gamboa, sobrino del entonces presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Rodolfo Acosta Muñoz, y se comentó que la convocatoria tenía especial dedicatoria para él.
Y como se atravesó el cambio de poderes ese año, primero en el Ejecutivo y luego en el Judicial (Javier Ramírez Benítez entró al relevo de “Fito” Acosta) cambió completamente el escenario, se le puso lupa al asunto y se dejó en stand by.
Hasta donde supieron Los Reporteros se buscó entonces una salida para invalidar el proceso y rehacer la terna. La solución, entre jurídica y política, fue hablar con una de sus integrantes, la jueza Catalina Ruiz Pacheco para que se desistiera de su candidatura y eso ocurrió en julio de 2011 cuando la jueza envió una carta al Congreso retirando su postulación. Pero desde entonces nada ha pasado.
Ya hasta cambio dos veces más de presidencia ese supremo poder (entró luego José Alberto Vázquez Quintero pero pronto lo relevó Miguel Salcido Romero) y todavía es hora de que no se opera esa definición. Todo eso pasa mientras los juarenses padecen la ausencia de esa sala penal regional que debería hacerse cargo de resolver los recursos de apelación que presenta el Ministerio Público o la defensa de los acusados, así como constituirse en Tribunal de Casación para pronunciarse sobre inconformidades derivadas de sentencias que expidan tribunales de Juicio Oral.