Charlie Savage y Aida Alami / New York Times News Service
2016-02-11
Washington— Younis Shokuri, un detenido marroquí en la prisión de la bahía de Guantánamo, dijo que temía que lo repatriaran a su país de origen. Sin embargo, el gobierno marroquí le dijo a Estados Unidos que era probable que lo liberaría, sin levantarle cargos, 72 horas después de cualquier transferencia. Así es que en septiembre, Shokuri regresó a su país, con renuencia, pero voluntariamente.
Sin embargo, a pesar de sus promesas, Marruecos mantiene bajo custodia a Shokuri y está considerando levantarle cargos, aparentemente centrados en alegatos de que estuvo involucrado con un grupo terrorista marroquí antes de que lo capturaran en Afganistán, a finales del 2001. Los abogados de Shokuri demandaron que el gobierno de Obama presione a Marruecos para que cumpla con lo que habían pensado era un acuerdo. Ambos gobiernos han dicho poco que explique la discrepancia.
Varios funcionarios familiarizados con las discusiones legales y diplomáticas tras bambalinas ahora están arrojando luz sobre este incidente turbio. Más allá de la importancia que tiene para Shokuri, su situación ejemplifica cuán difícil –y enrevesado– puede resultar seleccionar a los detenidos que se cree que son un riesgo menor para la seguridad, a fin de disminuir sus filas en la prisión de Guantánamo, la cual el gobierno de Obama todavía quiere cerrar antes de que concluya su año final.
Con frecuencia, los republicanos en el Congreso estadounidense que se oponen al cierre de la prisión critican las transferencias, notando que algunos de los exdetenidos han proseguido a participar en actividades terroristas después de su liberación. Organizaciones de derechos humanos han criticado las raras ocasiones en las que Estados Unidos ha repatriado, a fuerza, a detenidos a países con cuestionables antecedentes en la materia.
Inicialmente, el gobierno marroquí comenzó el proceso judicial de sus 11 ciudadanos repatriados de Guantánamo durante la presidencia de George W. Bush; a cuatro los condenaron y, al resto, los liberaron por falta de pruebas, muestra un cable que se filtró. Se dice que tres de los 11 se fueron a Siria y murieron en la guerra civil allá, peleando con un grupo rebelde islamista. Organizaciones de derechos han acusado a Marruecos de torturar a los sospechosos de terrorismo, aunque funcionarios estadounidenses dicen que ha cumplido con sus promesas diplomáticas de no maltratar a los exdetenidos en Guantánamo.
En ese contexto, Cori Crider, una abogada de Shokuri, de Reprieve, una organización internacional de derechos humanos con sede en Londres, dijo que el gobierno estadounidense parece haberse deshecho de él en una forma “deshonrosa”.
“En el mejor de los casos, Estados Unidos no hizo lo suficiente para corregir los antecedentes con los marroquíes antes de regresarlo y ahora no están haciendo nada porque no es ninguna prioridad mantener la promesa que le hicieron a Younis”, explicó Crider. “Y en el peor de los casos, lo engañaron”.
Ian Moss, el coordinador de asesores en la oficina del Departamento de Estado que negocia las transferencias de los detenidos, dijo que no podía comentar sobre conversaciones diplomáticas delicadas.
“Seguimos sosteniendo diálogos con el gobierno de Marruecos en relación a sus connacionales que estuvieron detenidos en Guantánamo”, notó Moss. “Es mejor dirigir al gobierno de Marruecos las preguntas relacionadas a los procesos judiciales en curso en Marruecos”.
Funcionarios diplomáticos y de seguridad marroquíes no respondieron diversas consultas.
Shokuri, ahora con 48 años, salió de Marruecos más o menos en 1990 y fue a Pakistán, según documentos militares y judiciales. Al final, llegó a vivir a una casa cercana a Kabul, junto con otros expatriados marroquíes. Después de los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001, cuando Estados Unidos empezó a bombardear Afganistán, él trató de huir, pero lo detuvieron fuerzas paquistaníes de seguridad y lo transfirieron a Guantánamo.
Shokuri dijo que había estado realizando trabajo humanitario en Afganistán, pero el gobierno estadounidense sospechó que era parte del Grupo Islámico Combatiente Marroquí o GICM, una organización terrorista concentrada en derrocar a la monarquía marroquí. En el 2003, se vinculó al Grupo con un ataque de un terrorista suicida en Casablanca.
Se llevó a un total de 14 marroquíes a Guantánamo de la zona de guerra afgana. El gobierno de Bush repatrió a la mayoría, pero Shokuri seguía allí en el 2009, cuando el de Obama creó una fuerza de tarea con seis dependencias gubernamentales para revisar a los detenidos restantes, la cual recomendó que también lo transfirieran a él.
Sin embargo, en ese momento, al menos, Estados Unidos no parecía pensar que era inocente. Cables del Departamento de Estado de octubre del 2009 que filtró la soldado Chelsea Manning, antes Bradley Manning, muestran que “un factor clave en la aprobación” para incluirlo en la lista de transferencias fue el “acuerdo” de que Marruecos lo procesaría, lo que significaba que permanecería bajo custodia a su regreso.
Entre tanto, en una demanda de habeas corpus, los abogados de Shokuri arguyen que es dudosa la evidencia de que formó parte de un grupo terrorista marroquí porque se rastreó a las “confesiones torturadas” de presos bajo custodia marroquí e informantes poco fiables en la cárcel.
Para el 2011, el Departamento de Justicia estadounidense retiró la aseveración de que Shokuri era parte del grupo marroquí. Reprieve describió esta decisión como algo que muestra que Shokuri “ahora enfrenta un proceso potencial por alegatos refutados tiempo atrás, que Estados Unidos retiró hace años”.
Sin embargo, funcionarios familiarizados con el fallo del litigio dijeron que el gobierno estadounidense es agnóstico en cuanto a si Shokuri formó parte del Grupo Islámico Combatiente Marroquí. Al hablar bajo condición del anonimato por tratarse de delicadas deliberaciones internas, dijeron que habían surgido un par de complicaciones por utilizar evidencia sobre ese grupo en un caso de habeas.
Los abogados de Shokuri no solo arguyeron que parte de la evidencia estaba manchada con la tortura, sino que no estaba claro si se podía considerar al grupo marroquí como “fuerza asociada” de Al Qaeda en la época anterior a la captura de Shokuri, dijeron los funcionarios. El gobierno reclamó su autoridad en tiempos de guerra para detener a miembros de grupos contra los que el Congreso había autorizado el uso de la fuerza militar, y no de cada islamista extremista en el mundo.
Al final, dijeron, el gobierno decidió que era innecesario abordar esos problemas. Simplificó el caso al retirar los alegatos de terrorismo marroquí, diciéndole a un juez que a Shokuri se le podía detener, más bien, por presuntos vínculos con Al Qaeda o el Talibán. El juez nunca falló si la evidencia de ese alegato era suficiente porque, de cualquier forma, el gobierno ya estaba trabajando en transferirlo.
En el 2014, el Departamento de Estado exploró enviarlo a Alemania, donde tiene familia, pero las discusiones con ese país no rindieron frutos. Luego, en marzo del 2015, según Reprieve, funcionarios del Departamento de Estado le dijeron a un empleado suyo que funcionarios gubernamentales marroquíes habían dicho que si llegaba a Marruecos, era factible que su gobierno lo dejara libre después de 72 horas y que no pretendía procesarlo.
Ninguno de los países ha dado una explicación pública del por qué Marruecos no lo ha hecho. Sin embargo, según funcionarios familiarizados con el caso, el gobierno marroquí le dijo en privado a Estados Unidos que Shokuri dijo cosas nuevas durante el periodo de 72 horas que generaron nuevas inquietudes, al parecer, sobre el grupo terrorista marroquí, lo que cambió la premisa de sus intenciones previas.
En una última complicación, es factible que Shokuri habría terminado en Marruecos aun si no hubiese ido voluntariamente. Jueces le han dado al poder ejecutivo amplia laxitud para decidir la transferencia de detenidos en tiempos de guerra, sin cuestionamientos judiciales. No obstante, Crider dijo que habría rebatido enérgicamente la repatriación en nombre de Shokuri, y “con todo y lo mal que está la ley a este respecto, un esfuerzo por obligarlo se habría visto terrible para ellos”.