Simon Romero / New York Times News Service
2015-12-06
Río de Janeiro— La economía de Brasil ha perdido más de un millón de empleos este año en la recesión más severa en décadas. Hay familias aún en busca de personas desaparecidas en el fango liberado cuando reventó una presa, uno de los peores desastres ambientales del país. Oficiales de policía están chocando con estudiantes en las calles de Sao Paulo en torno a cierres de escuelas.
Los dirigentes brasileños enfrentan importantes crisis por múltiples frentes. Pero, en vez de abordarlas de frente, son consumidos por una lucha de poder en la capital, culminando en el comienzo de procedimientos de destitución en contra de la Presidenta Dilma Rousseff.
Incluso para algunos que apoyan la expulsión de Rousseff, quien ha sufrido amplias críticas y el escrutinio oficial por su manejo de la economía, la manera en que empezó el proceso de destitución y la posibilidad de que pudiera prolongarse por meses han llevado a un sentimiento de que la cúpula política de Brasil, plagada de escándalos, pudiera haber caído incluso más bajo.
Muchos brasileños se sintieron particularmente frustrados de que la persona que empezó los procedimientos de destitución, Eduardo Cunha, el presidente de la cámara baja, estuviera también combatiendo llamados por su renuncia a causa de cuentas bancarias en Suiza sin declarar y cargos de que aceptó millones de dólares en sobornos en el ardid de sobornos en torno a Petrobras, la empresa nacional del petróleo.
“Nuestra política es una broma”, dijo Aroldo Casagrande, de 60 años, propietario de una empresa que vende mármol. “La única persona que puede expulsar al presidente es alguien corrupto sin credibilidad alguna”.
Detractores de Rousseff arguyen que el caso de destitución en su contra es fuerte, incluido un fallo de una corte de auditoría en octubre en el sentido que ella hizo uso indebido de fondos de bancos del estado para cubrir déficits presupuestarios.
Más allá de eso, Rousseff enfrenta ira generalizada en torno a una diversidad de temas, incluyendo el hecho que estuvo en la cúspide del consejo directivo de Petrobras cuando estaba floreciendo el plan de malversación. Algunos testigos han testificado que los sobornos eran usados para financiar su campaña presidencial, alegato que ella niega. Además, electores a lo largo de la nación están indignados, con muchos arguyendo que ella los engañó deliberadamente con respecto a la profundidad de los problemas de la nación durante su búsqueda de la reelección en 2014.
Sin testimonio que surja para indicar que Rousseff aceptó algún soborno, Cunha, el presidente conservador de la cámara baja, optó por seguir adelante con el caso que involucra el uso de fondos de bancos del estado.
Sin embargo, Cunha también se ha ganado abundante ira. Sus detractores dicen que él está pugnando por la destitución para cobrar venganza en contra de la presidenta luego que legisladores en su Partido de los Trabajadores, tendiente a la izquierda, tomara medidas esta semana para buscar su expulsión como presidente.
La batalla sobre los procedimientos de destitución pudiera durar meses, consumiendo a las autoridades en momentos en que la crisis económica de Brasil se está volviendo más severa. Sin embargo, las pugnas internas ya habían cobrado un precio sobre la capacidad de la nación para enfrentar a la economía tambaleante, con dirigentes del Congreso bloqueando repetidamente la aprobación de las medidas de austeridad propuestas por el presidente este año.
“El comienzo de la destitución sobre la base de la venganza personal de Cunha corona un año marcado por la irresponsabilidad de los principales actores de la política”, dijo Bernardo Mello Franco, columnista del diario Folha de S. Paulo.
Otros van más lejos, poniendo en duda a la Corte de Cuentas de la rama federal, el organismo auditor vinculado con el Congreso de Brasil que falló en contra de Rousseff en torno a su manejo de fondos de grandes bancos del estado.
Joaquim Barbosa, ex magistrado presidente de la máxima cote de Brasil, dice que la corte de auditoría es un “campo de juegos de políticos fallidos”. La corte de auditoría, que está integrada en buena medida por ex legisladores, ha enfrentado escrutinio con al menos cuatro de sus integrantes bajo investigación sobre alegatos como compra de votos en elecciones legislativas y recibir sobornos.
Resulta difícil encontrar una institución política en Brasil cuya estatura no haya sido menoscababa por batallas de corrupción, sin consideración a dónde estén sus dirigentes en el espectro ideológico.
Alrededor de 40 por ciento de los 594 integrantes del Congreso enfrentan cargos de uno u otro tipo en una larga lista de escándalos, con base en un prominente grupo de vigilancia. Una de las figuras militares más conocidas de Brasil, un almirante retirado de la armada que concibió un programa nuclear de tipo secreto en la década de los 70, está bajo arresto por cargos de sobornos relacionados con la construcción de una planta nuclear.
Después, está el cerrado círculo en torno a Luiz Inácio Lula da Silva, el ex presidente que ungió a Rousseff como su heredera política. Las autoridades ya arrestaron a José Carlos Bumlai, poderoso ranchero y amigo de da Silva, bajo cargos de fraude, al tiempo que la policía irrumpió hace poco en las oficinas de una empresa perteneciente a uno de los hijos de da Silva, como parte de una investigación por sobornos.
Incluso previendo que la economía se contraiga más de 3 por ciento este año y Brasil soporte más homicidios que cualquier otra nación, la corrupción ha surgido como la inquietud más acuciante de la población en general, con 34 por ciento de los brasileños nombrándola por encima del lamentable sistema de salud pública y el desempleo, con base en Datafolha, empresa encuestadora. La encuesta, levantada entre el 25 y 26 de noviembre en entrevistas con 3,541 personas, tuvo un margen de error en la muestra de más o menos dos puntos porcentuales.
A medida que la batalla por la destitución se pone en marcha, algunos brasileños dicen que los procedimientos tienen menos que ver con corrupción y más con la competencia por el poder político. Thiago de Aragao, consultor de riesgo político en Brasilia, dijo que la lucha en torno a la destitución pudiera prolongarse incluso por hasta siete meses.
“Cada partido político que tenemos es despreciable”, dijo Moura Ferreira, de 53 años de edad, guardia de seguridad en un centro comercial aquí en Río de Janeiro. Ferreira dijo que dudaba que la destitución de Rousseff mejore las perspectivas del brasileño común.
“La economía es terrible, y la inestabilidad política contribuye a eso”, dijo Ferreira, destacando que él desaprobaba a Rousseff, pero también dudaba de los motivos de sus oponentes. Si Dilma es obligada a marcharse”, agregó, la inestabilidad continuará”.