Julia Preston / New York Times News Service
2015-11-26
Mission, Texas— La cifra de migrantes que han cruzado el Rio Grande sin documentos se incrementó considerablemente en semanas recientes, repitiendo las escenas del flujo migratorio de niños y familias de centroamericanos en el sur de Texas el año pasado.
De nueva cuenta, los tratantes de blancas ingresan a cientos de mujeres y menores todos los días por la orilla mexicana del río y cruzándolos en balsas. En una temporada cuando los cruces ilegales a menudo descienden, “la cifra ha empezado a moverse en la dirección contraria”, comentó Raul L. Ortiz, quien funge como director de la Patrulla Fronteriza en el Valle del Río Bravo. Desde el 1 de octubre, arrojan cifras oficiales, las detenciones de la Patrulla Fronteriza de familias de migrantes en esta región se han incrementado 150 por ciento sobre el mismo período el año pasado, mientras que el número de menores sin compañía detenidos por los agentes ha ascendido a más del doble.
Los nuevos flujos aquí son más pequeños que el incremento observado en el verano de 2014 pero se da luego de un año de declive en los cruces ilegales a lo largo de la frontera suroeste de Estados Unidos. El incremento se propicia mientras ha incrementado la inquietud estadounidense por la seguridad fronteriza después de que los ataques del 14 de noviembre en París generaran dudas de que los terroristas intenten ingresar a Estados Unidos. Y están complicando las medidas del gobierno de Obama para reasegurar al país que la frontera se encuentra bajo control.
Funcionarios fronterizos señalaron que están monitoreando el flujo creciente, pero que no han mandado una señal de un mayor riesgo de seguridad o activado alguna respuesta especial.
Una serie de factores parece estar propiciando el nuevo flujo. Varios de los migrantes son mujeres y niños que huyen de la violencia de las pandillas y la violencia sexual endémica en Centroamérica, que esperan recibir asilo en Estados Unidos. En vez de esconderse de los agentes de la Patrulla Fronteriza a menudo intentan dar con ellos, solicitan protección e inician una prolongada batalla legal para permanecer aquí.
En octubre, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, António Guterres, indicó que la violencia descontrolada por las pandillas se había “generalizado” en El Salvador, Guatemala y Honduras. Emitió una “alerta inicial” de la “inminente crisis de refugiados”.
Un reporte emitido por su agencia encontró que las mujeres en particular “encaraban un sorprendente grado de violencia que tenía un impacto devastador en sus vidas diarias”. De acuerdo con cifras de Naciones Unidas, este año El Salvador se ubicó en primer lugar mundial por su tasa de feminicidios y Guatemala quedó en tercer puesto, mientras que Honduras tenía la mayor tasa de homicidios generales.
Funcionarios fronterizos señalaron que las reducciones en las detenciones de mujeres migrantes con niños también podría tener un impacto. En respuesta a una decisión de la corte federal, el Departamento de Seguridad Nacional dio por terminada una política de detener ante todo a mujeres para enviar un mensaje disuasivo a Centroamérica. Las autoridades han puesto en libertad a mujeres y menores de edad en tres semanas o menos, remitiéndolos para que interpongan una solicitud de asilo en cortes migratorias alrededor del país.
“Estoy seguro que cierta información ha llegado a aquellos países de que tal vez tienen cierta oportunidad con respecto a nuestra supuesta incapacidad de detener a las familias y los niños”, señaló Ortiz en una entrevista desde sus oficinas cercanas. “Los miembros de familia que ya se están asentando aquí, dirán: ahora posiblemente es un buen momento para venir a EU”.