Raphael Minder / New York Times News Service
2015-11-21
Valencia, España— En ésta, la tercera ciudad española más grande, el acusador y el acusado de la Guerra Civil Española siguen siendo honrados lado a lado, cuando menos en su mapa de calles.
Una de las avenidas aquí lleva su nombre en honor a Joan Baptista Peset Aleixandre, prominente médico, rector universitario y político de la izquierda que contribuyó a la administración de hospitales regionales durante la guerra civil.
Paralela a la avenida hay una calle más pequeña cuyo nombre es en honor de otro médico, Marco Merenciano, fascista que entabló cargos y testificó en contra de Peset Aleixandre, quien fue muerto por un pelotón de fusilamiento afuera de un cementerio.
El pasado viernes se cumplieron 40 años desde la muerte de Francisco Franco, el victorioso general en la guerra civil española. Su muerte fue el comienzo de la transición de España de la dictadura a la democracia, pero no habrá conmemoraciones oficiales.
Los nombres de las calles y otros símbolos del régimen franquista, no solo aquí sino a lo largo de España, yacen como una medida no solo de cómo el legado de Franco sigue incrustado en el panorama político y físico de España, sino del fracaso de esta democracia que va madurando para luchar con ello plenamente hasta estos días.
La sombra de Franco sigue siendo juna potente fuente de división entre derecha e izquierda, a pesar de su muerte. Con la ausencia de una visión compartida del periodo, alcaldes de izquierda elegidos en fechas recientes en Valencia y algunas otras ciudades se han hecho cargo por sí solos de la remoción de los últimos nombres de calles y otros despliegues públicos asociados con el régimen de Franco.
Que Merenciano debería tener su propia calle es “un escándalo”, dijo Joan Ribó, quien fue elegido alcalde de Valencia este año, poniendo fin a 24 años de gobierno conservador.
“Resulta difícil creer que seguimos honrando a gente vinculada con la represión de Franco, que claramente no es algo que ocurre en relación con el nazismo en Alemania o el fascismo en Italia”, agregó.
Aparte del debate del cambio de nombre, el Partido Popular del Primer Ministro Mariano Rajoy se ha resistido a demandas encabezadas por socialistas de exhumar cuerpos de tumbas colectivas; remover el cuerpo de Franco de una basílica construida como símbolo de su victoria; así como crear una comisión de la verdad para estudiar los crímenes cometidos durante la guerra y sus consecuencias.
Una investigación de los crímenes de Franco ya fue promovida por Baltasar Garzón, juez activista que fue expulsado de la barra en 2012 por la Suprema Corte, por haber ordenado ilegalmente escuchas electrónicas.
Al hablar ante una reunión de corresponsales extranjeros este jueves sobre el legado de Franco, Garzón concluyó francamente: “No hay madurez alguna en España cuando se trata de estos temas”, dijo.
Así que Valencia creó su propia comisión de historia, y su trabajo incluye corregir nombres asociados con Franco.
Con base en historiadores locales, es probable que la comisión recomiende el cambio de entre 30 y 60 nombres de calles, incluido el de Merenciano.
Ribó dijo que él también quería remover placas más pequeñas y otros símbolos de la dictadura franquista, incluyendo cabezas de águila que fueron grabadas sobre edificios.
Con todo, el impulso por despejar espacios públicos de símbolos franquistas no ha carecido de resistencia y polémica, y no solo en Valencia. La nueva alcaldesa de izquierda en Madrid, Manuela Carmena, quiere cambiar aproximadamente 150 nombres de calles vinculados con Franco.
Como en Valencia, el plan en Madrid forma parte de la llamada ley de la memoria histórica, introducida en 2007 por el primer ministro socialista, José Luis Rodríguez Zapatero.
Pero, después de que el Partido Popular expulsara del poder a los socialistas a finales de 2011, congeló fondos públicos para proyectos relacionados con la ley, incluidos esfuerzos por identificar los restos en alrededor de 2,000 tumbas colectivas.
Políticos conservadores consideran que ese tipo de esfuerzos son contrarios a los principios de conciliación encarnados en una ley de amnistía de 1977 que tenía el propósito de ayudarle al país a sanar tras la muerte de Franco, así como evidencia de oportunismo político de partidos políticos de izquierda.
De hecho, en una época de estrictos recortes presupuestarios –otra fuente de división entre izquierda y derecha– incluso el costo de ese tipo de esfuerzos se ha convertido en un punto de contención. Si bien el Ayuntamiento de Madrid estimó que el proyecto de cambio de nombres costaría 60,000 euros (64,000 dólares), quienes se oponen dicen que la cuenta final sería cien veces mayor. Más allá de los cambios de nombre, Valencia también está intentando programar conferencias, exposiciones y otros eventos a lo largo del año próximo para poner de relieve su participación como la efímera capital de la España republicana.
A medida que las tropas de Franco avanzaban y la línea del frente llegaba a Madrid, el gobierno republicano de España se mudó a Valencia en noviembre de 1936 y permaneció ahí hasta octubre de 1937. Una considerable parte del patrimonio cultural de la nación fue reubicado a la seguridad relativa de Valencia, incluyendo obras maestras del museo del Prado, en Madrid.
Convertirse en la cabecera del gobierno “realmente transformó esta ciudad, también en un eje de revolución social y extraordinaria efervescencia cultural”, dijo Jorge Ramos Tolosa, profesor de historia en la Universidad de Valencia.
El mes pasado, el Ayuntamiento otorgó el título honorífico de hija predilecta de Valencia a Alejandra Soler, ex líder del movimiento estudiantil que obtuvo su diploma en 1936, justo antes del estallido de la guerra civil, escapando a la Unión Soviética en 1939, tras la victoria de Franco.
Soler, quien tiene 102 años, recordó Valencia como “magnífica” durante su periodo como capital republicana. “Este era el punto de reunión de toda la gente antifascista del mundo, de los verdaderos creyentes en la democracia”, dijo, sentada en su apartamento lleno de recuerdos de la guerra civil.
Sin embargo, la importancia de Valencia en tiempos de guerra, también la convirtió en el objetivo de 442 bombardeos durante la guerra civil, en su mayoría de aeronaves italianas que formaron parte del fascista apoyo militar suministrado a Franco por Hitler y Mussolini.
Una asociación civil en la localidad quiere convertir uno de los ex refugios anti ataques de Valencia en un museo de la guerra civil; lo cual también rompería algo similar a un tabú en un país que casi no tiene museos de ese tipo, incluso en Madrid.
Tan delicado es el periodo aún que Santos Juliá, uno de los historiadores más respetados de España, cuestionó el plan, sugiriendo quizá la creación de un museo de historia española del siglo XX, más bien.
“Creo que aislar la guerra civil es demasiado polémico y no contribuye realmente a explicar la historia”, dijo, “por qué la guerra civil no puede entenderse sin saber qué ocurrió antes, en tanto lo ocurrido después no puede entenderse sin saber sobre la guerra”.