Adam Liptak / New York Times News Service
2015-11-20
Washington— El gobierno de Obama pidió el viernes a la Suprema Corte de Estados Unidos que rescate la reforma del presidente al sistema migratorio del país.
El procurador general Donald B. Verrilli Jr. exhortó a la Corte a que tome acciones rápidas a fin de revertir el fallo de un tribunal de apelación que la semana pasada bloqueó el plan del presidente Barack Obama de permitir el ingreso legal de más de 4 millones de migrantes indocumentados para que vivan y trabajen en Estados Unidos.
“Si no se altera”, redactó Verrilli, “ese dictamen permitirá que los estados frustren la aplicación del gobierno federal de las leyes migratorias del país”.
El caso, Estados Unidos v. Texas, se refiere a la orden ejecutiva de noviembre de 2014 por Obama que permitía a padres de ciudadanos o residentes permanentes legalmente asentados en el país ingresar a un programa que evitaría su deportación y les permitiría trabajar.
“Sin una autorización para laborar”, amplió Verrilli sobre las personas candidatas para el programa, “posiblemente trabajarán para empleadores que los contratarán ilegalmente, a menudo con salarios por debajo del mercado, por lo tanto lastimando a trabajadores estadounidenses y dando a empleadores sin escrúpulos una ventaja injusta”.
El primer aniversario del anuncio de Obama de las acciones ejecutivas fue el viernes. Para conmemorarlo, grupos a favor de los migrantes y de latinos planearon ventilar su frustración por el dictamen de la corte de apelaciones con marchas y mítines en más de dos docenas de lugares alrededor del país, incluyendo Phoenix; Raleigh, Carolina del Norte; y Miami.
Un grupo señaló que protestará en las oficinas del presidente de la Cámara de Representantes, Paul D. Ryan, en Racine, Wisconsin.
Casi inmediatamente tras el anuncio de Obama sobre sus acciones ejecutivas en noviembre, Texas y otros 25 estados interpusieron una demanda con la intención de detenerlas. En febrero, el juez Andrew S. Hanen de la Corte Federal de Distrito en Brownsville, Texas, presentó una orden preliminar para detener el programa.
El gobierno federal apeló, y el 9 de noviembre, un panel dividido de tres jueces de la Corte Federal de Apelaciones del Quinto Circuito, en Nueva Orleáns, ratificó la orden.
El juez Jerry E. Smith, redactando a nombre de la mayoría, señaló que los estados han presentado controversias sobre el programa, citando una decisión de la Suprema Corte de 2007 donde se mencionaba que Massachusetts y otros estados tenían derecho a demandar a la Agencia de Protección Ambiental por su negativa a regular las emisiones de vehículos automotores que contribuyen al cambio climático.
Smith señaló que Texas padecería de un castigo similarmente directo y concreto al haber gastado millones para ofrecer licencias de manejo a migrantes bajo el programa federal.
Verrilli explicó a los jueces que el daño a Texas, como sucedió, fue una herida autoinfligida, producto de su decisión propia de ofrecer licencias de manejo a personas legalmente establecidas en Estados Unidos. Las decisiones tomadas sobre las licencias de manejo y gastos relacionados son absorbidas generalmente por los propios estados. Añadió que la posición teórica de la corte de apelaciones permitiría a los estados entablar demandas sobre cualquier decisión de la política federal.
“Las consecuencias de la teoría de la mayoría son particularmente agudas en un caso como éste”, escribió, añadiendo: “en el que un estado busca apalancar sus decisiones políticas para insertarse a sí mismo –y a las cortes federales– dentro de las decisiones discrecionales de la política migratoria que el Congreso y la Constitución han asignado en exclusiva al gobierno federal.
Funcionarios en Texas señalaron el viernes que estaban confiados de que su racha positiva en las cortes se mantenga.