Adam Liptak / New York Times News Service
2015-09-03
Washington— Servicios que ofrecen abortos en Texas solicitaron a la Suprema Corte de Estados Unidos el miércoles que revierta un fallo que dejaría al estado con 10 clínicas de este servicio, en comparación con las 40 que llegaron a operar. Si la corte accede a admitir el caso, lo cual parece probable, podría emitir su primer gran fallo sobre el aborto desde 2007 antes de que su siguiente término concluya en junio.
“Texas es el segundo estado más poblado del país, con 5.4 millones de mujeres en edad reproductiva”, señala el grupo que exhorta a la corte a dar cabida a su caso. “Más de 60 mil de esas mujeres eligen practicarse un aborto cada año”.
El caso afecta a dos partes de la ley estatal que imponen una regulación estricta a los facilitadores de abortos. Fue aprobada por la Legislatura de Texas, dominada por republicanos, y ratificada como ley en julio de 2013 por Rick Perry, el gobernador en aquel entonces.
El comunicado señala que la legislación “retrasaría o impediría que miles de mujeres obtengan abortos y las conmine a métodos inseguros o ilegales para terminar un embarazo no deseado”.
Una sección de la ley estipula que todas las clínicas en el estado deben cumplir con la normatividad de “centros quirúrgicos ambulatorios”, incluyendo regulaciones relativas a las instalaciones, equipo y personal. La otra solicita que los doctores que realizan abortos tengan privilegios de admisión en hospitales cercanos.
Otros pasajes de la legislación ya han producido que cierren cerca de la mitad de las 41 clínicas de aborto del estado. Si las provisiones en disputa surten efecto, como lo sostiene el documento del miércoles, la cantidad de clínicas se vería reducida de nuevo a la mitad.
Las clínicas restantes, indica el documento, se concentrarían en cuatro áreas metropolitanas: Austin, Dallas-Fort Worth, Houston y San Antonio.
“No habría instalaciones con licencia al oeste de San Antonio”, expresa el comunicado. La única clínica al sur de San Antonio, en McAllen, añade, tendría “una capacidad extremadamente limitada”.
El caso podría ofrecerle a la Suprema Corte la oportunidad de aclarar su dictamen de 1992 en el caso Planned Parenthood vs Casey, que establece que los estados no pueden sumar cargas indebidas al derecho constitucional de abortar antes de la viabilidad fetal. La Corte indicó que las “cargas indebidas” incluían “regulaciones sanitarias innecesarias que tengan el propósito o efecto de presentar un obstáculo sustancial a la mujer que busca un aborto”.