Erik Eckholm / New York Times News Service
2015-08-29
Nueva York— Mañana lunes, en una corte federal de Pasadena se debatirá si la aplicación de la pena de muerte en California es tan prolongada y arbitraria que equivale a castigos crueles e inusuales.
En caso de que los abogados de un sujeto condenado salgan victoriosos, el caso podría dar un aplazamiento a más de 740 prisioneros que se encuentran en el pabellón de la muerte de la prisión estatal de San Quintín, y generaría repercusiones legales en todo el país. De cualquier forma, aseguran los expertos, generará un debate sobre la administración de la pena capital que posiblemente llegue en un futuro a la Suprema Corte de Estados Unidos.
En la audiencia de mañana ante un panel de tres jueces en la Corte Federal de Apelaciones del Noveno Circuito, funcionarios de California buscarán revertir un sorpresivo dictamen del año pasado por una corte federal menor, que declaró al “sistema de pena de muerte” del estado como inconstitucional.
Elogiada por oponentes a la pena capital como un avance y atacada por otros como imprudente y fuera del ámbito legal, la decisión emitida el 16 de julio de 2014 por el juez Cormac J. Carney de la Corte Federal de Distrito de Santa Ana se enfoca no en las disparidades de distribución de las sentencias a muerte en primer lugar –la acusación más familiar–, sino en las décadas de revisiones enmarañadas y prolongadas que siguen y la rareza de las ejecuciones en sí.
En un mordaz recuento de lo que calificó como un sistema disfuncional, el juez Carney destacó que de las más de 900 personas que han sido sentenciadas a muerte en California desde 1978, cuando se estableció la actual estructura legal, sólo 13 han sido ejecutadas.
Citando el creciente retraso en el proceso de revisión judicial que puede llevar 25 años o más, muy por encima del promedio nacional, el juez Carney señaló que las sentencias a muerte se han transformado, en efecto, en “cadena perpetua, con remota posibilidad de ser ejecutado”.
Los “muy pocos” que pasan a la cámara de ejecución “habrán pasado tanto tiempo en espera de su ejecución que ésta no servirá como retribución o disuasivo y será arbitrario”, señaló.
El juez Carney dictaminó en la apelación de Ernest Dewayne Jones, que fue condenado a muerte en 1995 por asesinato y violación, y efectuó una súplica desesperada ante una corte federal después de que sus apelaciones en la Suprema Corte de California fueran denegadas. El juez anuló la sentencia a muerte de Jones al declarar que el proceso de castigo capital en California es generalmente inconstitucional.