James Risen / New York Times News Service
2015-08-29
Washington— Este viernes, una corte de apelaciones decidió que la Agencia Nacional de Seguridad, NSA por sus siglas en inglés, puede seguir recolectando información telefónica de millones de estadounidenses, por lo menos hasta que una nueva ley entre en vigor en el mes de noviembre, prohibiendo esa práctica.
La Corte de Apelaciones del Distrito Columbia dejó sin efecto una orden emitida en el 2013 en contra del programa de la NSA por una corte de menor jerarquía, respecto a una regla que no estaba vigente, ayudando a aclarar parte del pantano legal que se ha generado acerca de la gran cantidad de información telefónica que ha recolectado la agencia.
La decisión estuvo empatada aunque el Congreso aprobó una ley en el mes de junio para dar por terminado ese programa.
Los desafíos legales del programa –que empezó en secreto de acuerdo al Decreto Patriota y que posteriormente fueron dados a conocer por el ex contratista de la NSA, Edward J. Snowden– se hicieron en las cortes mucho antes de que el Congreso actuara para darlo por terminado.
Aunque ha continuado a pesar de la nueva ley, que reemplazará la enorme recolección de la agencia con un nuevo proceso en el que importantes compañías telefónicas retendrán la información, y la agencia tendrá que obtener órdenes de la corte para tener acceso a ella.
La administración Obama asegura que la ley permite que la NSA continúe el programa telefónico durante 180 días para darle tiempo para cambiar al nuevo proceso, aunque otra demanda lo está desafiando.
El período de transición concluirá el 29 de noviembre, así que cualquier desafío legal al programa sólo tendrá un efecto temporal.
La decisión que se tomó este viernes no tiene consecuencias inmediatas para la NSA, ya que la orden impuesta por una corte de menor jerarquía no estaba en vigor.
El gobierno de Obama apeló la decisión ante la corte de apelaciones.
La enorme colección de récords telefónicos inició en la administración Bush después de los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001, como parte de la intervención de teléfonos sin tener una orden para hacerlo y el programa de espionaje doméstico.
La administración Obama amplió la vigilancia doméstica de la agencia, ya que el gobierno capitalizó el crecimiento de las redes sociales y otras formas de información digital que podían ser recolectadas con el fin de rastrear a las personas.
El gobierno de Obama interpretó la Sección 215 del Decreto Patriota, que autorizó la recolección de récords empresariales, como una aprobación para recolectar clandestinamente información telefónica de millones de estadounidenses.
El gobierno no dio a conocer toda esa enorme información hasta después que Snowden lo reveló al filtrar los documentos de la NSA.