Paulina Villegas y Frances Robles / New York Times News Service
2015-07-30
San Francisco Xochicuautla, México— Armando García ha presentado demandas, se ha unido a las protestas y ha sido arrestado por intentar frenar la construcción de una autopista que cortará por en medio del patio de su casa ubicada en una reserva natural.
Pero incluso con una orden de la corte de su lado, frondosos pinos han sido talados, dejando sólo los tocones de los árboles adornando la colina. Partes de un bosque protegido han sido taladas, dejando expuesto el camino de una autopista de 32 kilómetros con rumbo al nuevo aeropuerto de la ciudad de México, dejando franjas de la comunidad indígena de García completamente demolidas a su paso.
García y sus vecinos que luchan en contra de este proyecto dicen que nunca tuvieron oportunidad de frenarlo. Después de todo, no están luchando contra equipos ordinarios de construcción, sino que se enfrentan a un empresario con tan buenas conexiones que los mexicanos lo llaman el “contratista favorito” del presidente.
Tras años de manifestaciones y batallas en los tribunales, el presidente Enrique Peña Nieto firmó este mes una orden ejecutiva con la que se expropian casi 37 hectáreas de lo que muchos consideran tierra sagrada. Y no es ninguna sorpresa que lo haya hecho, según los residentes argumentan. Al mismo contratista que construye la autopista por en medio de sus tierras se le atribuye haber construido la mansión de la familia presidencial, ofrecer una casa al ministro de Finanzas por cero ganancias y obtener miles de millones de dólares en acuerdos con el gobierno.
“Sabíamos que por muchos años atrás, el presidente ha mantenido un control político en este estado”, dijo García. “Sólo que no sabíamos que terminaría afectándonos de manera tan directa”.
Las relaciones que Peña Nieto mantiene con el contratista es uno de varios escándalos recientes que han generado dudas en torno al presidente, manchando su legado y erosionando la ya de por sí endeble fe que el público tiene en las instituciones gubernamentales del país.
Por todo México, la gente está ocupada debatiendo sobre un nuevo golpe a la administración: cómo uno de los más notorios líderes del narcotráfico, Joaquín Guzmán Loera, conocido como El Chapo, se las ingenió para escaparse de una prisión de máxima seguridad este mes al construir un túnel justo por debajo de las narices de las autoridades. Cómo fue eso posible sin la ayuda de alguien en el poder, según muchos mexicanos se preguntan.
Los residentes cuyas propiedades están en el camino de la autopista dicen que su batalla en contra del gobierno, también genera problemáticas dudas. ¿Cómo el amigo del presidente, que comenzó vendiendo materiales para oficina, tales como pósitos, terminó al frente de un imperio que cobra miles de millones de dólares en contratos gubernamentales, obtiene luz verde para construir una autopista a través de un bosque protegido y gana contratos para construir hospitales y trenes?
El presidente y su círculo interno no han sido acusados de ningún delito en ninguno de estos casos. Los hallazgos de una investigación del gobierno en torno a la mansión de la familia presidencial son inminentes. Una investigación aparte está examinando la fuga de Guzmán.
Pero mientras que ambos casos tienen importantes diferencias, han ocasionado una gran frustración, al tocar la llaga del sentimiento de una nación de que a pesar de que Peña Nieto asevere que México y su Partido Revolucionario Institucional han cambiado, algunos de los problemas más fundamentales del país siguen igual.
“Es evidente que este asunto con El Chapo y el tema de los contratos es el mismo: corrupción”, dijo Manuel Huerta, un congresista de la oposición quien escribió un libro, detallando los contratos. “Es una muestra de la incompetencia, la impunidad y la corrupción de este gobierno”.
La compañía que construye la autopista es propiedad de Juan Armando Hinojosa Cantú, un contratista gubernamental con estrechos vínculos con el presidente, que datan de cuando Peña Nieto era un ambicioso y joven auxiliar en el Estado de México.
Nuevos archivos obtenidos muestran que las compañías de Hinojosa y sus afiliados han asegurado por lo menos 2.8 mil millones de dólares con las dependencias del gobierno, por medio de más de 80 contratos, los cuales, según los legisladores de la oposición, argumentan que son el resultado de la relación de muchos años entre Hinojosa y el presidente.
Los estrechos lazos de Hinojosa con Peña Nieto fueron razón de controversia incluso antes de que los periodistas locales descubrieran a finales del año pasado que el presidente y su esposa habían comprado una casa de 1,393.5 metros cuadrados que Hinojosa construyó en apego a las especificaciones de la pareja bajo términos inusualmente favorables.
La primera dama, una ex estrella de telenovelas, dijo que había comprado la casa a crédito por 4 millones de dólares. Peña Nieto también hizo uso de una segunda casa, propiedad de las compañías de Hinojosa, como oficina durante su campaña presidencial y antes de que asumiera la presidencia en 2012.
Tras un torrente de acusaciones de que el presidente y su ministro de finanzas, Luis Videgaray, estaban recibiendo favores especiales de un contratista que gana lucrativos contratos del gobierno, Peña Nieto se defendió diciendo que no había ningún conflicto de intereses. La primera dama, Angélica Rivera, ha dicho que ella pagó por casi una tercera parte de su casa con su propio dinero, y que ella vendería sus derechos a la misma.
Aun así, el presidente reconoció “que las acusaciones han generado la apariencia de haber hecho algo deshonesto”. Luego nombró a uno de los viejos amigos de su ministro de finanzas para que investigara, ocasionando una mayor consternación entre sus críticos.
Peña Nieto canceló un contrato gubernamental para la construcción de un tren de 3.7 mil millones de dólares, un proyecto que estaba siendo construido por un consorcio que incluía a una de las compañías de Hinojosa. Pero otros grandes proyectos en los que Hinojosa está involucrado continúan siendo construidos, incluyendo la autopista, el costo de la cual era originalmente de 132 millones de dólares, pero que luego aumentó a 207 millones de dólares, según lo muestran los archivos del presupuesto. Más aún, las compañías de Hinojosa ganaron un contrato de 74 millones de dólares para remodelar el hangar del avión presidencial; un proyecto de ampliación de caminos de 104 millones de dólares que ha crecido hasta alcanzar los 127 millones de dólares; y una inversión del 37 por ciento en un enorme plan para la construcción de un acueducto que abastecerá de agua a Monterrey.
El acuerdo del acueducto se ha tornado particularmente controversial. Una de las compañías involucradas confirmó que se espera que el proyecto llegue a costar 3.5 mil millones de dólares en construcción, mantenimiento y en operaciones por el transcurso de 30 años. Bajo estos términos, Hinojosa se quedará con una ganancia cercana a los 1.3 mil millones de dólares.
Sólo una confabulación entre el gobierno federal y sus contratistas puede explicar semejantes aumentos en los precios de los proyectos, según argumentó Jaime Rodríguez, gobernador electo de Nuevo León, donde el acueducto está siendo construido. El gobernador está dispuesto a parar el proyecto, uniéndose al coro de quejas sobre el presidente y sus asociados corporativos.
“El presidente ha dicho que él no tiene nada que ver con los contratos y que no participó en la licitación”, dijo Haydeé Pérez, directora ejecutiva de Fundar, un grupo de investigación de la ciudad de México. “Eso no es verdad: Si él puede verbalmente cancelar un contrato cuando no existe un mecanismo institucional que haga tal cosa, entonces también él puede hacer entrega de dichos contratos.
La oficina de Peña Nieto se rehusó a contestar a las preguntas sobre su relación con el contratista, haciendo referencia a la investigación que el “presidente ordenó llevar a cabo, con el objetivo de no influenciar la dirección que ésta está tomando o llegar a obstaculizar el curso de la misma”.
El ministro de Finanzas no respondió a una petición para dar un comentario, ni el jefe de partido de Peña Nieto, ni la dependencia estatal a cargo del proyecto de la autopista. El asistente personal de Hinojosa dijo que él estaba “muy ocupado” para responder.
Los legisladores y funcionarios mexicanos dijeron que los contratos otorgados a varias compañías de Hinojosa en el transcurso de los años, incluyendo su conglomerado conocido como Grupo Higa, abarcan una amplia variedad de iniciativas, como pavimentación, publicidad, construcción, transporte aéreo, concreto, bienes raíces y carreteras.
A pesar de su gran influencia, Hinojosa sigue siendo una especie de enigma. Nunca ha hablado en público sobre la casa que construyó para el presidente y su esposa, a pesar de que el acuerdo salió a la luz por primera vez hace ocho meses.
Hinojosa, originario del estado de Tamaulipas, arribó al estado de México, estado natal de Peña Nieto, en la década de los ochenta. Obtuvo pequeños contratos gubernamentales para proyectos de impresión y publicidad, adentrándose poco a poco en el entramado clan político que el presidente, su partido y algunos de sus familiares han forjado para mantener un control en el poder, empleos y acuerdos empresariales en el estado por generaciones.
En el año 2000, Hinojosa donó miles de dólares al poderoso partido de Peña Nieto, según lo muestran los archivos. Sus compañías eventualmente le cobraban al gobierno casi por todo, desde estufas hasta camisas para caballero, de acuerdo a los archivos en sitios Web de transparencia gubernamental.
La relación empresarial comenzó durante el mandato del ex gobernador del estado, Arturo Montiel. Luego floreció bajo la tutela de su joven y ambicioso protegido –Peña Nieto–, quien comenzó como secretario privado del gobernador y posteriormente ocupó puestos en el gabinete del estado con acceso a contratos de influencia.
“Había evidencia de que el poder que el Grupo Higa tenía descendía de Peña Nieto, pero nadie quería aceptar tal cosa”, dijo Francisco Cruz, quien ha escrito varios libros sobre el presidente y sus influyentes amigos. “En 2011, yo pedí información sobre todos los contratos que su compañía tenía tan sólo en el estado de México, y sumaban un total de 23 mil millones de pesos”, o alrededor de 1.8 mil millones de dólares en ese entonces.
Algunos de los más disputados proyectos se realizaron después de que Peña Nieto se convirtiera en gobernador del estado de México en 2005. Uno que las compañías de Hinojosa construyeron fue un hospital de 509 millones de dólares que llegó a costar mucho más que otros nuevos hospitales en el país.
Otro gran proyecto en el que también tenía una enorme inversión –un centro para las bellas artes– fue construido en una remota ubicación que fue criticado de ser un elefante blanco.
Otros contratistas retrocedieron, diciendo que los habían dejado fuera de los proyectos públicos. “Juan Armando Hinojosa arribó aquí sin nada; pareciera como si se hubiera hecho millonario en cuestión de días”, dijo José Altamirano, un ex funcionario gubernamental que ahora representa a compañías constructoras en disputas legales contra el gobierno.
Cuando Peña Nieto se postuló a la presidencia, una de las compañías de Hinojosa lo transportaba de un lugar a otro en helicóptero de manera gratuita, según reportaron los noticieros mexicanos. También se ha dicho que el presidente fungió como testigo en la boda del hijo de Hinojosa, también llamado Juan Armando. Luego Hinojosa Junior murió cuando su helicóptero se estrelló hace tres años, tras haber estado presente en una cena para celebrar el cumpleaños número 46 de Peña Nieto.
Cuando Peña Nieto ganó la presidencia, los contratos crecieron, incluyendo el tan debatido acueducto.
Los expertos concuerdan en que no es inusual de que cada administración presidencial cuente con sus contratistas preferidos, pero dijeron que la variedad de los contratos de Hinojosa y la cantidad de éstos son en verdad sorprendentes.
“Están acostumbrados a trabajar con impunidad”, dijo Edna Jaime, directora ejecutiva de México Evalúa, una organización cívica de buen gobierno. “Llegaron a la conclusión de que la manera en que se hacían las cosas en el Estado de México podría repetirse aquí en la capital”.
Fausto Hernández, un economista del Centro para la Investigación Económica y la Educación en la Ciudad de México, dijo que dejar a un conglomerado tener el control de tantos contratos gubernamentales, generalmente hace que los precios se incrementen, particularmente estos aumentos, con el fin de encubrir el soborno, son ya cosa de rutina.
“El mensaje es: no importa cuán talentoso, cuán innovador, cuán capaz sea usted como empresario. Lo único que importa son sus conexiones políticas”, dijo.
Aquí en Xochicuautla, el decreto de expropiación del presidente estipula que la comunidad sea compensada con cerca de 715 mil dólares. Pero las protestas continúan, incluyendo la de esta semana.
“Somos invisibles ante el Estado Mexicano”, dijo José Luis Fernández, de 54 años, un albañil de la zona.