Timothy Williams / New York Times News Service
2015-07-30
Chicago— La doctora Nneka Jones Tapia, quien dirige en esta ciudad el extenso Penal del Condado Cook, tiene un imborrable recuerdo infantil de unos policías tocando insistentemente en las paredes de aluminio de la caja doble ancha de tráiler donde su familia vivía en Carolina del Norte, registrando en repisas y cajones y arrestando a su padre por cargos de vender mariguana.
Jones Tapia, entonces de ocho años, tuvo que llamar a su madre para que volviera del trabajo.
En el transcurso de los siguientes años, estuvieron presos asimismo otros parientes, entre ellos dos hermanos, y varios amigos. Jones Tapia dice que también ella pudo haber terminado ahí.
En vez de ello, la psicología la cautivó y Jones Tapia obtuvo un doctorado. En 2006 empezó a trabajar en el Penal del Condado Cook, convirtiéndose esta primavera en su inesperada alcaidesa al ser ascendida a directora ejecutiva –siendo una de los primeros psicólogos clínicos en dirigir una cárcel, resaltando lo mucho que los penales del país se han convertido en centro de retención para los enfermos mentales.
“Es una vergüenza nacional cómo manejamos esto”, dijo el alguacil Thomas Dart, quien dio a Jones Tapia el nombramiento para que ocupara el cargo y que se refiere al penal, sitio notorio por su historia de violencia y hacinamiento, como la institución mental más grande del país. Dart dijo que padecían alguna enfermedad mental hasta la tercera parte de los 8 mil 600 internos.
Sentada recientemente cierto día en una crujía, Jones Tapia, de 37 años, reflexionaba: “Conozco muy bien lo que se siente tener la esperanza de que los seres queridos de uno tomen mejores decisiones. Y pienso en mi propia vida y en cómo probablemente estuve a una mala decisión de encontrarme yo misma en una institucional correccional”.
Mientras el Congreso se embarca en el replanteamiento del sistema de justicia penal –incluyendo otorgar a los jueces mayor discrecionabilidad al sentenciar–, las cárceles están confrontando asimismo un sinnúmero de problemas en la forma en la cual tratan a los enfermos mentales. Hoy en día, en los cinco mil penales del país existen 10 veces más personas enfermas mentales que en las instituciones mentales estatales, según un estudio que el año pasado realizaron la Asociación Nacional de Alguaciles y el Centro Activista a favor del Tratamiento, un grupo sin fines de lucro que apoya un mayor acceso a tratamientos. Dichos presos tienen muchas más probabilidades de ser mantenidos en celdas de castigo y de ser golpeados por custodios y otros internos, dicen funcionarios de correcciones.
Algunos alcaides se quejan de que sus cárceles se han transformado en poco más que asilos mentales improvisados, y que ellos carecen del dinero y las aptitudes necesarias para abordar el problema.
Tres de los penales más grandes de Estados Unidos –el de la Isla Rikers en Nueva York, la cárcel del condado en Los Ángeles y el Penal del Condado Cook aquí en Chicago–, son supervisados a nivel federal, en parte debido al maltrato de los enfermos mentales. Pero el del condado Cook se ha vuelto una especie de modelo para otras atribuladas instituciones en lo referente a cómo manejar a los enfermos mentales, habiendo recibido hace poco delegaciones de la Isla Rikers y del condado de Los Ángeles.
Antes de convertirse en directora carcelaria, Jones Tapia supervisaba la atención médica en la institución y, con guía suya, el Penal del Condado Cook empezó a ofrecer servicios que hace unos cuantos años hubieran resultado impensables. A su llegada ahora todos los internos ven a un funcionario clínico que recolecta sus antecedentes de salud mental a fin de garantizar que todos los que estén mentalmente enfermos sean diagnosticados en forma apropiada y reciban medicamentos. Luego la cárcel remite dicha información a los jueces a tiempo para que se tomen medidas, con la esperanza de convencerlos de que, en ciertos casos, proporcionar atención relativa a la salud mental puede ser más conveniente que las rejas.
El penal inscribe asimismo a los reos recién llegados en planes de seguros médicos, para luego ayudar a organizar el manejo básico de casos una vez que salen en libertad.
“Hemos comenzado a concentrarnos en el sistema entero, desde el punto del arresto hasta la salida, y obligando en serio a todo el sistema a fijarse en la gente a la cual estamos encarcelando”, dijo Jones Tapia.