Richard Pérez-Peña / New York Times News Service
2015-07-27
Nueva York— Su familia lo consideraba inestable y violento, así que John R. Houser recibió la orden de un juez de ser llevado contra su voluntad a un hospital psiquiátrico en 2008. Pese a ese indicio de que Houser tenía problemas mentales, pasó una revisión de antecedentes y pudo adquirir de manera legal la pistola que utilizó la semana pasada para matar a dos personas en un cine de Louisiana, puesto que aquella estancia en el psiquiátrico no había sido definida por funcionarios como una cuestión involuntaria.
Dylann Roof, acusado de asesinar a tiros a nueve personas en una iglesia de Charleston, Carolina del Sur, el mes pasado, también fue capaz de comprar el arma que utilizó en la masacre. No debió haber pasado una revisión de antecedentes, de acuerdo con funcionarios federales, ya que anteriormente había reconocido estar en posesión de drogas ilegales. Sin embargo, debido a un error de un empleado en Carolina del Sur y la confusión que el mismo causó entre las autoridades federales que revisaron sus antecedentes, nada le impidió hacer su compra.
Como muestran estos dos casos, el sistema en el que están de acuerdo tanto partidarios del derecho a portar armas como quienes favorecen el control de las mismas, el Sistema Nacional de Revisión Instantánea de Antecedentes Penales, el cual debe encargarse de que las armas de fuego no lleguen a manos de personas peligrosas, está lleno de problemas. Pese a que el sistema, en funcionamiento desde 1998, ha impedido más de 2.4 millones de ventas, aún cuenta con fallos considerables, debido en parte a una cooperación desigual de los estados y una definición estrecha de quién es considerado con demasiados problemas mentales para poseer un arma.
“El sistema trabaja estupendamente bien cuando recibe las herramientas adecuadas para trabajar”, dijo Dan Gross, presidente de la Campaña Brady para Prevenir la Violencia con Armas, un grupo de apoyo. “Pero es muy inconstante de estado en estado”.
La Asociación Nacional del Rifle, la cual se negó a hacer comentarios para el presente trabajo, ha sostenido que el sistema de revisión de antecedentes, y la base de datos de quienes tienen prohibido comprar armas, deben corregirse antes de considerar cualquier otro control. Partidarios del control de armas indican que lo anterior ignora el mayor defecto del sistema, que alrededor del 40 por ciento de todas las ventas de armas están exentas de revisiones de antecedentes puesto que las realiza un vendedor privado, que a menudo trabajan en línea o en exhibiciones de armas.
Los vendedores de armas con permiso federal están obligados a hacer una revisión de antecedentes antes de cada transacción, pero los vendedores privados no están sujetos a la regla.
Conforme a la ley federal, la lista de compradores privados debe incluir a personas halladas culpables de delitos graves y ciertos menores, drogadictos y quienes fueron condenados por ciertos delitos relacionados con drogas, además de a cualquier persona que ha recibido una orden de reclusión por problemas mentales.
Sin embargo, no existe ningún requisito que obligue a los países a añadir nombres a la base de datos. La adición de los delincuentes de cada estado en la lista de quienes no pueden comprar armas suele ser un proceso sencillo, pero los sistemas para añadir a personas con problemas de drogas han sido erráticos, y peor aún en el caso de las personas con enfermedades mentales, de acuerdo con expertos.