Reforma
2018-12-12
Ciudad de México— Un juez federal afirmó que los salarios del Poder Judicial sí podrían ser reducidos, pero esta decisión no puede ser unilateral, arbitraria o de tal magnitud que afecte la autonomía de los juzgadores.
Fernando Silva García, juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa, se convirtió en el primero de su gremio que considera que la Constitución sí permite que, eventualmente, se bajen salarios a los juzgadores, pero sujeto a múltiples candados y garantías de independencia.
Lo anterior, al conceder este martes una suspensión provisional a favor de dos de sus colegas contra la aplicación de la Ley Federal de Remuneraciones, que impide a los funcionarios ganar más que el Presidente de la República, es decir, 108 mil pesos si la Cámara de Diputados aprueba el salario anunciado por Andrés Manuel López Obrador para 2019.
"Es dable concluir que si existen condiciones económicas que así lo ameriten y lo justifiquen, se deben, incluso, disminuir -reajustar- los salarios de los titulares de los Poderes de la Unión", afirmó Silva.
"Sin embargo, dichos ajustes deben de obedecer a circunstancias fácticas reales y a razones objetivas y justificadas que busquen el mejoramiento del servicio público y la rendición de cuentas por parte de todos los que conforman esa función pública; mas no deben, en ningún caso, ser de tal envergadura que diluyan esas remuneraciones en su contenido esencial, en forma intempestiva y arbitraria, ni devenir de cuestiones subjetivas o ideológicas realizadas de manera unilateral".
Hasta ahora, 367 jueces de Distrito y 425 magistrados de Circuito han promovido amparos contra esta ley, bajo el consenso casi unánime en el Poder Judicial de que el artículo 94 de la Constitución prohíbe expresamente reducir sus percepciones.
La gran mayoría de los jueces que han recibido los amparos han concedido suspensiones a sus colegas y superiores jerárquicos, pues avizoran que la Ley de Remuneraciones es inconstitucional porque sujeta los salarios de todo el servicio público a la decisión unilateral del Presidente.
Silva García, recién ascendido a Magistrado pero aún en funciones de Juez, coincidió con este punto, pero matizó que también se debe interpretar el artículo 134 de la Carta Magna, que ordena el uso eficiente, eficaz, transparente y honrado de los recursos públicos.
"Por virtud de los parámetros impuestos en el artículo 134, los servidores públicos tienen no sólo la facultad, sino la obligación de analizar constantemente el uso, destino y eficacia de los recursos públicos que manejan y, en su caso, hacer los ajustes que sean necesarios", afirmó.
Agregó que el salario del titular del Ejecutivo federal debe ser fijado sobre bases reales y no demagógicas, atendiendo a la situación económica del País, el ingreso histórico que ha tenido y las prestaciones distintas del dinero que tocan al titular del Ejecutivo.
"Las medidas de austeridad y la disminución de remuneraciones de los titulares de los poderes de la Unión sería válida únicamente si no afecta su contenido esencial, si la cuantía máxima relativa a la remuneración del Presidente, que servirá de parámetro delimitador, se fija mediante un esquema de colaboración por los tres Poderes de la Unión, y sobre bases reales y no ilusorias", concluyó.