Agencia Reforma
2018-12-05
Ciudad de México— La Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional que las trabajadoras domésticas no estén sujetas al régimen obligatorio del Seguro Social.
La Segunda Sala de la Corte falló ayer contra el Artículo 13 fracción segunda de la Ley del Seguro Social, que ubica a las trabajadoras del hogar en el régimen voluntario, y en la práctica ha llevado a que no tengan acceso a ese beneficio.
Según la sentencia presentada por el Ministro Alberto Pérez Dayán, no hay justificación Constitucional para excluir a estas trabajadoras del régimen obligatorio, por lo que se violan los derechos de no discriminación y acceso a la seguridad social.
“No sólo la exclusión del régimen obligatorio del Seguro Social comporta una actuación discriminatoria que perpetua y fortalece la marginación social de las mujeres que se dedican al hogar, sino que además, esa violación no puede ser superada simplemente porque dichas trabajadoras puedan acceder al régimen voluntario”, afirma el fallo. También incluye recomendaciones y sugerencias al Gobierno y el IMSS para favorecer la generalización del Seguro Social para este sector, que califica de vulnerable.
Dichas recomendaciones incluyen que el IMSS instrumente 18 meses un programa piloto “de fácil implementación para los patrones”, y luego proponga al Congreso reformas legislativas.
El martes la diputada de Morena Lorena Villavicencio presentó una iniciativa para derogar el artículo 13 fracción segunda de la Ley del Seguro Social, mientras que senadores de varios partidos también difundieron una iniciativa para derechos de las empleadas domésticas en la Ley Federal del Trabajo.
Hasta ahora México no ha ratificado el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo en el que los países firmantes se comprometen a que “los trabajadores domésticos disfruten de condiciones no menos favorables que las condiciones aplicables a los trabajadores en general con respecto a la protección de la seguridad social”.
Ninguna de las iniciativas menciona si el IMSS tendrá la capacidad administrativa para vigilar que decenas o cientos de miles de patrones que emplean trabajo doméstico de manera informal, cumplan con el pago de cuotas y otras obligaciones propias del régimen obligatorio.
El amparo de ayer solo beneficia a María Rosario Garduño, quien durante 57 años laboró para la misma familia, y después de renunciar en 2016, demandó el pago de múltiples prestaciones y su inscripción retroactiva al IMSS.