Reforma
2018-11-15
Tras condenar la intención de militarizar la seguridad pública en el País, el colectivo #FiscalíaQueSirva retiró este jueves su respaldo al dictamen de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (FGR) que habían elaborado, de manera conjunta, con el equipo de transición del Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.
En un pronunciamiento, las organizaciones civiles condenaron que el político tabasqueño se haya negado a aprobar una reforma constitucional para dotar de autonomía plena a la Fiscalía, pero anuncie cambios a la Carta Magna para dejar en manos de los militares el combate al crimen.
"Consideramos que el Gobierno de transición no ha sido congruente con el discurso que ha sostenido con las organizaciones de la sociedad civil, las víctimas y la población mexicana en general", denunciaron.
"Exigimos no reformar la Constitución para militarizar el País y las instituciones democráticas. Exigimos dotar a la Fiscalía de una autonomía real del poder político, del poder militar y de cualquier otro poder fáctico, a partir de la propuesta que ha sido presentada por los colectivos #FiscalíaQueSirva y #VamosPorMas".
Los ciudadanos recordaron que los integrantes del equipo de transición sostuvieron en todo momento que no se quería tocar la Constitución en el caso de la Fiscalía, por lo que ofrecieron incluir en la Ley un transitorio para realizar los cambios en el plazo de un año.
"No hay motivo para esperar uno o dos años, las reformas para una fiscalía autónoma, independiente e imparcial pueden y deben hacerse ahora", afirmaron.
Los integrantes del colectivo aseguraron que la propuesta del Gobierno de transición de reformar la Constitución para la nueva estrategia de seguridad, "torna inviable" el modelo construido en conjunto para la Fiscalía.
De acuerdo con las organizaciones, el Plan Nacional Paz y Seguridad 2018-2024 del tabasqueño pone en crisis el sistema de procuración de justicia y los esfuerzos por construir una Fiscalía autónoma, respetuosa de los derechos humanos y garante de una vida libre de violencia.
Las organizaciones denunciaron que el involucramiento de las fuerzas castrenses en la seguridad pública legaliza la militarización del País, subordina a las instituciones civiles que deben ser garantes de un sistema de justicia democrático y acentúa los altos niveles de violencia.
"La política de seguridad anunciada pretende reformar la Constitución para militarizar el País y las instituciones democráticas, pero no para consolidar la autonomía de la Fiscalía y un sistema de justicia que combata la corrupción, impunidad, las graves violaciones a derechos humanos, así como la arbitrariedad de las y los servidores públicos", reprocharon.
Los integrantes de las organizaciones informaron que tras el anuncio de ayer, decidieron hacer el vacío y no presentarse este jueves en el Senado para acompañar y atestiguar la discusión de la Ley Orgánica de la Fiscalía.