Víctor Fuentes
Agencia Reforma
Ciudad de México— La Suprema Corte de Justicia se encamina a invalidar, en su totalidad, la Ley de Seguridad Interior, que pretende regular la actuación de las Fuerzas Armadas en el combate a la delincuencia.
Los seis ministros que intervinieron en la sesión de ayer se pronunciaron por anular la ley, pero el presidente Luis María Aguilar suspendió el debate cuando faltaban 12 minutos para la hora límite de las 2 de la tarde, por lo que la discusión seguirá mañana jueves.
Se requiere el voto de ocho de los 11 ministros para invalidar la ley, y hasta ahora nadie apoyó el proyecto de Jorge Pardo, quien propone declarar que el Congreso de la Unión sí tenía facultad constitucional para expedirla.
El equipo del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, presentará hoy miércoles su plan de seguridad, por lo que el fallo de la Corte será posterior al anuncio.
Cinco ministros coincidieron en que la Carta Magna no faculta al Congreso para expedir dicha ley, mientras que Norma Piña acusó que su aprobación en “fast track” en la Cámara de Diputados, el 30 de noviembre de 2017, significó un vicio de procedimiento que invalida la norma.
Del grupo mayoritario, sólo José Ramón Cossío reiteró su postura de que el Ejecutivo sólo puede disponer de las Fuerzas Armadas cuando hay declaración formal de guerra o de suspensión de derechos humanos.
Los demás sí aceptaron la posibilidad de que Ejército y Marina coadyuven en el combate a la delincuencia, pero de manera excepcional, por solicitud y bajo mando civil, y con temporalidad limitada, lo que sería contrario al esquema permanente de intervención federal en las entidades, previsto en la ley impugnada.
Eduardo Medina Mora, extitular de la PGR, advirtió que la ley “podría perpetuar el incentivo perverso” para que las autoridades civiles se desentiendan del mandato constitucional de dar seguridad a los ciudadanos.
Reconoció la disposición de las Fuerzas Armadas para asumir tareas que de origen no le corresponden, reconocimiento al que se sumaron otros ministros.
“El problema es que estas tareas y el espacio que ocupan, han servido en algún sentido de coartada para que los tres niveles de gobierno eludieran su responsabilidad en la tarea de construcción institucional para la seguridad pública”, agregó Medina.
Arturo Zaldívar calificó a la ley de “fraude a la Constitución”, porque si bien dice regular la seguridad interior, en realidad norma la seguridad pública, que es una función prevista para autoridades civiles de los tres órdenes de gobierno en el artículo 21 de la Constitución.
“En lo más mínimo quiero desconocer el trabajo que las Fuerzas Armadas han realizado en bien del Estado mexicano”, dijo Zaldívar, quien urgió a las autoridades civiles a hacer lo que les toca para tener policías bien preparadas.
Javier Láynez y Alberto Pérez Dayán también rechazaron que exista facultad del Congreso para regular este tema.
La ley fue publicada el pasado 21 de diciembre, pero el Presidente Enrique Peña Nieto anunció que no utilizaría su principal herramienta, las llamadas Declaratorias de Protección a la Seguridad Interior, hasta que la Corte resolviera.