Reforma
2018-11-12
Ciudad de México— Integrantes de los colectivos #FiscalíaQueSirva y #VamosPorMás advirtieron que la aprobación de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (FGR) retoma propuestas importantes de la sociedad civil, pero deja pendientes importantes en materia de autonomía.
En un ejercicio inédito, representantes de las organizaciones sociales hicieron uso de la palabra durante la discusión del dictamen que llevan a cabo las comisiones de Justicia y Estudios Legislativos.
Haydeé Pérez, directora ejecutiva de Fundar, recordó que, en la pasada Legislatura, todas las fuerzas políticas se comprometieron con la autonomía de la Fiscalía, pero nunca se concretaron las reformas necesarias para hacerla realidad.
"Todos nos dijeron que sí, pero no nos dijeron cuándo", lamentó.
Ana Lorena Delgadillo, del colectivo #FiscalíaQueSirva, sostuvo que la verdadera autonomía de la Fiscalía pasa por la reforma de varios artículos de la Constitución, incluido el 102.
Aseguró que la nueva Ley Orgánica no alcanza para mejorar el perfil del Fiscal ni el procedimiento para su designación, pero tampoco para eliminar el llamado "pase automático" del personal de la PGR a la nueva institución.
Sin embargo, reconoció que el proyecto contempla un nuevo modelo flexible, recupera al Fiscal como conductor de la investigación, obliga a la operación de equipos multidisciplinarios, abre la puerta a la participación de expertos internacionales en las indagatorias y contempla la creación de un Plan de Persecución Penal.
A nombre del colectivo #VamosPorMás, el especialista Marco Fernández también reconoció la obligación de elaborar un Plan de Persecución Penal, la creación de unidades multidisciplinarias de investigación y la creación de una Unidad de Transición.
En contraste, alertó sobre la ausencia de un régimen de responsabilidades para sancionar a los funcionarios de la Fiscalía que incurran en faltas y de garantías presupuestales para poner en marcha el Servicio Civil de Carrera.
Insistió en que la independencia de la nueva institución depende de otro arreglo institucional y expresó su preocupación por el hecho de que no se coordinen las Cámaras para determinar los vínculos entre la nueva Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía.
Reiteró que es necesaria la reforma constitucional, ya que sin esos cambios no se pueden blindar los nombramientos y designaciones desde el punto de vista político.
Fernández alertó a los senadores que la aprobación del marco legal, sin reformar la Constitución, no evitará la politización de la justicia en los estados.
"Desde esta ley no se puede blindar la politización lamentable que ocurre en las entidades federativas", dijo.
El investigador incluso alertó a los integrantes de las comisiones sobre el riesgo de que se pretenda incluir a la Fiscalía en el plan de austeridad, ya que el presupuesto asignado a la nueva institución debe ser considerado como una inversión.