Nacional

Piden a Segob recursos para migrantes

Reforma

2018-10-31

Ciudad de México.- Organizaciones de la sociedad civil solicitaron a la Secretaría de Gobernación que active protocolos de emergencia considerados en la Ley General de Protección Civil para atender el éxodo emigrante.

En conferencia de prensa, las organizaciones Oxfam, Sin Fronteras y el Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi), entre otros, explicaron que la ley establece la protección de las personas que pudieran estar en cualquier riesgo, natural o antropogénico, por lo que es viable.

"(Hicimos) una petición al Secretario de Gobernación para que active, conforme a la Ley General de Protección Civil, protocolos de emergencia y dé aviso al Comité Nacional de Emergencia", explicó Ana Saiz, directora de Sin Fronteras.

"Es necesaria la ayuda humanitaria federal, hasta el momento hemos visto de las autoridades federales el despliegue del uso de la fuerza para amedrentar, amenazar, agredir a las personas en tránsito y eso nos preocupa muchísimo".

Aunque reconoció que no hay precedentes, esperan que el Gobierno federal reaccione igual que con un huracán o un sismo para atender a las personas en situación de vulnerabilidad.

Rocío Stevens, de Oxfam México, recordó que el Gobierno mexicano tiene la obligación de atender las necesidades humanitarias de los centroamericanos, pues la migración no está considerada como un delito en las leyes del País.

En tanto, Daniela Gutiérrez, de la Comisión Mexicana de Defensa y Protección de los Derechos Humanos (CMDPDH), reprochó que la respuesta federal ha sido con argumentos de seguridad nacional.

Como ejemplo indicó que el albergue instalado en la Feria Mesoamericana, en Chiapas, opera en realidad como un centro de detención, en el que se condiciona la ayuda básica.

Según Sin Fronteras, en la estación migratoria de Tapachula hay alrededor de mil personas, mientras que en la Feria Mesoamericana, unas mil 700, aunque las organizaciones criticaron al Gobierno federal por no permitir la observación de las condiciones privación de la libertad.

"La actuación del Gobierno federal es absolutamente opaca", agregó Fabienne Vener, del Instituto de Estudios y Divulgación sobre Migración.

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