Reforma
2018-10-29Ciudad de México— La cancelación de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco, podría provocar que la iniciativa privada presente recursos legales para contrarrestar la decisión del presidente electo, aseguró Gustavo de Hoyos, presidente de Coparmex.
"En caso de que las decisiones que se tomaran por el presidente electo una vez que esté en funciones implicaran la cancelación del proyecto, los abogados del sector privado en su conjunto evaluarán cuáles serían las rutas legales, siempre en apego a la legalidad, para que el Estado de Derecho prive", advirtió.
"No sólo hay derechos adquiridos de empresas contratantes, sino acciones de Gobierno. Una decisión que pretendiera cambiar estas resoluciones en caso de que se asumiere violentando el Estado de Derecho sería susceptible de ser combatida legalmente".
De Hoyos dijo que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, les mintió cuando dijo que la consulta popular sobre el nuevo aeropuerto sería apegada a la legalidad.
"Andrés Manuel Lopez Obrador siendo candidato se comprometió a que de haber una consulta popular ésta sería con apego a la ley. Nos mintió. Esto no ocurrió.
"Y, además, se comprometió a que si había recursos privados para que el Estado mexicano obtuviera reembolso de lo invertido para la construcción del proyecto, no tendría inconveniente. Nuestro llamado es a que honre la palabra y se tome una decisión congruente a lo que nos dijo a Coparmex", subrayó.
De Hoyos agregó que López Obrador será el responsable de cada peso que pierda el tipo de cambio y de los mil 500 millones de dólares de ahorros de los trabajadores si la obra se suspende.
Hasta las 23:50 horas de este domingo, el dólar estadounidense subía después de conocerse que los resultados de la consulta favorecieron al aeropuerto de Santa Lucía y se colocó en 19.7375 pesos por divisa en el mercado internacional de cambios, un alza de 37 centavos en relación al cierre del viernes que se ubicó en 19.3206 pesos por divisa.
Es el nivel más alto después del 2 de julio pasado.
A su vez, Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), advirtió en su cuenta de Twitter que la consulta, tal como fue organizada, no debe ser vinculante, además de que no ofreció garantías de imparcialidad, certeza y objetividad.
Por su parte, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) advirtió que con la consulta se puso de manifiesto la pérdida de la confianza del sector empresarial.
"Dejar la decisión de la construcción del nuevo aeropuerto en manos de un minúsculo porcentaje de la población mediante un proceso de consulta colmado de irregularidades, con un sesgo para que la opinión pública se dirigiera a considerar la propuesta del aeropuerto de Santa Lucia como la mejor opción a pesar de toda la evidencia técnica de que continuar con el aeropuerto en Texcoco es la mejor opción, comenzó a tener incidencia en los mercados ante la incertidumbre de las reglas del juego", señaló el CEESP.