Reforma
2018-10-11
La promesa de Andrés Manuel López Obrador de pacificar a México carece de detalles y podría enfrentar resistencias, por lo que el próximo Presidente debe actuar con cautela para no generar más violencia, advirtió la organización International Crisis Group (ICG).
En el informe "Construyendo la paz en México: dilemas que enfrenta el gobierno de López Obrador", la organización especializada en analizar conflictos armados recordó que el aún Presidente electo busca un crecimiento equitativo, amnistías para delincuentes no violentos y reparación para las víctimas, al igual que acabar con la corrupción.
"Todos estos objetivos son loables, pero el nuevo Presidente de México debe actuar con cautela para evitar que su ambiciosa agenda provoque una reacción violenta", atajó ICG.
"Su plataforma podría reducir el derramamiento de sangre, pero carece de detalles y enfrenta obstáculos que van desde las represalias de los jefes del crimen organizado contra los jóvenes que desean abandonar el crimen hasta la posible resistencia de las fuerzas de seguridad".
El informe estima que en 2018 se podría superar la cifra récord de homicidios alcanzados en 2017, en parte debido a que los seis grandes cárteles de la droga que había en 2006 han mutado en docenas de grupos que recurren a otros delitos para obtener ganancias.
"En diciembre, López Obrador heredará una gran cantidad de conflictos regionales, cada uno con su propio patrón y que requiere su propio enfoque preciso".
Expone, por ejemplo, que en Michoacán la competencia por el territorio y las extorsiones generan asesinatos por venganza, mientras que en Guanajuato el conflicto es entre grupos criminales nacionales y locales, lo que no puede ser enfrentado por las instituciones de la entidad.
"Pero el desafío más grave se refiere al propio Estado. Los informes generalizados de corrupción y criminalidad sugieren que esto explica, al menos en parte, la ineficacia de las Fuerzas Armadas y la Policía".
Además de que las fuerzas federales son señaladas de cometer desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.
"Reformar las fuerzas de seguridad federales requerirá un delicado acto de equilibrio. Moverse muy rápido, intentar castigar repentinamente a funcionarios responsables de delitos graves, por ejemplo, podría inducir resistencia", advierte.
"Mientras que la retirada brusca de las Fuerzas Armadas de la vigilancia de los Estados más afectados por la violencia podría provocar una inestabilidad aún mayor".
International Crisis Group expone que mientras que busca el balance entre esos dos puntos, el Estado deberá cumplir con las demandas de justicia de las víctimas.
Entre las recomendaciones planteadas está derogar la Ley de Seguridad Interior, establecer comisiones de la verdad inicialmente en Guerrero, Michoacán y Veracruz, fortalecer las Policías locales e introducir mecanismos de supervisión independientes para evitar que las Fuerzas Armadas se involucren en violaciones a derechos humanos.