Reforma
2018-09-19Ciudad de México— Un tribunal federal rechazó concederle la medida cautelar de libertad al exgobernador Guillermo Padrés, en el proceso donde se le imputa una defraudación fiscal que a la fecha, con actualizaciones y recargos, asciende a alrededor de 70 millones de pesos.
El Décimo Tribunal Colegiado Penal en esta capital le negó la suspensión definitiva contra la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva, en el juicio que se le sigue en el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales.
Según el fallo de la revisión 180/2018, el órgano jurisdiccional determinó que tanto el juzgado responsable del proceso como el tribunal de apelación nunca se pronunciaron con respecto a la imposición de la prisión preventiva.
Y al no haberle impuesto dicha medida cautelar, el colegiado tampoco podía emitir un veredicto al respecto, porque no existía una negativa que debiera estudiar como un acto violatorio de las garantías individuales de Padrés.
Es por ello que el colegiado dejó firme la resolución del 31 de mayo pasado dictada por el Segundo Tribunal Unitario Penal en esta ciudad, en la cual también concedió una suspensión para que las cosas continúen en el estado que guardan hasta el momento.
La resolución del colegiado únicamente corresponde a la suspensión definitiva negada al exmandatario y no a la formal prisión, pues aunque fue dictada en el mismo fallo impugnado, ambas determinaciones corren por separado.
Padrés, de hecho, está a la espera de que un tribunal colegiado resuelva el amparo que ganó contra la formal prisión y que, de confirmarse, tendrá como consecuencia que se reponga el procedimiento y se apegue a los lineamientos de un amparo que ya había ganado el año pasado.
En el caso de defraudación fiscal, el pasado 16 de agosto Guillermo Francisco Urbina Tanús, Juez Décimo Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales de esta capital, le concedió la libertad provisional mediante el pago de una garantía de 100 millones de pesos.
El exgobernador no ha cubierto ese pago y, aunque lo cubriera, hubiese continuado preso porque existe otro juicio en su contra en el Estado de México por un presunto lavado de 11 millones 186 mil 895 pesos.
Si hubiese conseguido la suspensión definitiva que buscaba en el proceso por defraudación fiscal, es muy probable que se hubiese olvidado de cubrir 100 millones de pesos para, al menos por ese expediente, tener decretada la libertad.