Reforma
2018-09-03Ciudad de México— El equipo del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y organizaciones sociales acordaron un proyecto de Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República que incluye cuatro fiscalías especializadas.
De acuerdo con uno de los últimos borradores que circularon entre los participantes, la nueva institución podría contar con fiscales para combatir delitos electorales, casos de corrupción, atención en materia de derechos humanos y asuntos internos.
Esos nuevos funcionarios serán designados por el Fiscal General con base en sus méritos y capacidades para ejercer el cargo.
Para ello se valorarán los antecedentes y trayectoria profesional de los aspirantes, y el proceso de selección estará sujeto a los principios de máxima transparencia y publicidad.
Además, cualquier ciudadano podrá participar en el proceso de designación con información que consideren relevante, ya sea para respaldar u objetar las candidaturas.
En el caso particular de la Fiscalía de Derechos Humanos, se establece que será la responsable de investigar delitos y ejercer acción penal cuando se trate de asuntos graves que involucren la participación de funcionarios públicos y, en su momento, de particulares.
La nueva estructura de la Fiscalía General también incluye tres coordinaciones, un Consejo Técnico, Órganos de Control Interno y Mecanismos Alternos de Solución, así como un Centro de Formación para Servicios Profesionales.
Al tratarse de la Ley Orgánica y no de una reforma constitucional, prevalece la facultad del Presidente de la República para remover al Fiscal General por causas graves.
Para ello, la destitución será sometida a la consideración del Senado, que podrá objetarla con el voto de su mayoría calificada.
Entre las causas graves que motivarían la remoción del fiscal están el incumplimiento sistemático de los objetivos del Plan de Persecución Penal, así como participar en el ataque a las instituciones democráticas y a la forma de Gobierno republicano y federal.
Otros motivos son participar, tolerar, consentir o apoyar violaciones graves de los derechos humanos y cometer cualquier violación a la Constitución que afecte el funcionamiento de las instituciones.
El mecanismo para la designación del fiscal General también permanece tal como quedó en el artículo 102 de la Constitución.
Esto implica que el Senado deberá elegir una lista de 10 aspirantes y turnarla al Ejecutivo para que proponga una terna a la Cámara alta.
Sin embargo, en el proyecto de ley se especifican los requisitos que tendrá que cumplir el aspirante a esa posición.
Para ser fiscal General será necesario contar con calidad profesional relevante, trayectoria en el servicio público o en ejercicio de la actividad jurídica.
Y también honorabilidad, alta calidad técnica, compromiso con los valores democráticos, independencia y reconocimiento social.
López Obrador aseguró que el nombramiento del Fiscal deberá quedar resuelto antes del 1 de diciembre, cuando inicie su Gobierno.
Para ello, pidió por anticipado, tanto al Senado como al presidente Enrique Peña Nieto, dar prioridad a los "candidatos" que propuso desde la campaña para ocupar el cargo.