Reforma
2018-09-03
Ciudad de México— Los niveles de pobreza presentados en el informe más reciente del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), y que se replican en el Sexto Informe de Gobierno, violan los derechos sociales de la población, pues la mitad de los mexicanos carece de ingresos para adquirir la canasta básica, señalaron académicos del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM.
En el marco de la conferencia "La mitad de la población carece de ingresos para adquirir la canasta básica", Andrés Blancas Neiras -académico del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM- advirtió que un total de 62 millones de personas en México carecen del ingreso suficiente para adquirir la canasta básica, situación que no ha cambiado en los últimos 25 años.
Además, destacó que, en 2016, el 56 por ciento de la población mexicana estaba sin acceso a la seguridad social; es decir, no tenía cubiertos sus gastos por accidentes profesionales, enfermedades, maternidad, jubilación, invalidez, vejez, muerte, asistencia médica y medicinas.
Por lo anterior, destacó que los niveles de pobreza presentados y las acciones del Gobierno federal no garantizan el cumplimiento de los derechos sociales de la población.
"Los niveles de pobreza presentados en el más reciente informe de Coneval y que, por cierto, se replican casi puntualmente en el Sexto Informe de Gobierno, así como las acciones del gobierno en esta materia, no cumplen con los derechos sociales de la población establecidos en el artículo uno constitucional, ni tampoco con la Ley Federal para Prevenir y Erradicar la Discriminación", mencionó.
En ambos documentos, se establece que el gasto público debe ser una herramienta del Gobierno mexicano para incidir en la reducción de la desigualdad de trato o discriminación.", apuntó el académico.
En la actualidad, explicó, las estrategias se han enfocado sólo en reducir la pobreza extrema.
"Para 2016, 15.5 por ciento de la población en el País reportó no contar con acceso a servicios médicos; es decir, 19 millones de personas en México se encontraban en situación de pobreza sanitaria", enfatizó.
Blancas Neiras consideró que el empleo informal afecta la productividad de la economía en su conjunto y recordó que en México la mayoría de las empresas son pequeñas e informales y absorben una gran parte del empleo.
Sólo en 2017, dijo, del total de personas jóvenes ocupadas, 59.9 por ciento tenía un empleo informal, con bajas expectativas para acceder a vivienda y educación.
"El problema fundamental que impide resolver la pobreza es el desempleo", enfatizó.
Por su parte, Ana Patricia Sosa Ferreira, también académica del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, informó que al cierre del primer trimestre de 2018, un 16 por ciento de los hombres y 14 por ciento de mujeres se encontraban en condiciones críticas de empleo.
"Trabajan menos de 35 horas a la semana, o más de 35, pero con ingresos menores al salario mínimo; o más de 48 horas semanales, con ingresos de hasta dos salarios mínimos. La gente acepta un trabajo en donde sea", expresó la académica.
En opinión de la especialista, se requiere una política económica con perspectiva de crecimiento y un enfoque que atienda a la pobreza considerando la desigualdad y los procesos de empobrecimiento.