Reforma
2018-08-27Ciudad de México— La mitad de los jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación (PJF) tienen un familiar trabajando en su mismo circuito y en algunos casos la proporción es de hasta el 80 por ciento, como es el caso de Jalisco, informó Julio Ríos.
Al dar a conocer el estudio "El déficit meritocrático. Nepotismo y redes familiares en el Poder Judicial de la Federación", el investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) sostuvo que existe una gran red de consanguinidad y de afinidad entre los titulares de los juzgados y tribunales con los empleados.
"El nepotismo es bastante extendido, esto sí es innegable, el 51 por ciento de jueces y magistrados tiene al menos un familiar laborando en su propio circuito dentro del Poder Judicial de la Federación", expuso.
Ríos, quien basó su estudio en el reporte que el año pasado hizo el Consejero de la Judicatura Federal sobre el tema, Genaro Borrego, dijo que estos porcentajes son conservadores debido a que no contempla a todos los circuitos judiciales del país, sino sólo de aquellos de los que sí fue posible obtener información.
Además de existir una extensa red de nepotismo, añadió Ríos, el PJF es altamente endogámico, es decir, que los puestos se otorgan casi exclusivamente entre los propios miembros del personal que ya labora dentro de la institución.
El 87 por ciento de los concursos para ser juez o magistrados, expuso, son cerrados, pues no se permite la participación de personas externas y los cargos los obtienen los empleados del propio PJF, quienes ingresaron a la institución con facilidad y en algunos casos, gracias a su parentesco.
El estudio, patrocinado por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), fue comentado por Pedro Salazar, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y Ana Laura Magaloni, profesora-investigadora del CIDE, quienes llamaron a terminar con estas redes de nepotismo y de endogamia.
"Esta endogamia familiar, esta red de nepotismo interno, es lo que hace en buena medida que nuestro poder judicial no esté a la altura de los retos que el país necesita", dijo Salazar.
"Entonces, denunciar esto, advertirlo, documentarlo, es una forma de contribuir al fortalecimiento de las instituciones, no de su desmantelamiento, y hay que decirlo con claridad para que no se interprete mal, es lo que aquí se está haciendo".