Reforma
2018-08-26Ciudad de México– Siete empresas que operan proyectos de Asociaciones Público Privadas (APP) o de Prestación de Servicios (PPS) para el Gobierno federal promovieron amparos para bloquear indagatorias de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
De ellas, dos ya obtuvieron suspensiones definitivas para no entregar la información, pues alegan que su situación patrimonial no debe ser sujeta del ente fiscalizador de recursos públicos.
Además de impugnar los requerimientos de información, las quejosas -filiales de empresas como ICA, Proinfra y GIA- cuestionan la Constitucionalidad del Artículo 9 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, en el cual se incluye a las empresas privadas como parte de los sujetos obligados a colaborar con la ASF.
La misma ley, en su Artículo 1, incluye expresamente a las APP como sujetas de fiscalización, mientras que en su artículo 10 especifica que serán sujetas de multas y otras sanciones si no colaboran.
La ASF realiza actualmente nueve auditorías a contratos APP y PPS, como parte de la revisión de la Cuenta Pública 2017.
En las APP, el contratista aporta las inversiones iniciales y luego cobra durante varias décadas al Gobierno por servicios prestados.
Concesionaria en Infraestructura Penitenciaria de Michoacán, filial de Proinfra, y Desarrolladora y Operadora de Infraestructura de Oaxaca, filial de GIA, ambas operadoras de penales federales, obtuvieron suspensiones por parte de los jueces Agustín Tello y Ricardo Gallardo.
"(La suspensión) no causa perjuicio alguno a la sociedad, precisamente en un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, tomando en consideración que los actos reclamados implican la entrega de datos patrimoniales de la quejosa", resolvió Tello.
Otros jueces han negado las suspensiones o pidieron a las empresas aclarar sus demandas.
Desarrollo y Operación de Infraestructura Hospitalaria de Ixtapaluca, integrado por GIA+A y Assignia, otra de las quejosas, cobra 288 millones de pesos anuales a la Secretaría de Salud por la APP del Hospital de Alta Especialidad de ese municipio mexiquense.
Las filiales de ICA que desistieron de los amparos incluyen a Autovía Texcoco Zacatepec, que en 2017 ganó un PPS de la SCT para dar mantenimiento a esa carretera, a cambio de 5 mil 87 millones de pesos, así como ICA San Luis (Icasa).
Esta última tiene desde 2007 una concesión para la autopista Río Verde-Ciudad Valles, dos de cuyos tramos controla mediante PPS a 40 y 24 años.