El jueves funcionarios de la administración Trump reconocieron no disponer de sistema alguno para monitorear a las decenas de miles de menores migrantes que cada año son liberados después de viajar solos hasta Estados Unidos.
Ante las preguntas de un subcomité del Senado, funcionarios de el Departamento de Servicios Humanos y de Salud (HHS, por sus siglas en inglés), Aduanas y Protección Fronteriza y los juzgados federales inmigratorios dijeron unos tras otros no ser los responsables de dar seguimiento a los menores entregados a avales, en su mayoría parientes indocumentados o amigos de su familia.
“No tenemos ni la autoridad ni el presupuesto para ejercer ese grado de supervisión”, dijo el comandante Jonathan White del Servicio de Salud Pública de Estados Unidos, adscrito a Servicios Humanos y de Salud.
White admitió que el Gobierno deja de dar seguimiento a un menor después de la llamada realizada 30 días de su liberación, aun si no contesta nadie.
La audiencia ante el Senado se dio en un momento cuando la administración de Trump ya estaba siendo muy criticada por el mal manejo de los expedientes sobre las familias migrantes separadas en la frontera surponiente, lo cual generó caos y demoras en las medidas destinadas a reunirlas por orden judicial. Se marcó el fin de las investigaciones de tres años iniciadas durante el gobierno de Barack Obama.
Con el presidente Trump básicamente no se ha modificado el manejo que se da a los menores que viajan solos a Estados Unidos.
“Tenemos un serio problema”, dijo el senador Rob Portman. “Siguen cruzando la frontera menores no acompañados, HHS sigue mandándolos con avales y perdiéndoles el rastro”.
En la investigación se determinó que algunos de los menores han terminado en situaciones peligrosas. Por lo menos 12 han sido turnados a traficantes de personas, entre ellos seis a los que los traficantes pusieron a trabajar ilegalmente sin sueldo en una granja avícola.
James McHenry, el director de los juzgados federales de inmigración, declaró durante su testimonio que los menores solos tenían aproximadamente el doble de probabilidades de no presentarse a comparecer que otros migrantes. Más de la mitad faltan a sus audiencias, ordenándose “en ausencia” su deportación, si bien la mayoría continúa en el país en forma ilegal.
Los funcionarios interrogados argumentaron que los menores migrantes se vuelven responsabilidad de las instancias locales de bienestar infantil una vez que son entregados a los avales. Pero los senadores señalaron que el gobierno federal no alerta a las autoridades cuando los menores migrantes quedan en sus jurisdicciones.