Reforma
2018-08-15
Ciudad de México— Unos 80 árboles de hasta 30 metros de altura han sido derribados en La Venta, en la Delegación Cuajimalpa, sin aprobación de los comuneros de San Mateo Tlaltenango.
De acuerdo con los vecinos, las obras recién iniciadas para reemplazar un puente intervecinal situado entre la avenida Arteaga y Salazar, que conduce a la zona corporativa de Santa Fe, y el Desierto de los Leones, provocaron el derribo de los ejemplares.
"A nosotros nos tienen prohibido hasta recoger la leña de los árboles caídos, por una veda forestal, pero el gobierno vino y, de la noche a la mañana, taló por completo nuestros ejemplares, sin autorización de nadie ni ningún permiso ambiental", expuso la vecina de La Venta, Rosa Álvarez.
La ubicación actual del puente, frente a la caseta de peaje de la autopista México-Toluca, impide continuar con la construcción del viaducto elevado por donde irá el Tren Interurbano México-Toluca, por lo que iniciaron las obras para edificar otro paso, por encima del actual, lo que requiere retirar los árboles y la tierra de las franjas montañosas, situadas entre El Ocotal y Contadero.
Las obras comenzaron a pesar de que los comerciantes de quesadillas de La Venta, en el acceso al paraje del Desierto, se rehusaron a firmar una minuta suscrita por el secretario de Obras del Gobierno de la Ciudad, Gerardo Báez, en la cual admitían el nuevo puente a cambio de beneficios, incluso económicos.
"Ofrecieron hasta 9 mil pesos por local, pero no dieron nada", indicó Álvarez.
Integrantes de las comunidades indígenas de Contadero y La Venta impugnaron en un juicio los permisos otorgados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
"El Director General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Guillermo Nevares, pidió el 25 de abril de 2017 la undécima modificación al proyecto ferroviario a la Semarnat y solicitó un cambio de uso de suelo en una superficie de 1.8 hectáreas, por remoción de vegetación a bosque de pino y oyamel, pese a estar prohibido por el Programa General del Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal.
"La Sala Especializada del Tribunal Federal de Justicia Administrativa determinó que el Director General de Impacto y Riesgo Ambiental actuó ilegalmente ya que se limitó a autorizar las obras solicitadas por la SCT, cuando expresamente el PGOEDF (Programa General de Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal) prohíbe el desmonte del suelo de conservación", indicaron los vecinos.
Las obras continúan con normalidad, a pesar de la determinación judicial.