Reforma
2018-08-09
Ciudad de México— A dos años de que el sistema penal acusatorio se implementó en el país, los mayores pendientes y obstáculos no están en la norma, sino en la operación del modelo, concluye un informe de México Evalúa.
Titulado "Hallazgos 2017. Seguimiento y evaluación del sistema de justicia penal en México", en el informe se precisa que las asimetrías institucionales prevalecen a nivel nacional, tanto en la distribución de recursos como en las capacidades institucionales.
"La atención y los esfuerzos institucionales deben dirigirse primero a solventar los desafíos de la operación diaria, desde el diseño y reorganización institucional, hasta el desarrollo de capacidades y competencias en los distintos operadores jurídicos", recomienda México Evalúa.
En el documento se advierte el rezago "significativo" de las defensorías y el abandono de las comisiones de atención de víctimas, a pesar de constituir instituciones clave dentro del modelo acusatorio.
"Estas instituciones reportan rezagos significativos en cuestión de personal y de recursos. Es preocupante que las dos instituciones encargadas de garantizar de forma directa el acceso a la justicia a imputados y víctimas sean las que presentan las mayores deficiencias", afirma.
"Es urgente realizar una planeación sistémica, basada en el seguimiento y la evaluación periódicas. De lo contrario, los esfuerzos que se lleven a cabo no tendrán un impacto real en los resultados ni en la eficiencia del sistema".
Este jueves, México Evalúa presentará la quinta edición del diagnóstico en la Casa Lamm, con la participación de Edna Jaime, directora de la organización, y Jacobo Dayán, profesor e investigador del Colegio de México.
Ven riesgo de estancamiento
El informe, de 172 páginas, advierte que el mayor riesgo que enfrenta el sistema penal acusatorio en su etapa de consolidación, es un estancamiento de su operación, que podría traducirse en una normalización de prácticas deficientes y aún bastante inmaduras.
Esta situación, explica, se evidencia por dos factores, el primero de los cuales es la poca capacidad de respuesta del sistema al crecimiento sostenido de asuntos que llegan al Ministerio Público.
El porcentaje de carpetas de investigación iniciadas aumentó 79.6 por ciento entre 2015 y 2017, mientras que las instituciones de procuración de justicia reportan una capacidad de respuesta a tan solo 5 de cada 10 asuntos.
En segundo lugar, abunda, el porcentaje de "judicializaciones" con detenidos no ha variado mucho en los últimos cuatro años, lo que evidencia la ausencia de investigación efectiva, así como la relevancia de las detenciones en flagrancia dentro.
"El estancamiento del sistema puede traducirse en una saturación por el aumento sostenido del rezago y la falta de respuesta institucional, así como por una incapacidad para investigar y sancionar los delitos complejos que causan más daño a la sociedad.
"Es evidente que el proceso de transformación del sistema de justicia continúa inacabado y que hoy la consolidación plantea grandes desafíos que implican replicar y reforzar los aciertos y corregir los desatinos y rezagos", agrega.
Para evitar este estancamiento, plantea México Evalúa, es urgente atender las deficiencias institucionales que impiden que el sistema sea capaz de dar respuesta a una cantidad creciente de asuntos, así como de investigar y sancionar delitos complejos.
Ataques al sistema
El informe critica que 2017 se caracterizó por una serie de ataques recurrentes hacia el modelo acusatorio por parte de diversos gobernadores, y de detractores que incluso pidieron su marcha atrás con una contrarreforma.
Desde la Conago, agrega, se promovió una reforma legislativa que pretendía aumentar el catálogo de delitos con prisión preventiva oficiosa y diluir una serie de salvaguardas procesales que se establecieron en la reforma de junio de 2008.
"Si bien esta reforma no fue aprobada, los embates a la legitimidad del modelo acusatorio no han cesado", acusa.