Reforma
2018-05-05Ciudad de México— Un juez federal invalidó la formal prisión dictada en contra de Guillermo Padrés por un supuesto lavado de más de 11 millones de pesos, el único delito por el que actualmente se encuentra acusado y en la cárcel.
El fallo no implica que vaya a quedar en libertad, pues se trata de una determinación en la que un juez consideró que el procesamiento del exgobernador de Sonora no se ajusta a una sentencia de amparo dictada a su favor y, por lo tanto, deberá resolverse de nueva cuenta su situación jurídica.
Alberto Roldán Olvera, juez Quinto de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, ordenó resolver en un plazo de 10 días si Padrés debe continuar bajo proceso o en libertad.
Guillermina Matías, juez Cuarto de Distrito en Procesos Penales Federales de Toluca, será la responsable de acatar el mandamiento judicial.
En la causa penal que instruye Matías, la Procuraduría General de la República (PGR) acusó a Padrés y a una decena de supuestos cómplices de constituir un grupo de delincuencia organizada para lavar más de 178 millones de pesos de procedencia ilícita en el sistema financiero.
Al exgobernador, en particular, se le imputaron tres operaciones bancarias por 11 millones 836 mil 895 pesos.
El motivo por el que se invalidó la formal prisión por lavado es que la autoridad no acreditó fehacientemente que una de esas tres operaciones, por 650 mil pesos, fueran sobornos pagados por un contratista del Gobierno de Sonora o tuvieran un origen ilícito.
El supuesto de la PGR es que esos sobornos habrían sido pagados en 2010 por el empresario Mario Humberto Aguirre Ibarra, a quien el Gobierno de Sonora le otorgó contratos por uniformes escolares que ascienden a mil 160 millones 892 mil 62 pesos.
El cuestionamiento del juez radica en que Padrés recibió y transfirió los 650 mil pesos desde antes de ser gobernador, razón por la que no puede tener su origen en "moches" de empresas que buscaban ganar licitaciones, como lo señala la PGR.
La operación en cuestión es un cheque depositado a Padrés por César Eduardo Ortiz Ciscomani, hermano del exsecretario de Agricultura de Sonora, el 7 de julio de 2009.
El exmandatario transfirió de inmediato el dinero a una cuenta cuyos titulares eran su hermano Miguel Padrés y Ernesto Alonso Castorena Fraire, un exservidor público estatal.
"De autos se apreciaba que éstos se adquirieron y depositaron con antelación al resultado de las licitaciones y contratos otorgados en el año 2010", señala el acuerdo del juez de amparo que invalidó la formal prisión.
El juez también descartó otro indicio de la PGR para suponer la ilicitud de este dinero y que consistía en que Ortiz Ciscomani estaba procesado por uso indebido de atribuciones y facultades, delito del que procedería el dinero que depositó al exgobernador.
Roldán señaló que desde el 4 de marzo de 2017 un tribunal dictó la libertad de Ortiz Ciscomani por dicho delito, razón por la que éste no podía ser el origen del dinero.
La juez Matías deberá pronunciarse sobre existe lavado en esta operación, tomando en cuenta los argumentos del Juez Roldán.
Lo que no cuestionó el juez de amparo son los indicios de lavado en las otras dos operaciones de Padrés, una por 10 millones 376 mil 425 pesos y otra por 810 mil 470 pesos.
Adicionalmente, la juzgadora también deberá cumplir con la formalidad de cancelar el delito de delincuencia organizada, lo cual ya fue ordenado en forma definitiva.
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